El
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Jerez investiga la denuncia de un grupo de familias contra
Urbe 2000 Grupo Inmobiliario Andaluz SA, promotora que, según un vídeo casero grabado por dos vecinas, al parecer exigía el pago de cantidades ‘extra’ en dinero negro, de 12.000 a 50.000 euros –“en sobre y metálico”- en el proceso de venta de viviendas de protección oficial (VPO). (
PUBLICADO EN EL MUNDO DE ANDALUCIA)
De momento, el magistrado parece que ha tenido en cuenta el contenido del vídeo pese a la solicitud de nulidad por parte del abogado de la inmobiliaria. El juez ha abierto diligencias previas sobre el caso y ha encargado la investigación a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia de la Policía Nacional, que ha llevado ante su presencia a tres representantes de la promotora, entre ellas la vendedora que aparecería en la grabación casera de los vecinos.
A la una de la tarde de ayer, dos representantes de las familias afectadas se desplazaron a la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas en Cádiz para denunciar la presunta estafa y exigir que la Junta “no espere” al desenlace judicial y abra un expediente a la empresa promotora.Las familias quieren que la Policía y el juez “aclaren” si estas ‘prácticas’ no solo se podrían estar dando en Jerez sino también en otras ciudades de la provincia de Cádiz donde Urbe 2000 tiene promociones, como Sanlúcar de Barrameda, Medina Sidonia, Ubrique o Chiclana, además de Dos Hermanas (Sevilla). Conforme a los datos del registro mercantil, Urbe 2000 Grupo Inmobiliario Andaluz SA, antes denominado Gabinete Inmobiliario del Sur, SA Gabinsur, tiene su domicilio social en Sanlúcar de Barrameda. La sociedad fue creada en 1995 con un capital social de 1.000 euros.
Como presidente, desde abril de 2003, consta José Miguel Ruiz Acosta, y vicepresidente, Miguel Ruiz Amores. Como administradores figuran Jesús Zambrano Lira y Rocío Cruz López. La accionista mayoritaria (52%) es María Jesús Amores Baca. El resto de las acciones se reparten entre los hermanos Lourdes, Miguel y María Jesús Amores.
La defensa de la inmobiliaria esgrime que cualquier pago por encima del precio oficial de las VPO sería objeto, a lo sumo, de una sanción administrativa y que la responsabilidad es de ambas partes, de quien recibe esa cantidad extra y de quien la abona. Urbe 2000 ha anunciado públicamente que cada vecino que haya pagado esas cantidades recibirá su “comprobante” en pocos días y ha aclarado que esos movimientos quedarán reflejados en su correspondiente declaración ante Hacienda.
Según la denuncia vecinal, la empresa habría cobrado cantidades ‘extra’ que van desde los 12.000 a los 50.000 euros por terrazas que, al parecer, figuran en las escrituras como “zonas comunes y por lo tanto de disfrute colectivo”. Por ello, algunos pisos pasaban de apenas 80 metros de superficie útil a 104 metros con la inclusión de “la parte proporcional de zonas comunes”. En una escritura a la que ha tenido acceso
EL MUNDO se hace constar que a la vivienda “le pertenece el uso y disfrute del suelo de la terraza a la que se accede por la vivienda”. El precio de estas VPO viene marcado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Obras Públicas. Las denuncias que hoy recibirá por escrito su delegación provincial en Cádiz corresponden al Conjunto Residencial Parquesur, de Jerez.
MIEDODichas cantidades habrían sido entregadas por numerosos vecinos “sin justificante alguno”. Es el caso de Adela Mateos, para quien “la prueba del engaño está en que en mi escritura aparece la terraza descrita como de uso colectivo”. En su denuncia ante la Consejería de Obras Públicas, Adela dice que lo que más le indigna es que “con lo que está cayendo, dicha promotora siga entregando viviendas de protección oficial sin que ése organismo al que me dirijo haga nada”, en referencia a la citada consejería.
“¿No me irán a matar por todo esto?, tengo miedo por mis hijas, pero he hecho lo que tenía que hacer”. En el salón de su casa, Adela Mateos, muestra a EL MUNDO el vídeo grabado en la promotora. Relata que su hermana, Magnolia, “que es madre soltera y vive de alquiler ahora mismo” no podrá adquirir una VPO y que “por no poder pagar ese dinero extra que pedían, se ha quedado sin dos millones de pesetas que ya había entregado a cuenta”.
Nerviosa, Adela Mateos cuenta que una cadena de televisión nacional se ha interesado ya por el vídeo para su emisión en un programa nocturno de máxima audiencia, “por lo que debe ser importante ¿no?”. Adela tiene 25 años, está casada con José Antonio de los Santos y tiene dos hijos, “el tercero viene de camino, porque estoy de cinco meses ¿sabe?”. Afirma que por ello, muy pronto, su casa de VPO, ya escriturada, se quedará pequeña.
Según explica a este periódico, “desesperada y harta” de que no le hicieran caso tras solicitar una vivienda más grande le pidió prestada una cámara digital “de cinco megapixels” a su cuñado. Aprendió a usarla en pocos minutos y “con cuidado, entre la ropa” grabó la conversación con una promotora comercial de la inmobiliaria. “Pasamos mucho miedo porque la chica se levantó y entonces tuve que guardarla entre el bolso y la ropa, casi se da cuenta”. La grabación apenas dura cuatro minutos, la imagen es deficiente pero no así la calidad del audio. “¿A que dice clarito lo del dinero negro?”, pregunta Adela al periodista.
El piso que les ofrecieron a ella y su madre, de 88,93 metros cuadrados, está valorado en 109.876 euros. En el vídeo, la persona que Adela identifica como “una comercial” les propone la adjudicación de un ático, valorado en 109.876 euros, en el núcleo 5 de la urbanización, pero abonando 50.000 euros extra. Fue la madre de Adela la que acompañó a su hija para adquirir “una vivienda grand”. Dijo a la comercial que disponía de “50 millones de pesetas”, fruto de la venta de una casa antigua. “Para mi sorpresa, resulta que si había una casa libre para mi madre”, exclama Adela.
Adela confiesa sentir gran admiración por los periodistas que se juegan la vida con las cámaras ocultas, denunciando casos de corrupción. A su lado, Eduardo Herrero, abogado jerezano que representa al colectivo, señala su convencimiento de que “lo importante no es la nulidad o no de la grabación, lo importante es que la Policía y el juez aclaren lo que hay detrás de todo esto, porque se trata de viviendas de protección oficial para personas necesitadas”. Adela asiente con la cabeza: “mi marido es ensolador y no podemos pagar más de lo que pagamos ¿por qué un albañil no puede vivir en un piso de cuatro dormitorios, o en un ático, y otros sí siendo solteros?”. Las familias quieren que la Junta investigue si los adjudicatarios del resto de las viviendas de su promoción en Jerez, Parquesur, “reúnen, como nosotros, los requisitos exigidos por la ley”. Adela sostiene esta en que cuando fue a comprar su casa en Parquesur, le obligaron supuestamente a adquirir la vivienda “que ellos dijeron que estaba disponible, cuando en realidad, por mis circunstancias personales creo que me correspondía una con cuatro dormitorios”.
