La Voz de Galicia, que tiene una extensa y tupida red de corresponsales, facilitó la noticia anoche en su web. El empresario Alejandro Dávila Ouviña había sido detenido en una importante operación policial. No era complicado, porque la Policía constató que vivía en su pueblo, con cambios en las sociedades pero que estaba perfectamente localizable según sus vecinos y diversas fuentes relacionadas.
Llevaban desde junio intentando dar con su paradero para informarle que debía reintegrar las ayudas que Industria le concedió al amparo del Plan de Reindustrialización en la Bahía de Cádiz: 14,5 millones de euros. Por medio, una víctima política que actuó como un pardillo, un ingenuo, en toda la relación -incluso personal (con viajes a Galicia)- que mantuvo con el empresario gallego: el socialista Antonio Perales Pizarro. Eso fue lo que le dijo solo a tres medios: Ser, El País y Diario de Cádiz.
La periodista Raquel Iglesias, de La Voz de Galicia, relataba los hechos así: "Desde primera hora de la mañana, una veintena de agentes de la Policía Nacional se desplazaron desde A Coruña al municipio barbanzano para comenzar a registrar oficinas y pisos vinculados al presunto cabecilla. En concreto, la investigación se centró en la gestoría que el detenido dirigió durante años en el centro de la villa y en un piso de la calle Carlos Montenegro que, al parecer, es propiedad de sus suegros y que utilizaba para almacenar documentos. La operación no se cerró hasta entrada la noche".
