Me cuentan que si le aceptan a Jerez su expediente de regulación temporal de empleo, el efecto cascada sería inmediato, en ayuntamientos de toda España, de todo signo político. Pero me dicen que, en el fondo, lo que hay es un enfrentamiento agrio entre la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez y el consejero de Empleo, Antonio Fernández. Que son como el agua y el aceite. Francisco Sánchez Múgica, a quien deberían primar más en la plantilla del Diario de Jerez (ya sabes, David), se descuelga hoy con una información que atribuye a "fuentes oficiales de la Administración autonómica" (¿Fernández? ¿Bouza?) que habrá dejado tiritando, y no de frio, al equipo de gobierno local (incluso a los que pasan de ejercer sus responsabilidades).
"No es que el Ejecutivo de Griñán se haya negado en redondo a tramitar y autorizar la solicitud cursada por la Corporación local a finales del pasado mes de diciembre, sino que es tal la cantidad de documentación requerida y la complejidad para cumplimentarla en el plazo legal exigido -apenas diez días hábiles desde la recepción del requerimiento- que parece harto complicado que pueda salvarse este primer gran escollo en la carrera hacia la suspensión del contrato de, en una primera fase de dos años, 300 trabajadores laborales de la plantilla municipal".
La cosa está chunga de papeles verdes, leo en mismo medio que los cinco ayuntamientos que más deben en España a la Seguridad Social suman el 56% de la deuda total, y son, por este orden, Los Barrios, Barbate, Tarifa, Manilva y Jerez. Algunos de ellos, como es el caso de Jerez, ya cuentan con un convenio con la Seguridad Social para ir saldando esa deuda, pero en otros los acuerdos han sido imposible, como ha sido el caso de Los Barrios, Barbate y Tarifa. Esto ha provocado, por ejemplo, que estos ayuntamientos no hayan podido acceder a las ayudas del Fondo de Inversión Local del Plan E del Gobierno central, que estuvo dotado en el año 2009 con 8.000 millones de euros Viñeta blog Canalsu
