El colectivo de los Técnicos de Hacienda (GESTHA) explica que el recorte de retribuciones de los empleados públicos sólo se aplica de forma progresiva al salario base y la antigüedad, mientras que se reducen de forma lineal los complementos fijos, que son los que diferencian realmente el sueldo de los funcionarios. Sin embargo, el Gobierno no precisó ayer que el recorte alcance al complemento de productividad, que es precisamente el que perciben en mayor proporción los altos funcionarios.
De este modo, estiman que la progresividad anunciada por el Gobierno tiene un alcance "mucho más limitado", ya que de una horquilla anunciada de entre el 0,56% de recorte para los sueldos más bajos y del 7% para los más altos, la realidad es que quienes menos cobran verán realmente reducido su sueldo en un 3,25%, mientras que los salarios intermedios serán recortados en un 4,68%, de acuerdo con los cálculos elaborados por los Técnicos de Hacienda, sin contar con los escasísimos empleados del Grupo E (sólo 497 efectivos en la Administración General del Estado, quienes sufrirán un recorte del 0,68%).
Además, Gestha señala la paradoja que se crea entre los distintos cuerpos ya que el recorte es regresivo para las élites administrativas, cuyos mayores complementos quedan fuera de la progresividad e incluso a salvo de la reducción aprobada. Así, según estos cálculos los jefes y directivos, que no son altos cargos, verán reducido el 3,67% de su sueldo, unos 3.327 euros brutos anuales, en tanto que los profesores de secundaria, los técnicos o un mando intermedio dejará nde cobrar el 4,66% de su actual salario, unos 1.737 euros brutos al año.
Igualmente, los funcionarios con menores percepciones salariales, que son los que integran la base de la Administración Pública, y a su vez los más numerosos, sufrirán con mayor severidad el recorte en sus salarios que jefes y directivos. Según esto, los auxiliares que menos cobran dentro de su categoría profesional verán recortado su sueldo en una media de 650 euros brutos al año, es decir, un 3,41% sobre el total de su retribución. Del mismo modo, un administrativo verá reducido su sueldo en unos 1.110 euros, es decir, el 4,32% de sus retribuciones anuales.
Sevilla, la provincia andaluza más afectada
Por provincias, Sevilla con un total de 120.806 de efectivos públicos será la más perjudicada por el recorte, seguida de Cádiz con (80.502) y Málaga (76.127). A continuación se sitúan Granada (61.450), Córdoba (48.550) y Jaén con 41.102 efectivos. Las menos afectadas serán Huelva y Almería con 33.631 y 37.806, respectivamente. Por comunidades, según el plan de ajuste previsto por el Gobierno, Andalucía será la comunidad autónoma en la que se verán afectados un mayor número de empleados de la Administración, con 499.974 funcionarios. A continuación se sitúan la Comunidad de Madrid, con 427.650 empleados, Cataluña (302.072), la Comunidad Valenciana (228.453) y Castilla y León (174.784 empleados).
Otras regiones como Galicia (153.580 funcionarios), Castilla-La Mancha (133.679), Canarias (126.045), País Vasco (109.662 empleados) y Extremadura (93.993 funcionarios) se verán menos afectadas por el recorte según su plantilla de empleados públicos.
Por el contrario, las regiones de La Rioja (16.477 empleados), Navarra (33.902), Baleares (55.723) y Asturias (61.086 empleados) serán las menos afectadas por tener también una plantilla menor, seguidas de Murcia (85.667 empleados) y Aragón (92.388).
La lucha contra la economía sumergida evitaría los recortes sociales
Los Técnicos de Hacienda lamentan que el Gobierno haya preferido aprobar un drástico recorte antes que hacer cumplir la ley para mejorar los ingresos de las Administraciones Públicas. Así, alertan del importante volumen de economía sumergida existente en nuestro país, como sugiere el hecho de que mientras 16 millones de trabajadores y pensionistas declaran una media de 18.400 euros anuales, las actividades empresariales y profesionales apenas declaran los 13.525 euros en estimación directa, y los autónomos en módulos apenas llegan a los 11.567 euros.
A este respecto, Gestha estima que si el Gobierno aumentara las responsabilidades de los Técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude y el control de las subvenciones y el gasto público, se podría reducir en diez puntos porcentuales la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a Francia o Alemania. Ello significaría recaudar unos 38.000 millones de euros adicionales cada año, más del doble de los 15.000 millones de euros que espera ahorrar el Gobierno en dos años con su recorte social. En la actualidad, la bolsa de economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23,3% del PIB, lo que supone un montante de 245.000 millones euros.
Es el momento "oportuno" de subir impuestos a los ricos
Los Técnicos de Hacienda han mostrado su discrepancia con el Gobierno, y consideran que es el momento "oportuno" para concretar el alza de impuestos a las rentas altas y los grandes patrimonios, al igual que otros países han considerado conveniente subir los impuestos a la banca, a las grandes sociedades o a las fortunas al adoptar medidas de recortes sociales.
Por ello, Gestha propone medidas fiscales alternativas, como la recuperación del Impuesto de Patrimonio de las grandes fortunas de 47.614 contribuyentes que tienen patrimonios individuales netos superiores a los 1,5 millones de euros y que pueden aportar a las arcas del Estado hasta 1.240 millones de euros.
Asimismo, plantean la eliminación de las ventajas de las rentas del ahorro a las ganancias patrimoniales especulativas y de las ventajas fiscales de las que gozan los extranjeros residentes en España con ingresos de 600.000 euros anuales.
Finalmente, este colectivo propone actuar sobre las rentas altas mediante la inclusión de dos nuevos tramos en la tarifa del Impuesto sobre la Renta, de modo que a partir de los 100.000 euros de ingresos netos anuales se suba el tipo marginal en tres puntos hasta el 46%, y a partir de 300.000 euros, este tipo marginal ascienda hasta el 50%. El Estado podría además recaudar otros 2.397 millones de euros con el aumento de cinco puntos en el tipo impositivo de 1.976 sociedades que contabilizan más de 90 millones de beneficios.
El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA), antecedente de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, se creó en el año 1976, diez años antes de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), con el fin de solventar determinados problemas de personal en el Ministerio de Economía y Hacienda. Solucionados aquellos problemas, en la actualidad Gestha trabaja por conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz con una estructura administrativa y de personal que garantice las necesidades del servicio público de un modo eficiente y racional.
