España sigue sin ratificar la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. de la ONU. Todavía no lo ha hecho, y así lo denuncia Aministía Internacional en su web española. ¿A qué espera ZP? Millones de personas toman la decisión de dejar sus casas, comunidades y países. Algunos temen por sus vidas o las de sus familiares. Otros lo hacen con la expectativa de encontrar mejores condiciones de vida o para reencontrarse con su familia. Pero es que además, el Gobierno de Zp tampoco aprueba otra asignatura: un informe de Amnistía Internacional sobre la LOE sitúa España a la cola de Europa en Educación en Derechos Humanos. Vamos finos.
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Más documentos de AI sobre España y los Derechos Humanos
Individuos y sociedades se han movido siempre en búsqueda de protección y de mejores condiciones sociales, económicas o culturales, esto es, de una vida más digna. Tal y como hicieron muchos españoles no hace tanto tiempo. Sin embargo, la realidad cotidiana de muchas personas emigrantes es desoladora. Muchas veces sufren discriminación y abusos en su viaje, en las fronteras o en la sociedad a las que emigran.
Hace catorce años, Naciones Unidas aprobó esta Convención para proteger los derechos humanos de los trabajadores migrantes y de sus familiares. Amnistía Internacional cree que es un instrumento importante para prevenir y eliminar los abusos que sufren todas las personas migrantes tanto documentadas como indocumentadas, tanto regulares como irregulares y fija unas normas internacionales para un trato justo y sin abusos para todas las personas con independencia de su situación administrativa.
Por otra parte, la sección española de Amnistía Internacional (AI) ha publicado un informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de Educación, LOE, en el que pide al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que acepte las recomendaciones de Naciones Unidas sobre Educación en Derechos Humanos del Programa Mundial e incorpore en esta Ley la educación en derechos humanos, tal y como lo han hecho otros países europeos, y como el propio Gobierno español apoyó en diciembre del año 2004 en la Asamblea General de Naciones Unidas, olvidando después este compromiso en la tramitación del proyecto.
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