El 'exceso' dialéctico y político del concejal de Urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, de IP, al exigir hace una semana responsabilidades patrimoniales a los ediles que, en diciembre de 1987, aprobaron conceder licencia a un bloque de viviendas de la urbanización de Valdelagrana, le puede costar caro en el seno del partido al que pertenece Rodríguez: Independientes Portuenses.
En un primer momento, Rodríguez cargó la responsabilidad exclusivamente sobre Teófila Martínez, pero la actual regidora de Cádiz ha probado, por activa y por pasiva, que ni estuvo en la primera comisión de gobierno del 4 de junio de 1987, que aprobó la licencia, ni en la del 10 de diciembre de ese mismo año, la recurrida por los vecinos y objeto de sentencia firme, con indemnización de un millón de euros (más intereses) por parte del Supremo, según publica hoy EL MUNDO DE ANDALUCÍA
El asunto se daba ya casi por zanjado, tras el error del edil portuense, pero sigue, porque todos los ojos están puestos ahora en un informe que Juan Carlos Rodríguez espera recibir esta semana del asesor jurídico municipal para ver si procede o no exigir que el alcalde socialista de entonces, Juan Manuel Torres y su equipo bicolor (PSOE-AP), respondan con su patrimonio personal de la elevada indemnización. El enfado es monumental entre los concejales que formaban parte de la Corporación en 1987.
EX ALCALDE
Rodríguez sabía, dado que conocía el expediente, que entre aquellos ediles estaba el que luego sería su mentor, alcalde (ahora inhabilitado) y actual presidente de Independientes Portuenses, Hernán Díaz Cortés. En aquel momento, Díaz formaba parte de Alianza Popular (AP), con lo que podría terminar pagando de su bolsillo la indemnización. Hernán Díaz añadirá un apuro más a su ya de por sí delicada situación personal y política aunque conserva el control del partido e influirá en la elaboración de la próxima lista a las municipales de 2007. El ex alcalde comenta en privado, incluso a ediles de la oposición, que no había que haber hecho mucho caso a su concejal, porque se le 'calentó la boca'.
Otras voces acreditadas en el peculiar partido independiente creen que Rodríguez no olvida que, pese a ser el número 2, llamado por tanto a sustituir a Hernán Díaz, éste prefirió (o impuso) a Fernando Gago, persona más afín al ex alcalde y de su "confianza", pero situado algunos puestos más abajo en la lista. ¿Vendetta? No parece que vaya a llegar la sangre al río, pero es Hernán Díaz quien también admitió que el edil Rodríguez había cometido una ilegalidad en una obra en su domicilio, denunciado por los ecologistas. El 'taconazo' de Juan Carlos Rodríguez al intentar perjudicar políticamente a Teófila Martínez puede terminar siendo un gol en su propia portería, más exactamente al 'guardameta' Hernán Díaz.
A LA FISCALÍA
"El gobierno en minoría de Independientes Portuenses no está siendo ni va a ser un camino de rosas. Pero lo que se avecina puede ser aún peor. De momento, Izquierda Unida es la única opción política en El Puerto que tiene las manos libres. De no ser por nosotros, el Tribunal de Cuentas no habría actuado y la opinión pública no se habría enterado de la desastrosa gestión de IP de 1995 a 2000, que parece que luego fue igual. El PP no puede hablar porque su dirección política ha escogido como cabeza de cartel a Enrique Moresco, un ex militante de IP y el PSOE ha cogobernado estos años con IP y ahora le apoya en los grandes temas, así que ése es el panorama". La reflexión la hace Ignacio García, parlamentario andaluz de Izquierda Unida y actual portavoz y edil de El Puerto, que ha cedido el relevo a su compañera Josefa Conde, la actual candidata a la alcaldía. Los dos se han convertido en estos días en el látigo negro de IP.
El Informe de Fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas (TDC) sobre los ejercicios comprendidos de 1995 a 2000 ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades y fallos de gestión que tiene en vilo a toda la estructura municipal. Todos los funcionarios se tientan la ropa. La pasada semana, sin ir más lejos, el consejo de administración de la sociedad Impulsa -una de las más cuestionadas en el informe del TDC- dejó sobre la mesa la contratación de un seguro de responsabilidad civil para todos sus consejeros (concejales) y gerente. Una formalidad que se extiende como la pólvora por todos los ayuntamientos de España, donde los ciudadanos recurren cada vez más a la justicia en defensa de sus intereses.
