El concejal de Urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, culpó este pasado viernes a la actual alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, de ser corresponsable en 1987 de que ahora el Ayuntamiento, tras una sentencia emitida por el Tribunal Supremo, tenga que abonar 1.009.700 euros (167.999.944 pesetas) en concepto de indemnización a la comunidad de vecinos de los bloques 8, 9 y 10 de la urbanización Valdemar, en el paseo marítimo de la playa de Valdelagrana. Los vecinos denunciaron al Ayuntamiento, entonces presidido por el socialista Juan Manuel Torres, tras el pacto de gobierno suscrito entre el PSOE y Alianza Popular (AP), que el 10 de diciembre de 1987, aprobó la reforma de un proyecto urbanístico de la cuarta fase del Complejo Residencial Valdemar. Los vecinos de tres edificios situados detrás de la promoción perdieron sus vistas al mar, sufrieron problemas de estacionamiento y padecieron problemas derivados de la falta de equipamiento del nuevo bloque de viviendas, de once plantas, según publicó ayer EL MUNDO DE ANDALUCIA.NO ERA CONCEJAL
Sin embargo, la denuncia de Rodríguez fue descalificada ayer de plano por el diputado y actual portavoz municipal del PP en El Puerto, Aurelio Sánchez, quien informó que tanto él como Teófila Martínez fueron concejales en el mandato municipal comprendido entre 1983 y 1987, con responsabilidades en Medio Ambiente y Urbanismo respectivamente, “por lo que difícilmente Teófila Martínez pudo adoptar decisión alguna o aprobar la licencia y menos aún responder patrimonialmente. A IP le advierto que la técnica del ventilador a veces se vuelve contra quien la usa, eso sin contar con las acciones legales a las que se arriesgan. Por medio está el honor y la reputación de un político, que constituyen su principal patrimonio”.
El Tribunal Supremo basa su sentencia en que la licencia de obras para la construcción del edificio se concedió “a pesar de los informes negativos de los técnicos municipales”, por lo que el portavoz municipal del PP anunció ayer que el próximo lunes exigirá por registro al actual alcalde, Fernando Gago (de IP), que aporte el expediente completo del caso y aporte, públicamente, las explicaciones correspondientes sobre lo realmente sucedido. “No entiendo, realmente, como se pueden decir estas cosas”.
El concejal de Urbanismo del Consistorio portuense, Juan Carlos Rodríguez, informó de esta sentencia a varios medios de comunicación y expresó a la agencia Efe su “sorpresa” e “indignación” ante “el importante desembolso” que puede suponer para las arcas municipales una decisión “arbitraria y en contra de informe técnico” que tomó la Comisión de Gobierno hace 19 años “a instancias de la que por entonces era teniente de alcalde de Urbanismo, Teófila Martínez”. El edil de Urbanismo de El Puerto dijo a varios periodistas que han recuperado el expediente y lo han remitido a la asesoría jurídica del Ayuntamiento, que estudiará la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial a la comisión que concedió la licencia en 1987 y, dijo que, de salir adelante, Teófila Martínez podría hacer frente a la indemnización con su patrimonio personal.
ESTUPOR
La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, advirtió de acciones legales en defensa de si honorabilidad y recordó que, en cualquier caso, “las decisiones en una Comisión de Gobierno son colegiadas y el máximo responsable es el alcalde, que tiene en cuenta los informes técnicos previos y los que aportan tanto el secretario general como el interventor. No entiendo a qué viene todo esto”, dijo la regidora gaditana. Por su parte, el portavoz municipal del PP, Aurelio Sánchez, afirmó que “se condena al Ayuntamiento, que es responsable civil de los actos, y erosionar la imagen de una persona con importantes responsabilidades políticas y administrativas como Teófila Martínez me parece de una gran bajeza moral y ética”.
Según los datos aportados por el edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez (IP) el arquitecto municipal presentó un informe en contra de la construcción del edificio que la Comisión de Gobierno de 1987 “desoyó” y “encargó un nuevo informe a un arquitecto externo” en el que se basó para conceder la licencia declarada “ilegal” por el Supremo. Según fuentes municipales, el 7 de abril de 1993, gobernado por Independientes Portuenses, la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló declarando la nulidad del acuerdo de comisión de gobierno, pero la demolición era ya imposible por la plena ocupación del edificio. Los denunciantes cuantificaron en 2001 los daños causados por la edificación y en 2004 el TSJA dio la razón a los vecinos y fijó la indemnización en 1.009.000 euros. El Tribunal Supremo estableció en 2005 que correspondía al Ayuntamiento y no a la promotora inmobiliaria el pago de dicha cantidad. El Ayuntamiento portuense presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, pidiendo “la anulación de los autos”, pero fue rechazado y la sentencia pasó a ser firme sin “recurso ordinario alguno".
