Comentario 1037.-La instrucción de las Operaciones Karlos y Halcón, de fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria respectivamente, podría verse perjudicada tras anular el juez Jorge Bartolomé Moriano, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cádiz, parte de las escuchas telefónicas autorizadas por el juez Juan José Parra Calderón, responsable del Juzgado de Instrucción Número 2, de Jerez. Para obtener esta nulidad parcial –aunque será en el juicio cuando se compruebe su validez- el letrado Felipe Meléndez, defensor de Francisco Casto Pérez de Lara (inspector de la Unidad de Valoraciones Médicas de Incapacidades Laborales del SAS) ha usado jurisprudencia relacionada con varios casos de anulación de escuchas telefónicas, como Naseiro o Farruquito. Según la Guardia Civil, en la Operación Karlos, llevada a cabo en buena parte de la provincia de Cádiz, se detuvo a 28 personas como presuntas autoras de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, resultando imputadas otras 10.
La primera consecuencia de esa aceptación parcial del incidente de nulidad de las escuchas se produjo ayer miércoles, con la puesta en libertad de Francisco Casto, que ha permanecido en prisión durante cuatro meses en el centro penitenciario de Puerto II. En el curso de la Operación Karlos, la Guardia Civil de Cádiz detuvo a 28 personas e imputó a otras 10 en el fraude de la concesión de pensiones por incapacidad laboral. El facultativo salió ayer de la cárcel tras constituir la fianza de 50.000 euros que le había impuesto el magistrado Jorge Bartolomé Moriano.
Según Felipe Meléndez, letrado defensor del inspector médico del SAS –que fue suspendido de empleo y sueldo nada más estallar la Operación Karlos- su cliente se encuentra “muy mal de salud y ha perdido más de veinte kilos” en los cuatro meses que lleva ingresado en la prisión provincial de Puerto II. La familia ha logrado reunir los 50.000 euros de la fianza gracias a la aportación de amigos e irá a recibirlo hoy a las puertas del centro penitenciario. Francisco Casto está casado y tiene dos hijos. Su abogado consideró ayer “muy injusto” que haya permanecido en prisión sin fianza, “al contrario que otros implicados”. El letrado Felipe Meléndez cree “ajustado a Derecho” el auto emitido por el juez Jorge Bartolomé Moriano, que hasta ahora se había venido negando a poner en libertad a su defendido, ni siquiera bajo fianza.
CONSTITUCIONALIDAD
El juez Jorge Bartolomé, dice en su auto de libertad que “examinado en profundidad” el incidente de nulidad de las escuchas planteado, “dichos indicios se sostienen sobre unos pilares de más que discutible constitucionalidad, cuya valoración final corresponde a los órganos de enjuiciamiento o a los que revisen la actuación de éste. Por tanto, dichos pilares, conformados por los resultados de las escuchas telefónicas, presentan diversas grietas que amenazan la solidez de la estructura básica de los resultados de la investigación penal y resultan insuficientes para seguir sosteniendo la situación de prisión incondicional del imputado”, Francisco Casto Pérez de Lara. El juez anula las escuchas telefónicas practicadas los días 23, 24, 25 y 26 del pasado mes de enero, pero al parecer no por sus contenidos, sino porque posiblemente se hicieron sin autorización.
Durante las escuchas de la Operación Halcón, de fraude a la Seguridad Social, se produjo el hallazgo casual de otro delito, en este caso de fraude en los certificados de incapacidad laboral. “Eso se detectó a partir del 29 de noviembre de 2005 y hubo más conversaciones relacionadas hasta marzo de este año, pero parece que hubo algunas que no estuvieron dentro de las prórrogas mensuales autorizadas por el juez de Jerez”, explicó ayer el abogado Felipe Meléndez.
Al parecer hubo una laguna del 21 al 27 de enero, elemento central al que se aferra el letrado y que ha sido estimado por el juez de Cádiz, si bien la última decisión se adoptará en el juicio por esta causa, dentro de varios meses. De hecho, la Guardia Civil habría puesto sobre la pista sin querer al abogado ya que, según sostiene Meléndez, “el 13 de marzo solicitó una autorización para intervenir el mismo teléfono que, en teoría, estaba ya autorizado. Vamos a solicitar la nulidad total de las escuchas y el archivo del procedimiento”.
A su regreso de las vacaciones el juez jerezano Juan José Parra, que fue quien ordenó el ingreso en prisión del inspector médico, se encontrará además sobre su mesa un oficio del juez de Cádiz, Jorge Bartolomé, reclamando que se le remitan el conjunto de las diligencias relacionadas con todas las escuchas telefónicas. En ellas figuran desde María José Campanario (esposa del torero Jesulín de Ubrique) a Mari Paz Cañero, secretaria del teniente de alcalde y delegado de Urbanismo de Jerez, Pedro Pacheco, a importantes empresarios inmobiliarios como José Luis López “El Turronero”, lo que generó sospechas en el ámbito de la vida política gaditana y una gran repercusión mediática.
CARRETERO
Hoy también podría salir en libertad Carlos Carretero Mañez, ex jefe de la Policía Local de Ubrique, que se encuentra ingresado en la misma prisión de Puerto II por otra causa distinta (la Operación Halcón), el fraude a la Agencia Tributaria en la emisión y venta de facturas falsas de IVA e Impuesto de Sociedades. Tanto el inspector médico Francisco Casto como Carlos Carretero están considerados por la Guardia Civil como “organizadores y máximos responsables” del presunto fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social investigado en la denominada Operación Karlos.
Carretero ingresó en prisión por orden del juez Juan José Parra por ser –según consta en las diligencias previas 4.493/05- el “máximo organizador y cerebro” de una organización dedicada a la emisión y venta de facturas falsas, que eran compradas por empresarios (principalmente del sector de la marroquinería y la piel) “para desgravar de forma irregular el importe de esa factura falsa en sus declaraciones del IVA e Impuesto de Sociedades”. En dicho auto no se menciona nada relacionado con la segunda investigación sobre fraude de pensiones. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraban ayer que el juez gaditano también ha impuesto una fianza de 100.000 euros a Carlos Carretero, que este podría aportar hoy para salir también en libertad. Sin embargo, las mismas fuentes advirtieron que Carretero se encuentra en prisión por otra causa, relacionada, pero distinta y de mayor gravedad e importancia económica. Y sobre esa no se ha producido resolución alguna por parte del juez instructor, Juan José Parra.
El ex jefe de la Policía Local de Ubrique ingresó en prisión provisional el pasado 7 de abril por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda pública y falsedad documental, según el auto de prisión emitido por el juez jerezano Juan José Parra, quien le fijó una fianza de un millón de euros. El magistrado aplicó el artículo 531 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “para determinar la calidad y cantidad de la fianza, se tomarán en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del procesado y las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial”. El juez, conforme al nivel de vida” de Carretero, cuantificó la fianza en la cantidad de un millón de euros, al mostrarse el detenido “con suficientes signos de riqueza para afrontar dicha fianza”. La defensa de Carretero alegó entonces que era excesiva.
DOS OPERACIONES CON UN MISMO ORIGEN
La Operación Karlos comenzó a desarrollarse por la Guardia Civil en octubre de 2005, bajo supervisión entonces del Juzgado de Instrucción Número 2 de Jerez, cuyo titular, Juan José Parra, envió semanas después las diligencias a los juzgados de Cádiz ya que gran parte del caso se centraba en la actuación de un inspector de la Unidad de Valoraciones Médicas de Incapacidades Laborales, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con sede en la capital. En el momento de enviar el caso a Cádiz, el Juan José Parra, instruía en Jerez las diligencias por la Operación Halcón, en la que se había descubierto un fraude en la emisión y recepción de facturas falsas, superior a 60 millones de euros y que afecta a 240 empresas gaditanas, que operan principalmente en los sectores inmobiliario y de la piel en la Sierra de Cádiz.
Accidentalmente, en las escuchas telefónicas realizadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) autorizadas judicialmente (tal como ha realizado numerosas investigaciones con la Audiencia Nacional), se apreció la posible comisión de un delito contra la Seguridad Social en la tramitación de pensiones por incapacidad laboral. Los inspectores informaron al juez de tales circunstancias y fue entonces cuando el magistrado abrió otras diligencias y encomendó el caso a la Guardia Civil. La realidad era, además, que la Agencia Tributaria había destinado el máximo de sus recursos a la Operación Halcón, siendo imposible emprender otra investigación. La clave está en si debió incoar diligencias al primer indicio o si, al dejar pasar un breve espacio de tiempo, lesionó los derechos constitucionales de los investigados.
Ha sido el letrado gaditano Felipe Meléndez, defensor en numerosas causas de corte político (por ejemplo el caso del ex alcalde, Hernán Díaz o el de Zona Franca), quien presentó el incidente de nulidad de las escuchas telefónicas autorizadas por el juez Juan José Parra, que retomará la instrucción de la Operación Halcón al término de las vacaciones judiciales de agosto.
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