Nota de EeA: Ecologistas en Acción ha presentado en Juzgado de lo Contencioso Administrativo una demanda por la inactividad del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María consistente en la inaplicación de lo dispuesto en los arts. 181 y ss., 195 y 197 y ss de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía por no paralizar las obras ilegales que se vienen desarrollando en las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango para construir un campo de golf:Mediante Sentencia de fecha 2 de noviembre de 2.005, el TSJA anuló las licencias otorgadas el 10 de octubre de 2002 a la entidad GOLF EL PUERTO S.A. para construir el campo de golf en las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango por ser contrarias al orden jurídico. Ecologistas en Acción denunció al Ayuntamiento la continuación de estas obras consistentes en movimientos de tierra, obras de urbanización, construcción de viales y canalizaciones, tanto en el propio ámbito del citado campo de golf como en las inmediaciones de la carretera de Sanlucar, y dirigimos en fecha 22 de noviembre, escrito al Sr. Alcalde en el que denunciaban los hechos,
Como consecuencia de haberse producido silencio administrativo en relación a la denuncia mencionada, y comoquiera que las obras denunciabas continuaban, reiteramos dicha denuncia en fecha 26-12-2007, solicitando la paralización de las obras, la restitución de los terrenos a su estado originario, y la apertura de los expedientes sancionadores. Pero el Ayuntamiento, lejos de proceder en la forma prevista Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, se ha pronunciado a través de los medios informativos, por medio de la Tte. Alcalde de Urbanismo Dª Patricia Ibarra, expresando que “las obras han sido inspeccionadas y que cuentan con la autorización del anterior equipo de gobierno”. Licencia que en todo caso se nos ha negado. Por todo ello Ecologistas en Acción ha solicitado al juzgado que tenga por interpuesto Recurso Contencioso Administrativo contra la inactividad de la Administración indicada. Así mismo han solicitado al Juzgado la suspensión de las obras denunciadas, ya que, en caso contrario, se perdería la finalidad legítima del presente recurso y se fomentaría la política de hechos consumados.
