Leo en Diario de Jerez la cuidada información que, sobre el importante pleno celebrado ayer, rubrica Paco Sánchez Múgica. Y por eso me entero de una noticia que me alegra, porque indica que se ha aplicado un principio de precaución en la masiva instalación de antenas de telefonía móvil sobre la que me alertaba la federación de vecinos Solidaridad. "En otro orden de cosas, el gobierno socialista decidió retirar los puntos 9 y 10 del orden del día del pleno relativos a la aprobación inicial de la modificación del plan de implantación de la red urbana de telefonía móvil para el servicio Movistar; y la modificación del plan de implantación de las instalaciones radioeléctricas en el término municipal promovido por Vodafone. En total, unas 120 nuevas antenas de telefonía que el gobierno local, que alegó para la retirada "problemas técnicos", no sabe exactamente cómo vender a una opinión pública reacia a tener cerca estos aparatos supuestamente nocivos para la salud. La propia Pelayo recordó que ya en el pleno de febrero este mismo asunto se dictaminó en la comisión previa a la sesión ordinaria "y luego no llegó si quiera a entrar en el orden del día". (Más en DJ)
España cuenta con cerca de 150.00 antenas de telefonía móvil, de las que la mitad tienen pendiente la inspección, según los datos ofrecidos por el Gobierno al diputado del BNG Francisco Jorquera, en una respuesta parlamentaria por escrito. En ella, el Ejecutivo socialista rechaza cambiar la legislación para rebajar los límites autorizados de radiación de las antenas de telefonía móvil. Según estos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en España existen 71.998 estaciones base autorizadas e inspeccionadas y otras 75.319 que tienen el proyecto aprobado y han pagado las perceptivas tasas de inspección, pero les falta completar la puesta en servicio porque aún no han sido inspeccionadas. Además de estas casi 150.000 antenas, existen otras 8.405 que están en fase de instalación.
Ante la pregunta del diputado Jorquera sobre si el Gobierno se plantea bajar los límites de protección de radiación, el Ejecutivo socialista asegura que desde el punto de vista sanitario “la exposición a campos electromagnéticos no ocasiona efectos adversos para la salud, dentro de los límites establecidos por la Recomendación” del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999.
En esta misma línea, añade que “actualmente no existen razones científicas o sanitarias suficientes que justifiquen una modificación de los límites de exposición a los Centros Emisores de Campos Electromagnéticos (CEM)”, establecidos en un Real Decreto.
Pro su parte, el BNG, en colaboración con la demanda de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, denuncia que “los actuales límites están obsoletos” y las radiaciones no ionizantes, los campos electromagnéticos o de radiofrecuencias “son nocivos para la salud y el medioambiente”.
