Desde el primer momento, la Junta ha trasladado a la Cámara autonómica la existencia de los 33 nuevos casos de prejubilaciones en los que se han hallado anomalías. De hecho, el Parlamento ha sido el primero en conocerlo por parte del Ejecutivo. Recio ha subrayado el compromiso de la Junta por aclarar todas las irregularidades que se encuentren en los ERE y ha señalado que este trabajo "no es una tarea sencilla y que reviste la máxima complejidad, porque los resultados pueden afectar a personas trabajadoras, empresas y entidades".En esta línea, ha señalado que la Junta "colabora con la Justicia" y que "todos los presuntos ilícitos tendrán oportunidad de explicarse ante la juez, si lo estima conveniente". Del total de 70 expedientes vivos que se están investigando, en esta primera fase se han analizado 35, por lo que el proceso continúa ahora con los 35 restantes.
Junto a la investigación sobre los ERE, el consejero ha anunciado que el Gobierno andaluz ha remitido al juzgado un primer análisis de las subvenciones a empresas con cargo a la partida 31L. Se trata de 130 ayudas entregadas a firmas en crisis por un importe de 87 millones de euros, con el fin de apoyar el mantenimiento y la creación de empleo.
Trece de estos fondos han sido para ayuntamientos, por valor de casi 3,3 millones de euros. "La finalidad de las ayudas para mantener y crear empleo es adecuada", ha valorado el consejero, que ha abogado por "defender la honorabilidad de las empresas que las han recibido".
Recio ha reiterado que el Gobierno andaluz avala "la política de ayudas" y ha expresado su rechazo a que "alguien se haya beneficiado de estos recursos, que han ocasionado daño a trabajadores y empresas y han dañado la imagen de Andalucía". En este sentido, ha destacado que el sistema, con un marcado carácter social, ha demostrado su funcionamiento y ha permitido paliar los efectos de la destrucción de empleo.
