Cuenta en El Mundo.es mi compañero Antonio Salvador que "algo menos de dos meses es el tiempo que ha necesitado el Tribunal de Cuentas para determinar que en la autorización de expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía se han empleado los fondos públicos irregularmente, si no ilegalmente. Así se deduce de su admisión a trámite de la denuncia interpuesta por el PP por el escándalo de los ERE, hecha pública este sábado. Más exactamente, el órgano fiscalizador ha emitido un dictamen en el que asegura que los hechos "permiten apreciar, siquiera indiciariamente, que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos".
