A la Diputación de Cádiz “no le gusta” que el Ayuntamiento de Jerez rescinda el convenio que mantiene con la institución provincial para la gestión tributaria en el término jerezano, si bien “comprende” la decisión a tenor de la “situación de ruina” que ha encontrado el actual gobierno municipal. Esta reflexión corresponde al responsable del área de Economía, Hacienda y Contratación de Diputación, Juan Antonio Liaño, quien hoy ha presidido la comisión informativa de Hacienda donde se ha analizado la ruptura del acuerdo con el Ayuntamiento de Jerez.
Liaño ha revelado la magnitud de los compromisos de pago –“tomas de razón”- autorizados por la ex alcaldesa Pilar Sánchez y ejecutados por los anteriores responsables de Hacienda de Diputación: más de 540 millones de euros, adeudados a proveedores, entidades financieras y concesionarias y con unos periodos de abono que llegan –en algún caso- hasta el año 2031. Una deuda formidable resultado de la gestión de los tres alcaldes que hemos tenido desde 1979. Estos compromisos anulaban la voluntad municipal para resolver el destino y la prioridad de sus gastos, amenazando incluso el pago de nóminas a la plantilla municipal como obligación preferente.
