29 nov 2016

Vientres de alquiler



El juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha suspendido la patria potestad sobre un bebe de pocos días a una mujer S.C.C. por un presunto delito que se está investigando de alteración de la paternidad mediante compensación económica, además de otro posible de falsedad en documento. Dentro de esta misma instrucción, el juez tomará mañana declaración por videoconferencia a J.J.G.S. un hombre que se encuentra en Almería al que el juez ha pedido una prueba de paternidad y al que se le está investigando por haber entregado dinero a cambio del bebe. El caso es resultado de una operación de investigación por parte de la Guardia Civil que dejó a ambos en libertad, y ha estado bajo secreto de sumario. El bebe está en este momento bajo tutela de la Junta de Andalucía.

Nota de la Guardia Civil

La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la denominada operación "PRINCESITA", ha procedido a la detención de tres personas, como presuntos autores de un delito Contra las Relaciones Familiares, al vender la madre a la niña que había alumbrado.

Los compradores serían una pareja de Almería, que habrían pagado 10.000 euros a la madre por el bebe después de que fuera sometida a una inseminación artificial conyugal en una clínica de Málaga para cederles el bebe tras el alumbramiento (vientre de alquiler)

La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una mujer vecina de Villamartín (Cádiz), que podría haber recibido la cantidad de 10.000 euros para ceder a su hija recién nacida a una pareja residente en Almería.

Por tal motivo, los agentes se entrevistaron con los servicios sociales municipales, los cuales informaron que en una visita reciente que habían mantenido la mujer había manifestado que su bebe había nacido muerto y que ella había donado el cuerpo a la ciencia.

Continuando con las investigaciones para constatar que se había producido el nacimiento, la Guardia Civil procedió a solicitar los informes pertinentes al Hospital donde había sido atendida esta persona, los cuales determinaron que la mujer había ingresado para alumbrar a una niña viva y en condiciones de salud normales, siendo lo más significativo el hecho de que no se había inscrito en el registro civil de la localidad.

Posteriormente, los investigadores pudieron constatar que la madre y la niña fueron dadas de alta a los dos días del ingreso, en buen estado de salud.

En ese momento, la pareja compradora del bebe, se desplazó desde la localidad almeriense donde residen, para llevarse a la niña, acordando con la madre que en unos días se verían en Almería para inscribir a la niña en el Registro Civil y firmar un documento notarial por el que la madre cedía al padre la tutela de la niña.

Por tal motivo, la Guardia Civil se desplazó hasta Almería para verificar mediante vigilancias que la niña se encontraba en buen estado de salud.

Una vez recabados los datos de la investigación, los agentes se citaron con la madre para tomarle declaración, obteniendo evidencias de que se había puesto de acuerdo con la pareja que hacía comprado al bebe en lo que tenían que declarar, (manera de conocerse, el inicio de la relación o la negación de cualquier contraprestación económica por la cesión de la niña, etc...)

Tras citar también a declarar a la pareja de Almería y oír a ambas partes, quedó demostrado las numerosas contradicciones en las que incurrieron ambas partes, ya que la pareja almeriense habría contactado con la joven, así como con otras más, a cambio de una cantidad de dinero para que se sometieran a un tratamiento de inseminación artificial conyugal, para cederles el bebe tras el alumbramiento.

Se ha podido constatar que la joven habría accedido a inseminarse para obtener el dinero prometido en dos ocasiones hasta quedar finalmente embarazada, hecho este que contrasta con la precariedad económica de la mujer, teniendo en cuenta el elevado coste de este tipo de tratamiento.

Por tal motivo, se procedió a la detención de los tres implicados por la venta de la niña, como presuntos autores de un delito Contra las Relaciones Familiares, por Alteración de la Paternidad, Estado o Condición del Menor.

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