Hoy toca escoger: la gente o el IBEX. Nuestra prioridad, nuestr@s vecin@s. Humildemente espero que sea la de todos. #BonoEléctricoGaditano pic.twitter.com/2BEfr2B3Lo— José María González (@JM_Kichi) 27 de marzo de 2017
El consejo de administración de Eléctrica de Cádiz votará esta tarde, a las 17:30 horas, la creación del bono social gaditano, por el cual se pretende asegurar un suministro básico de energía a las familias vulnerables de la ciudad. El bono social de Cádiz tiene su origen en una reivindicación de los colectivos sociales de la ciudad que presentaron miles de firmas en 2014 para su creación, y se convirtió en compromiso de todos los partidos políticos del Ayuntamiento gracias a un acuerdo plenario el 30 de octubre de 2015.
En el consejo de administración hay 9 consejeros: 3 de Endesa, 1 de Unicaja, 2 del Partido Popular, 1 del PSOE, 1 de Ganar Cádiz y 1 de Podemos. Al contar el Ayuntamiento con el 55% de la propiedad de Eléctrica de Cádiz, como socio mayoritario de la empresa, tiene la capacidad de aprobar una donación de beneficios para fines sociales, si así lo desea. Para ello, o bien todos los representantes políticos deben votar que sí o al menos abstenerse, puesto que el representante de Unicaja ha anunciado que votará a favor y que el Gobierno Municipal cuenta con el apoyo también del PSOE.
El Gobierno Municipal de Cádiz quiere que el bono social gaditano sea costeado con 600.000 euros de los beneficios de la distribuidora Eléctrica en Cádiz. Con esta aportación, el Gobierno Municipal quiere involucrar al resto de socios de Eléctrica de Cádiz en la lucha contra la pobreza energética en la ciudad de Cádiz. Debido a la regulación del sector eléctrico, la distribuidora no puede repercutirlo en la factura porque es el Gobierno central quien establece sus tarifas.
El 30 de octubre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz votó por unanimidad a favor de la creación de un bono social especial que sería comercializado por Eléctrica de Cádiz y a favor de la creación de la Mesa contra la Pobreza Energética, donde las organizaciones participaran en la elaboración de cómo sería el bono social gaditano. Fruto del trabajo de esta mesa, en la que participaron organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, Asociación Pro Derechos Humanos, la Asamblea San Mateo 15M, personas en situación de pobreza y representantes políticos.
Colaboró también en la propuesta el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos industriales de la ciudad, a través de un estudio sobre consumo energético en familias vulnerables de la ciudad. Y una vez se cerró, el Gobierno Municipal encargó un informe jurídico externo para asegurar la legalidad de la propuesta, y otro a la Gerencia de Eléctrica de Cádiz para identificar las necesidades técnicas para su puesta en marcha.
Ambos informes esclarecen la mejor vía para poner en marcha el bono social gaditano. La necesidad del bono social se deriva de que en la ciudad de Cádiz el 80% de las familias del municipio tienen su suministro eléctrico con la eléctrica municipal, una empresa mixta de la que el Ayuntamiento tiene el 55% (Eléctrica de Cádiz) y que, debido a la regulación del Gobierno, no puede ofrecer el bono social estatal. El Real Decreto Ley 17/2016 aprobado por el Gobierno del estado mantiene que sólo las comercializadoras de referencia pueden facilitar el bono estatal, por lo que, según el alcalde de la ciudad, José María González, “sigue plenamente justificada la puesta en marcha del bono social gaditano”.
El bono social gaditano sería financiado con una donación voluntaria de la suministradora de 600.000 euros, cuyos beneficios anuales oscilan entre los 8 y 10 millones de euros, y que en 2016, según informes preliminares, obtendrá unos beneficios extraordinarios de más de 15 millones de euros. El Gobierno Municipal estima que con esta suma se aseguraría el acceso a la energía a 2.000 familias en situación de vulnerabilidad.
El alcalde ha destacado que la prioridad del Ayuntamiento de Cádiz es “proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Cádiz y hacer todo lo que pueda para asegurarles una vida digna”. “Como socio mayoritario de Eléctrica de Cádiz, los representantes de este Ayuntamiento tienen la obligación moral de adoptar las medidas que consideren necesarias para asegurar el acceso al suministro eléctrico”, ha añadido.
El Gobierno local lamenta que el portavoz del grupo municipal Partido Popular, Ignacio Romaní, utilice el tema del bono social para arremeter contra el Equipo de Gobierno y lanzar “afirmaciones falsas y manipuladas”. En este sentido, el equipo de Gobierno acusa al edil popular de mentir cuando dice que con el anterior Gobierno municipal no se producían cortes de luz, y también de manipular la verdad cuando afirma que el informe de la gerencia de Eléctrica de Cádiz está lleno de dudas sobre su viabilidad.
“Decir esto supone una manipulación pura y dura de la verdad, ya que este Equipo de Gobierno encargó a la Gerencia de Eléctrica de Cádiz un informe para prever las necesidades técnicas de la puesta en marcha del bono social, y lo hizo, como es evidente, antes de su aprobación para tener toda la información necesaria sobre la mesa. Todo lo que plantea el informe es gestionable. Hay que aclararle al señor Romaní que a esto se le llama responsabilidad y previsión”.
A lo que añaden que previsión y responsabilidad fue también solicitar al Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros técnicos Industriales de Cádiz un estudio sobre consumo energético en familias vulnerables de Cádiz, para bonificar la energía y la potencia justas.
Igualmente, el Gobierno local critica a Ignacio Romaní por “mentir de esa forma tan descarada a la ciudadanía afirmando que con el anterior equipo de gobierno no se producían cortes de luz”, recordándole que, cuando ellos gobernaban existía, al igual que ahora, “una comunicación directa y permanente entre la Delegación de Asuntos Sociales y Eléctrica de Cádiz para evitar los cortes de luz, ante la petición de ayuda de familias”.
Asimismo, ante la enunciación del portavoz del PP local de que “para pagar la luz a quienes más lo necesitan no es necesario un bono social”, el Equipo de Gobierno sostiene que sí lo es para “evitar la mendicidad energética”. “Para dignificar la situación de las familias, sí. Porque con el bono social gaditano, a diferencia de las ayudas puntuales de Asuntos Sociales, se asegurará el suministro a las familias de seis meses a un año, en función de la situación de la familia, y se podrá renovar anualmente. Lo que significa –añaden- que las familias no tendrán que ir cada mes a pedir ayudas a Asuntos Sociales, a Cáritas, a Cruz Roja, o a las ongs, porque se asegurará a las familias el acceso a un suministro energético básico”.
Además, el Equipo de Gobierno lamenta también que Romaní mienta cuando dice que el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE han aprobado un bono estatal. “El dudoso mérito del Gobierno actual es la aprobación de un Real Decreto Ley 7/2016 por el que modifica el sistema de financiación de un bono social que estaba en marcha desde 2009, (año en el que lo creó el PSOE), y también añadir un apéndice para evitar los cortes a vulnerables severos. El resto de potenciales cambios o mejoras no aparecen en el Real Decreto Ley, por lo que no están sobre la mesa”.
Al respecto, desde el Gobierno local acentúan que ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha aprobado “un mecanismo por el que Eléctrica de Cádiz tiene que pagar 530.000 euros anuales por un bono social que no puede ofrecer a sus clientes, puesto que sólo lo pueden ofrecer las comercializadoras de referencia”. “Por eso –agregan-, debemos poner un bono social propio en macha. Y quienes no nos crean, que consulten la hemeroteca y vean el contenido del Real Decreto Ley 7/2016”.
Respecto a los beneficios, aclaran que la financiación del bono social gaditano provendrá de los beneficios de la suministradora, como donación voluntaria de menos de un 7% de los mismos al año “con lo que no sólo será el Ayuntamiento de Cádiz el que invierta en las familias vulnerables gaditanas, sino también el resto de socios de Eléctrica de Cádiz, es decir, Endesa y Unicaja”.
Y asimismo explican que con el bono, el Ayuntamiento mantendrá una partida para el pago excepcional de facturas a familias en situación de vulnerabilidad, pero con el bono lo que se asegurará es que las familias vulnerables de Cádiz dejen de mendigar por ayuda, mes tras mes. “Se trata de asegurar un derecho y dignificar su situación, y de hacerlo con la colaboración solidaria de los socios de Eléctrica de Cádiz”, subrayan.
Recuerdan que Eléctrica de Cádiz son dos empresas. La comercializadora, que tiene unos beneficios anuales de entre 700.000 y 1.600.000 euros anuales, y la suministradora, cuyos beneficios oscilan entre los 8 y los 11 millones anuales. “Lo que hoy se vota es que se ponga en marcha un bono social que sea costeado por la suministradora, que tiene diez veces más beneficios que la comercializadora. Y además, no lo puede imputar en la factura, porque sus tarifas están estipuladas por el Gobierno central”, explican desde el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Cádiz.
