La
Inspección de Trabajo y Seguridad Social envió ayer, a petición del
consejero de Empleo, Antonio Fernández, a dos inspectores a la
Clínica San Rafael, en Cádiz, que obliga a sus enfermeras y auxiliares a llevar falda,
lo que les supone un plus económico. Los inspectores determinarán "si la actitud denunciada por el comité de empresa a través de los medios de comunicación podría ser una infracción en el ámbito laboral", dice un comunicado de la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz.
"Esta actuación de la Inspección, de oficio, ha sido promovida por Empleo tras tener conocimiento de los hechos mediante los medios, ya que no consta denuncia previa alguna ni ante la Consejería ni ante la propia Inspección", dice el comunicado. Los inspectores se han reunido con los directivos de la clínica, así como con la presidenta del comité de empresa, que han sido además citados para la próxima semana con el fin de tener una entrevista de mayor profundidad. "Una vez que se tomen las conclusiones pertinentes, la Inspección elaborará un informe donde determinará si se ha actuado de forma ilegal, en cuyo caso se determinará la sanción correspondiente". La Inspección está adscrita al Ministerio de Trabajo, aunque está coordinada por la Consejería de Empleo, autoridad competente en materia laboral y responsable de establecer las sanciones en la materia.
El parlamentario andaluz de Izquierda Unida en funciones, Ignacio García, abrirá la legislatura parlamentaria con dos iniciativas dirigidas a las consejerías de Salud y de Igualdad y Bienestar Social para que intervengan ante la actitud de la
empresa Pascual obligando a enfermeras, auxiliares clínicas y limpiadoras de todo el grupo a utilizar falda como parte del vestuario de trabajo. En espera de la constitución oficial de la Cámara andaluza,
el diputado regional por Cádiz ha remitido sendos escritos a las consejeras en funciones de Salud y de Igualdad y Bienestar Social, María Jesús Montero y Micaela Navarro, respectivamente, para que tomen cartas en el asunto ante lo que tacha de “claro sexismo de la principal empresa hospitalaria concertada por el Servicio Andaluz de Salud en la provincia”.
Ignacio García denuncia la actitud de la empresa Pascual, que ha llegado a retirar complementos salariales a aquellas empleadas que, contrariando la normativa del hospital, se han decidido a utilizar pantalones como parte de su vestuario de trabajo.
El parlamentario de Izquierda Unida califica la situación como “sexista e intolerable para una empresa que subsiste prácticamente con los conciertos con la Junta de Andalucía”. Asimismo, considera que se trata de un “incumplimiento flagrante de la Ley de Igualdad y una discriminación intolerable hacia el género femenino”. Izquierda Unida solicita la intervención de la Junta de Andalucía para que se racionalicen las normas sobre vestuario de la empresa hospitalaria y para que se restituyan las cantidades retraídas a las empleadas alegando desobediencia a la normativa por parte de la dirección de Pascual.
A juicio de García, “en caso de que la empresa se niegue a modificar esta normativa, la Junta debería aplicar la correspondiente sanción como falta grave o bien revisar el concierto establecido con los hospitales de Pascual en Cádiz”. El diputado afirma que es “incomprensible que el SAS descanse en la provincia de Cádiz en una empresa con actitudes de este tipo, con una clara filosofía machista incompatible con las administraciones públicas”.
