Más poder para los ayuntamientos: el derribo express

Estarán a dos velas, pero los ayuntamientos tienen la sartén por el mango. Desde hoy podrán iniciar procedimientos de demolición de obras ilegales por vía de urgencia e imponer sanciones que impidan el beneficio económico de los infractores. Estas son dos de las principales novedades del Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por el Gobierno andaluz, una norma pionera en España que refuerza las competencias municipales en esta materia y faculta a los consistorios para agilizar la respuesta a las ilegalidades. Es decir, que el alcalde de Chiclana, José María Román, por ejemplo, ya puede meter mano a la abultada lista de edificaciones no legalizables. O Enrique Moresco, que también tiene unas cuantas en El Puerto de Santa María.

El reglamento, elaborado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, permitirá a los ayuntamientos y a la propia Junta incrementar la agilidad y la seguridad jurídica tanto en el aspecto preventivo y de detección de las infracciones como en la tramitación de los procedimientos y en la adopción de medidas disciplinarias. El novedoso 'derribo express', fijado para actuaciones de urbanización o edificación manifiestamente ilegalizables, posibilitará a los ayuntamientos iniciar y concluir un procedimiento de demolición en el plazo de un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente, lo que supondrá una reducción de hasta once meses respecto al actual periodo ordinario de tramitación. Juan Espadas ha defendido que el objetivo es actuar con "rapidez" con vistas a "evitar que lo que hoy es un movimiento de tierra pueda ser en 12 meses una vivienda habitada".

Reflexión y análisis

Pedro de Tena, en la revista digital Por Andalucía Libre, analiza el Plan de Vivienda de la Junta, cuyo acuerdode financiación, por 9.550 millones de euros, fue firmado ayer por el presidente Chaves con representantes de 33 entidades financieras: "Los andaluces que viven en peores condiciones o no hayan tenido estabilidad en su renta desde hace tres años no tendrán acceso al nuevo Plan de la Vivienda acordado entre la Junta de Andalucía, las Cajas y los Bancos. En este acuerdo se fija una condición "objetiva" para poder acceder al préstamo hipotecario: que la familia adquirente de la vivienda mediante el préstamo hipotecario disponga como mínimo de 600 euros al mes para vivir, una vez descontadas las deudas financieras de otros préstamos y la letra de la hipoteca que se pide. Es decir, para la compra de una vivienda normal, de entre 20 y 30 millones de pesetas(120.000-180.000 euros), una familia deberá acreditar al menos unos ingresos mínimos de 1.500 euros. O sea, que los más necesitados no se benefician de este Plan...." (Más en PAL)

Los problemas del alquiler

El secretario general de La Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, principal organismo independiente de arbitraje institucional en España, considera que el problema de fondo del mercado de alquiler es la inseguridad jurídica que restringe la oferta, "un problema que no sólo se soluciona con las deducciones fiscales y ayudas directas al alquiler anunciadas hoy por el Gobierno". Alquilar una vivienda es un tremendo riesgo y los tribunales están llenos de pleitos. Mario Navarro Rubio, máximo responsable de la Corte de Arbitraje, cree en todo caso que las medidas son positivas, ya que constituyen "la apuesta más valiente, concreta y creíble" del gobierno socialista en materia de vivienda. "Lo bueno de estas medidas es que tienen el respaldo de Solbes, lo malo es que son insuficientes para solucionar el principal problema que es la inseguridad jurídica y ha provocado que más de 3 millones de viviendas se encuentren todavía cerradas", explicó Navarro Rubio.
En este sentido, la Corte de Arbitraje tiene previsto enviar al Ministerio de Vivienda esta misma semana, a petición de este departamento, una propuesta de colaboración escrita para solucionar el principal problema del alquiler que es la inseguridad jurídica. Mario Navarro considera que la actividad que realiza la Corte de Arbitraje y los 3.300 profesionales que actualmente lo respaldan es, junto a las medidas previstas en el Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler, "la combinación perfecta para solucionar el problema de oferta que actualmente sufre nuestro mercado de alquiler".

ACERCA DE LA CORTE DE ARBITRAJE ECONÓMICO DE DERECHO Y EQUIDAD

La Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad es el principal organismo de arbitraje institucional en la aplicación de esta nueva modalidad de justicia en España, logrando desde su creación en 1.999 la finalización con éxito de un total de 6.800 sentencias arbitrales. Para impulsar definitivamente este nuevo sistema jurisdiccional como el método más eficaz, rápido y menos costoso de obtener justicia firme, La Corte de Arbitraje ha desarrollado diversos marcos jurisdiccionales específicos para la solución rápida por medio del sistema arbitral aquellos conflictos donde la institución ha detectado mayor demanda social:

· Garantía de Alquiler: destinado a todo tipo de inmuebles destinados a arrendamiento y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las cláusulas del contrato firmado.

· Comunidades de Propietarios: destinado a la solución de conflictos entre los miembros de una misma comunidad de vecinos o entre diferentes comunidades por medio de la vía arbitral.

· Garantía Inmobiliaria: destinado a la solución de conflictos entre particulares y profesionales inmobiliarios derivados del incumplimiento de las condiciones pactadas previamente en la fase de compraventa de inmuebles.

La aportación que la Corte de Arbitraje realiza por la mejora del acceso a una justicia rápida y eficaz para los ciudadanos ha sido reconocida por diversas instituciones de relevancia nacional e internacional. El Banco de España propone la alternativa a la justicia arbitral administrada por la Corte de Arbitraje como "una de las medidas más efectivas para reducir notablemente los plazos para ejecutar un desahucio", mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha apoyado expresamente aquellas iniciativas de carácter privado destinadas a la mejora de la eficacia y transparencia del mercado inmobiliario en España". La Corte de Arbitraje presta un importante servicio al colectivo profesional, consiguiendo en su trayectoria la confianza de más de 3.200 agencias de intermediación inmobiliaria en toda España, lo que supone alrededor de un 10% del conjunto de empresas del sector. Por su parte, más de 150.000 ciudadanos incorporaron la cobertura de Garantía de Alquiler a sus contratos de arrendamiento durante el último año.