Desde enero del año pasado la Guardia Civil ha realizado 3.041 intervenciones en materia de construcciones ilegales en Andalucía, con 673 personas puestas a disposición judicial en calidad de detenidas o imputadas tras las diligencias abiertas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Por otro lado, han sido localizadas 3.343 urbanizaciones y viviendas en situación irregular en los 164 municipios afectados, donde la Guardia Civil ha intervenido en coordinación con la Fiscalía de Medioambiente, habiéndose contabilizado 679 parcelaciones ilegales.En la demarcación territorial de la Comandancia de Cádiz el SEPRONA ha registrado 211 intervenciones, con 214 personas detenidas e imputadas.
De la misma manera, en esta Comandancia se ha intervenido en 21 municipios, con 231 urbanizaciones y viviendas en situación irregular, así como con 51 parcelaciones ilegales.
Irregularidades de todo tipo
De las innumerables actuaciones de la Guardia Civil se desprende que existe un sinfín de anomalías asociadas a las construcciones ilegales: crecimiento irregular y a espaldas de la Ley; degeneración de espacios protegidos y daño al medioambiente; defraudaciones de luz y agua; estafas; evasión de impuestos; daños colaterales imprevisibles; proliferación de espacios dedicados a residuos incontrolados, etc. Las construcciones ilegales detectadas no están acogidas a los planes urbanísticos de los Ayuntamientos donde se está intervenido. En algunos casos han sido los propios consistorios los que han pedido la intervención de la Guardia Civil. Algunas de estas viviendas toman la luz de líneas en mal estado, con el consiguiente riesgo para la población: cables sueltos, sin garantías de seguridad, propicios para provocar incendios forestales, etc. En cuanto al agua, los parcelistas la extraen de pozos sin autorización y con el consiguiente daño para los acuíferos andaluces.
Estas casas han sido construidas en espacios protegidos. Otras, en terrenos de uso ganadero, forestal, en zonas de servidumbre, etc. Incluso, se ha detectado alguna construcción en terrenos muy próximos al Coto de Doñana.Edificaciones realizadas sin licencia de obra, sin los visados y supervisión del Colegio de Arquitectos, etc. En definitiva, a espaldas de la Ley.
Parte de estas construcciones han nacido en espacios catalogados como de especial riesgo en el Plan Infoca, con el consiguiente riesgo para la población en caso de incendio forestal.
En coordinación con todas las administraciones
Las actuaciones de la Guardia Civil en materia de construcciones ilegales se están realizando en coordinación con las distintas Fiscalías de Medioambiente de Andalucía, instruyéndose diligencias por supuestos delitos contra la ordenación del territorio. De la misma manera, el SEPRONA está trabajando en estrecha colaboración con los Ayuntamientos afectados y con la Junta de Andalucía en aquellos aspectos en los que las distintas competencias les afectan a estas administraciones.
En otro orden de cosas, también se están realizando estas intervenciones con otras administraciones implicadas ante estos ilícitos penales y administrativos: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Minas, Agencia Tributaria, etc.En definitiva, actuaciones de la Guardia Civil que están derivando en intervenciones judiciales y administrativas con paralización de obras, precintando de parcelas, inspecciones tributarias, etc.
Actuaciones más destacadas en la Comandancia de Cádiz
El último caso más significativo ha sido en la sierra de Cádiz, donde la Guardia Civil, en el marco de la Operación “Pinsapar”, pusieron a disposición de la Autoridad Judicial a cinco personas, una de ellas arquitecto del municipio afectado, por los delitos de contra la ordenación del territorio, falsedad documental y cohecho.
Por otro lado durante el pasado mes de agosto, efectivos de la Guardia Civil de Cádiz llevaron a cabo un servicio en un municipio de la comarca de la Janda, a fin de atajar las prácticas de parcelaciones ilegales en un núcleo rural. Como consecuencia de dicho servicio se levantaron un total de 27actas por supuestas infracciones a las leyes sobre Ordenación del Territorio y sobre Ordenación Urbanística.
Estas actuaciones han corrido a cargo del Servicio de Protección de la Naturaleza y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz., que también ha contado con el apoyo y colaboración de la Unidad de Helicópteros de este Cuerpo.
Las relaciones entre PSOE y PP están desde ayer al rojo vivo en Cádiz. Veinticuatro horas antes de que Chaves visite hoy la provincia para prestar su apoyo directo a la candidata de Jerez, Pilar Sánchez, el Partido Popular formuló ayer duras acusaciones de corrupción contra los socialistas en la mayoría de los municipios donde gobiernan. Las denuncias, hechas ayer por el presidente del PP gaditano, el abogado José Loaiza, generaron una gran tormenta política y la reacción fulminante del secretario provincial de los socialistas y presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña, quien retó a Loaiza a que “si tiene el más mínimo indicio o pruebas de delitos urbanísticos cometidos en municipios de la provincia de Cádiz, acuda a la Fiscalía, como han hecho los socialistas en el caso de Grazalema que ha dado lugar a la operación Pinsapar”. Cabaña hizo llegar a los periodistas su profundo malestar por la rueda de prensa de Loaiza, quien según varias fuentes, podría ser el próximo candidato del PP a presidir la Diputación Provincial.
