El Grupo Parlamentario Popular en el Senado solicitará hoy lunes ante el registro de la Cámara, la comparecencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Caldera, para que explique el contenido de la Operación Karlos, iniciada por la Guardia Civil en Cádiz contra el fraude en las pensiones de la Seguridad Social. “El ministro dijo en el Senado, y quedó registrado en el acta de la sesión, que comparecería una vez que se levantara el secreto del sumario, pues bien, eso ya ha ocurrido y antes de seguir enterándonos con cuentagotas de los detalles de este fraude, queremos que el ministro lo explique”, afirmó el senador del PP por la provincia de Cádiz, José Blas Fernández. Caldera se aferró al secreto sumarial y limitó sus declaraciones ante el pleno del Senado. La noticia la adelantó ayer EL MUNDO DE ANDALUCIA.
Paralelamente, el senador tramitará también hoy la petición de comparecencia del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, para que explique la Operación Halcón, que desde marzo de 2005 mantiene abierta la Agencia Tributaria en Cádiz. El fraude fiscal descubierto por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente de la agencia estatal, afecta hasta ahora a 240 empresas y supera los 60 millones de euros. La difusión del caso, tal como adelantó este pasado viernes EL MUNDO, ha provocado que, voluntariamente, un buen número de empresas haya regularizado su situación ante Hacienda, que ha ingresado ya más de 3 millones de euros.
Según el senador, “esta brillante operación del Servicio de Vigilancia Aduanera merece ser explicada ante la Cámara por el ministro, pero también queremos saber si en el curso de las investigaciones, al igual que se detectó una trama fraudulenta en las certificaciones de incapacidades, algunas informaciones periodísticas apuntan ahora que podría haber derivaciones políticas relacionadas con el urbanismo en la provincia”. José Blas Fernández considera que “si hay materia y argumentos para una tercera operación, aunque tenga implicaciones políticas, debe acometerse de inmediato, lo contrario sería muy sospechoso. Personalmente, a juzgar por lo que se va conociendo de ambos casos, creo que hay razones para sospechar de una trama política tras todo esto”.
El senador no ocultó ayer su “gran inquietud” por la polémica desatada en Jerez tras conocerse que uno de los implicados en la Operación Karlos, el intermediario y empresario José Luis López, “el Turronero”, medió en la venta de terrenos para la instalación en la ciudad de la multinacional Ikea. Las buenas relaciones entre López y el ex alcalde de Jerez, hoy delegado de Urbanismo, Pedro Pacheco, no son ocultadas por éste último, que defiende la limpieza de su actuación en este asunto concreto.
En las actuaciones judiciales de la Operación Halcón, según publicó ayer Diario de Jerez, se produce una conversación entre el presunto cerebro de la trama de facturas falsas, Carlos Carretero, y su secretaria y colaboradora, Elisa Calvente, donde se hace referencia a una operación supuestamente relacionada con los terrenos objeto de polémica. Esta mediación de Carretero y de José Luis López, a juicio del senador, crean una sombra de duda en el caso. Los servicios jurídicos del PP estudian personarse en ambos casos ante las posibles derivaciones políticas que pudieran tener.
La decisión última la adoptará esta próxima semana el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, quien admite, tal como el senador, estar “muy preocupado” por todo lo que se está publicando al respecto. El Consejo de Ministros aprobó este pasado viernes un Real Decreto que fija la planta de fiscales para el año 2006 y la inversión de siete millones de euros para ejecutar la remodelación que va a suponer la incorporación de 100 plazas al Ministerio Público. Una de esas novedades es la asignación a Cádiz de un fiscal delegado de la Fiscalía Especial para la represión de delitos económicos relacionados con la corrupción. El senador José Blas Fernández afirmó ayer que “lo importante ahora es que los plazos no se alarguen y el fiscal sea nombrado, además de que cuente con medios suficientes para desarrollar su misión”.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El Ayuntamiento de Ubrique, gobernado por PA y PP, ha anunciado que la semana próxima constituirá una comisión de investigación sobre las actividades del ex jefe de la Policía Local, Carlos Carretero Mañez, actualmente en prisión y señalado por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de Cádiz como el presunto cabecilla de la doble trama fraudulenta, la de las pensiones y la de las facturas falsas en el sector de la piel. En el caso se personaron tanto el Servicio Andaluz de Salud (SAS) como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por lo que las administraciones autonómica y central ya conocen el alcance del caso y el contenido de las actuaciones judiciales, actualmente en fase de diligencias previas e instruyéndose en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Cádiz y Número 2 de Jerez.
TRAMA DE FONDOS DE FORMACIÓN
El senador denunció ayer la actitud el Gobierno en relación a una rueda de prensa, “ofrecida el pasado 21 de febrero por el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo y el coronel de la Guardia Civil, Antonio Dichas, imputando a una inspectora laboral en la red de una estafa de Fondos de la Unión Europea”. Según el senador, “en ella se dijo que la operación estaba abierta y que había ya nueve detenidos”. El senador señaló ayer que el Ejecutivo niega ahora tener “una grabación institucional en la que se pueda probar que se hizo esa imputación contra la inspectora, a pesar de las fotos de la rueda de prensa, a la que acudieron numerosos medios”. José Blas Fernández se pregunta “¿cómo es esto posible? ¿cómo se puede hacer una rueda de prensa con imputaciones muy graves, pese a que que en el día de hoy hay aperturadas diligencias en los juzgados y decir que no se grabó nada?”.
A juicio de José Blas Fernández, las instituciones deben cuidar estos aspectos y guardar las grabaciones “sobre todo cuando se lanzan imputaciones que afectan al prestigio de las personas”. En la rueda de prensa se informó que había detenidos en las provincias de Cádiz, Sevilla, Murcia y Granada y que se encontraba imputada una inspectora de Trabajo de la plantilla de Cádiz”.
