Cuando Felipe González llegó a La Moncloa, encargó que se hicieran auditorias de todas las empresas públicas durante el mandato de la UCD. Se hicieron más de sesenta, pero los resultados no terminaron siendo los esperados por los socialistas. Fueron las conocidas como “auditorias de infarto”, que se quedaron en nada. Con la vuelta al poder del PSOE en 2004, el ministro de Economía, Pedro Solbes, renovó a los responsables de las sociedades públicas y consorcios estatales, pero no hubo auditorias de infarto, solo las habituales de cada ejercicio. Fue un cambio tranquilo, excepto en Cádiz, donde el PSOE andaluz, informado por los socialistas gaditanos, creyó ver en la Zona Franca de Cádiz un auténtico filón para desgastar al PP y a Teófila Martínez, alcaldesa de la ciudad y presidenta del consorcio estatal. (EL MUNDO DE ANDALUCÍA PUBLICÓ AYER UNA AMPLIA INFORMACIÓN SOBRE ESTE ASUNTO, SOBRE EL QUE HOY HABRÁ EN CÁDIZ UNA RUEDA DE PRENSA)Fuentes de la ejecutiva federal socialista admiten que Solbes no mostró entusiasmo con la decisión, pero el partido en Cádiz impuso su criterio y otorgó crédito a la estrategia ideada por los socialistas gaditanos. Economía tiene a su cargo las zonas francas de toda España y por lo tanto, son de su responsabilidad política y administrativa.
La estrategia se basó en dos pilares sobre los que el PSOE, más exactamente su portavoz municipal y diputado, Rafael Román, cimentaría su crítica política contra Teófila Martínez: el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador bajo la órbita política y los juzgados, a raíz del informe de dicho órgano. El primer informe del Tribunal de Cuentas, sobre la gestión de Manuel Rodríguez de Castro (el primer delegado de ZF bajo mandato del PP), fue contundente y dejó en entredicho su gestión por variadas razones económicas y de procedimiento administrativo, lo que llevó a renunciar al cargo. El gestor había contado con el apoyo y la confianza de Teófila Martínez quien, hasta que no comprobó que lo que le contaban parecía ser cierto, no retiró su apoyo público, y el del PP, a Rodríguez de Castro, quien no obstante se jacta de mantener “amistad” con la alcaldesa gaditana. El PSOE comprobó que, pese a la tremenda polvareda política y mediática, la polémica apenas influyó en el electorado en las últimas elecciones locales, pero siguió y propició en el Congreso, con el apoyo de los nacionalistas catalanes, que el Tribunal de Cuentas investigara también la etapa de gestión (2000 a 2004) de Miguel Osuna, hoy inspector de Hacienda en ejercicio, ex subdelegado de Gobierno, que sustituyó a Rodríguez de Castro como delegado de la ZF gaditana.
Ayer lunes 4, concluyó el plazo concedido por el tribunal a la ZF y a Osuna para que presentaran alegaciones al anteproyecto de este segundo informe. En el documento se detectan fallos que Osuna niega y atribuye a que el tribunal “no ha recibido todos los documentos” por parte de los actuales gestores socialistas del consorcio estatal. Osuna defiende en sus alegaciones que intentó enderezar la situación, que él planificó la mayoría de las inversiones industriales e inmobiliarias que ahora ejecuta el PSOE e hizo lo posible para ‘paliar’ –usando un término suave- los ‘efectos’ de la gestión de su antecesor, hoy próspero ejecutivo de un influyente grupo mejicano.
PRISA
Pero el caso, en su vertiente judicial, ya no está tan claro para el PSOE. La prisa por elaborar un informe -la auditoria sobre Rilco, la Red Iberomericana de Logística y Comercio (una de las ocho empresas de la Zona Franca)- pueden llevar a un serio aprieto judicial al PSOE gaditano, en especial al delegado del consorcio estatal, José de Mier. En su primer informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas exigió la elaboración de una auditoria sobre la gestión de Rilco, previa a la interposición de cualquier demanda contra los dos ex delegados, Rodríguez de Castro y Osuna.
Miguel Osuna cree que “alguien”, en “un exceso de prepotencia” pudo filtrar datos a la prensa de esa auditoria antes de que ni siquiera se hubiera encargado. “El informe tenía que hacerse a toda prisa y sus resultados debían ser los apropiados para basar las demandas”. Osuna alega que, en virtud de esas informaciones, parece que hubo “un informe inicial” interno, realizado por técnicos de la Zona Franca, cuyas conclusiones “casualmente coinciden con las de los profesores que recibieron luego el encargo”. Según Osuna, ése informe preliminar habría sido entregado a los docentes entre los documentos para realizar su auditoria tecnológica sobre Rilco. El ex delegado añade que “en la contratación del supuesto informe ni se cumplieron las normas de contratación del consorcio ni la vigente Ley de Contratos del Estado”.
UN INFORME ‘A MEDIDA’ QUE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA NIEGA HABER HECHO
Osuna sospecha que el informe de Rilco pudo ser amañado y ya no se basa en conjeturas, sino en las declaraciones de los dos docentes de la Universidad de Sevilla ante el juez instructor del caso. El ex delegado, que mañana comparecerá en rueda de prensa, dice que “no es posible entender que EL PAIS, la SER y Diario de Cádiz publicaran en marzo de 2005 los resultados de dicho informe, un mes antes de que recibieran el encargo. Alguien se ha pasado de listo y puede haber incurrido en un grave delito”. El diario de Prisa tituló entonces: “La Zona Franca pagó 6,8 millones por un material informático que solo cuesta 2 millones” atribuyendo su fuente a “un peritaje realizado por un departamento de la Universidad de Sevilla”.
Los profesores no solo niegan ser los responsables de la filtración, sino que declaran ante el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz que, hasta la firma de un convenio marco con la Universidad de Sevilla por parte de la Zona Franca (el 3 de mayo de 2005), “no hubo ni borrador, ni metodología, ni conclusiones previas” calificando como “imposible” que los datos publicados en los tres medios fueran suministrados por ellos. El convenio era una condición previa impuesta por los profesores y común en muchas universidades españolas para facilitar la realización de investigaciones e informes por parte de su personal docente.
Osuna alega además que, tras tener acceso a la documentación, se comprueba que el informe (firmado el 30 de junio de 2005) “no va en papel de la Universidad, ni lleva sello de salida del registro, aunque sí el de entrada en Zona Franca, el 8 de julio de ese mismo año. Para colmo la Universidad de Sevilla negó ante el juez que desde algún departamento se hubiera realizado ninguna auditoria informática ni informe sobre Rilco”. Pero sí existe un informe de la Universidad, en este caso redactado y rubricado por los profesores Manuel García y Francisco Pérez y presentado como testimonio pericial ante el Juzgado de Instrucción Número 4. “Las diferencias saltan a la vista”, dice Osuna. De los dos profesores a los que De Mier encargó el informe, pertenecientes al Departamento de Organización de Empresas de la Hispalense, “solo uno había realizado antes una auditoria tecnológica e hicieron su informe con los datos que les facilitó la Zona Franca, entre los que faltaba documentación esencial”.
En cambio, el segundo informe aportado ahora al juez fue encargado por los órganos rectores de la Universidad de Sevilla. Francisco Pérez, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Manuel García es el jefe del Área de Servicio de Informática y Telecomunicaciones de la Hispalense, y uno de los creadores del portal de la propia universidad. “Ambos poseen experiencia en el campo de valoración de proyectos de nuevas tecnologías y además han valorado el proyecto con las tarifas que, para proyectos informáticos, aplicó la Junta de Andalucía en 2001, aun cuando las características de Rilco suponen que el coste es muy superior a la de la tarifa de nuestra Administración autonómica”, expone Osuna.
EL EFECTO MARIPOSA
Con el tiempo, el PP local y el equipo de gobierno gaditano han pasado al pragmatismo y modulado su respuesta a los ataques del socialista José de Mier, actual delegado de la Zona Franca. La razón principal es que el consorcio y el ayuntamiento se necesitan, tienen que estar en sintonía para impulsar importantes acuerdos urbanísticos. Osuna no está solo, cuenta con el apoyo del número dos andaluz del PP, Antonio Sanz, convencido de la operación política del PSOE y de que el ex gestor probará su inocencia.
Aceptar la estrategia de los socialistas gaditanos de acosar a Martínez no trae beneficios al PSOE, porque la alcaldesa, aparentemente, sigue fuerte en las encuestas. Pero la espiral va en aumento día a día y todos están nerviosos por el informe de los profesores de Sevilla, una auditoria que iba a ser de infarto para el PP, pero que puede volverse ahora contra el propio PSOE. Osuna dice que “es el efecto mariposa, porque alguien aleteando en Cádiz puede provocar un terremoto en Sevilla y Madrid”.
