EL MUNDO DE ANDALUCIA publica hoy que unos desconocidos apalearon en la madrugada de ayer a un perro hasta causarle la muerte en la clínica veterinaria de la entidad local autónoma de San Martín del Tesorillo, que depende del ayuntamiento de Jimena de la Frontera, poblaciones ambas del Campo de Gibraltar. El titular de la clínica, el veterinario Joaquín Sánchez Ríos, de 50 años (con 25 en ejercicio) viene denunciando frecuentemente supuestas irregularidades urbanísticas en el municipio de Jimena (gobernado por el PSOE) y su entidad local autónoma, San Martín del Tesorillo (PP), d
onde reside este profesional junto a su mujer y tres hijos. El perro, de nombre Shadow, pertenece a una familia británica que lo había entregado en custodia al veterinario mientras hacían unas gestiones, y los hechos pudieron ocurrir entre las dos y las ocho de la mañana de ayer. El veterinario informó de todo lo sucedido a una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar tras recibir el aviso desde la clínica.
El asunto provocó ayer gran preocupación en la familia del veterinario, que en los últimos meses ha criticado abiertamente asuntos urbanísticos en la zona. La pasada semana, el alcalde de Jimena, Ildefonso Gómez (del PSOE) le retiró las competencias urbanísticas a la alcaldesa delegada de San Martín del Tesorillo, Belén Jarillo (PP), ante la sospecha de graves defectos en la tramitación de documentos y licencias urbanísticas en dicha entidad local autónoma. De momento, las sospechas se centran en casi una treintena de expedientes. Semanas antes, la alcaldesa Jarillo había denunciado al socialista Ildefonso Gómez por prevaricación, por lo que el clima de enfrentamiento político entre sociali
stas y populares es total. El veterinario ha formulado acusaciones contra el ex alcalde de San Martín del Tesorillo, el socialista Juan Solís y la actual alcaldesa, Belén Jarillo.
Joaquín Ramírez –“desgraciadamente sin pruebas aún de mis sospechas”- pidió a los dos agentes del Seprona que extremen “el celo” ante la investigación, ya que teme por su propia integridad física. “Aquí todo ha cambiado con tantas operaciones Malaya y Ballena Blanca, está pasando algo muy raro y delicado”. El veterinario vincula los hechos a su actitud crítica con el urbanismo local. “Rotundamente sí, porque de otra forma no se entiende un acto tan salvaje”, declaró ayer.
onde reside este profesional junto a su mujer y tres hijos. El perro, de nombre Shadow, pertenece a una familia británica que lo había entregado en custodia al veterinario mientras hacían unas gestiones, y los hechos pudieron ocurrir entre las dos y las ocho de la mañana de ayer. El veterinario informó de todo lo sucedido a una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar tras recibir el aviso desde la clínica.El asunto provocó ayer gran preocupación en la familia del veterinario, que en los últimos meses ha criticado abiertamente asuntos urbanísticos en la zona. La pasada semana, el alcalde de Jimena, Ildefonso Gómez (del PSOE) le retiró las competencias urbanísticas a la alcaldesa delegada de San Martín del Tesorillo, Belén Jarillo (PP), ante la sospecha de graves defectos en la tramitación de documentos y licencias urbanísticas en dicha entidad local autónoma. De momento, las sospechas se centran en casi una treintena de expedientes. Semanas antes, la alcaldesa Jarillo había denunciado al socialista Ildefonso Gómez por prevaricación, por lo que el clima de enfrentamiento político entre sociali
stas y populares es total. El veterinario ha formulado acusaciones contra el ex alcalde de San Martín del Tesorillo, el socialista Juan Solís y la actual alcaldesa, Belén Jarillo.Joaquín Ramírez –“desgraciadamente sin pruebas aún de mis sospechas”- pidió a los dos agentes del Seprona que extremen “el celo” ante la investigación, ya que teme por su propia integridad física. “Aquí todo ha cambiado con tantas operaciones Malaya y Ballena Blanca, está pasando algo muy raro y delicado”. El veterinario vincula los hechos a su actitud crítica con el urbanismo local. “Rotundamente sí, porque de otra forma no se entiende un acto tan salvaje”, declaró ayer.
El veterinario afirmó estar “asombrado” por la actitud de la Guardia Civil ya que la pareja del Seprona, según testigos presenciales, le solicitó todo tipo de documentos como cartillas sanitarias, vacunas, chips de todos los perros y e inspeccionaron a otros animales de la clínica como conejos, gatos, hurones, en definitiva me pidieron todo tipo de datos para elevar un informe a la Junta de Andalucía. El veterinario dijo que “gracias a Dios tengo mis papeles en regla y mis clientes son personas de nacionalidad británica o gibraltareña, con una gran cultura de sanidad animal”. El veterinario cree que, además de estos asuntos, la agresión al perro puede ser “un aviso” por haber exigido recientemente que se abra una investigación sobre certificados de vacunas antirrábicas a perros de caza, asunto que ya es conocido por el Colegio Veterinario de Cádiz, según Joaquín Sánchez.
VACUNAS
El veterinario sospecha que en la comarca del Campo de Gibraltar podría estar dándose un caso similar al ocurrido hace poco en Gran Canaria, donde dos veterinarios fueron detenidos por la Guardia Civil acusados de expedir certificados falsos de vacunas antirrábicas a perros de caza que no habían vacunado ni examinado. Estos dos profesionales canarios actuaban, al parecer, con el consentimiento de los dueños de los perros, que se ahorraban así el precio de la vacuna, unos 20 euros, y apenas pagaban 5 ó 6 por el certificado. La vacuna antirrábica es obligatoria por ley para poder practicar la cacería. De este modo, si algún cazador tenía cinco perros, en vez de pagar cien euros por vacunar sus perros optaba por gastarse 25 ó 30 por los certificados falsos, por lo que es previsible que la Justicia los investigue, según fuentes del instituto armado.
VACUNAS
El veterinario sospecha que en la comarca del Campo de Gibraltar podría estar dándose un caso similar al ocurrido hace poco en Gran Canaria, donde dos veterinarios fueron detenidos por la Guardia Civil acusados de expedir certificados falsos de vacunas antirrábicas a perros de caza que no habían vacunado ni examinado. Estos dos profesionales canarios actuaban, al parecer, con el consentimiento de los dueños de los perros, que se ahorraban así el precio de la vacuna, unos 20 euros, y apenas pagaban 5 ó 6 por el certificado. La vacuna antirrábica es obligatoria por ley para poder practicar la cacería. De este modo, si algún cazador tenía cinco perros, en vez de pagar cien euros por vacunar sus perros optaba por gastarse 25 ó 30 por los certificados falsos, por lo que es previsible que la Justicia los investigue, según fuentes del instituto armado.
