¿Cómo? ¿Que el Gobierno va a penalizar en tiempos de sequía a los ciudadanos que consuman más de sesenta litros diarios por persona? Amosya. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tiene primero que resolver algunos asuntillos pendientes, minucias de nada, antes de cargar sobre los ciudadanos esta cosa del derroche del agua.Hay algunas preguntas que Narbona, antes de meter mano fiscal a los ciudadanos, debería responder o sobre las que, más bien, debería informar. Primero, yo, como ciudadano, quiero saber las pérdidas reales de las redes de abastecimiento de las ciudades (ministra, ¿sancionará a los ayuntamientos? ¿les ayudará en las inversiones necesarias?), de los regadíos (de esto, pregunre a la ministra de Agricultura), el uso de acuíferos en instalaciones de ocio (campos de golf) y, sobre todo, saber qué pasó con las desaladoras, los trasvases, el plan hidrológico, el plan nacional de regadíos...Y tengo más de una doce más de asuntos. ¿Como va a garantizar la ministra que cada ciudadano tenga derecho a sesenta litros por agua al día? Digo agua en condiciones, sin gusarapos.
Una vez que me dé por enterado y satisfecho, hablaremos del Gobierno, de la medida de tocarnos las narices y crearnos un grave problema de conciencia a la mayoría de los usuarios. Pero la pregunta esencial es: ¿tiene el agua que bebemos en España la calidad y las condiciones higiénico sanitarias que establece la legalidad vigente? Ministra, ponga a trabajar a su gabinete de comunicación, o llame al gabinete de la ministra Trujillo, que sabe de crisis.
El Ministerio de Medio Ambiente ha planteado hoy nuevas propuestas de modificación de la Ley de Aguas. En concreto, la reforma del Consejo Nacional del Agua, de forma que esté compuesto exclusivamente por representantes de la sociedad civil -usuarios del agua, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones de defensa del medio ambiente, etc.-, así como la creación de la Conferencia Sectorial del Agua, como órgano de cooperación entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas. Asimismo, el ministerio propone que la legislación garantice a todos los ciudadanos el acceso al agua potable, en una cuantía mínima de 60 litros por habitante y día, a partir de una estructura de tarifas que incorpore un uso eficiente del agua.
