"Marbella es una cuestión de Estado para la Junta de Andalucía y por tanto debemos sacarla de la confrontación política". El presidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves (PSOE), y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), no sólo asumen ese concepto sino que ayer se comprometieron a hacerlo real en una comparecencia conjunta tras un encuentro de trabajo celebrado en Sevilla. Preguntado por elEconomista sobre si la Junta afrontará o asumirá el pago de indemnizaciones derivadas de las expropiaciones de 197 hectáreas del Plan Guadaiza -que afecta a 1.800 propietarios de fincas y otros 300 de urbanizaciones- Chaves no fue del todo claro, y se limitó a afirmar: "Nosotros hemos dicho que estamos abiertos a contemplarlo", sin dar más detalles. Según Chaves, hay un equipo de trabajo, técnico y jurídico, entre el ayuntamiento y la Junta "que precisamente está afrontando el estudio de las alegaciones relacionadas con el PGOU y las licencias. Esto lo vamos a afrontar para que no haya ningún tipo de problemas", dijo el presidente.
Con todo, Chaves asumió ayer otro compromiso de mayor calado si cabe ya que mostró su pleno apoyo a una eventual reforma del Código Penal que permita a Marbella recuperar los fondos del saqueo a que ha sido sometida la ciudad según el sumario de la Operación Malaya: 2.400 millones de euros. La alcaldesa le remitirá hoy al presidente, y a todas las fuerzas políticas andaluzas, el texto del borrador de dicha proposición de ley, en cuyo anteproyecto ha trabajado la regidora en su calidad de diputada al Congreso por Málaga. De prosperar la reforma -hay mayoría sobrada si PSOE y PP suman sus votos en las Cortes- los fondos procedentes de casos de corrupción vinculados a administraciones locales podrían reintegrarse a ellas al contar los jueces con una norma específica, similar a la que regula la cesión de bienes de narcotraficantes. Tras ser preguntado por este diario, Chaves echó mano de la hemeroteca y se apuntó el tanto tras recordar que él mismo hizo una declaración en Marbella "en la que manifesté que, lógicamente, todo el dinero público que se le había saqueado al ayuntamiento y, en consecuencia, a todos los ciudadanos de Marbella, tenía que revertir a los ciudadanos de Marbella, eso lo tengo absolutamente claro". Según el presidente Manuel Chaves, ahora habrá que buscar los medios legales para materializarlo, precisando que si la ley que propone la alcaldesa (cuyo anteproyecto ya está registrado en el Congreso), que supone modificar el Código Penal, "es legal, eficaz y nos puede resolver el problema, no tenga la más mínima duda de que nosotros la vamos a a apoyar", dijo.
Chaves se comprometió ayer con Muñoz a que Marbella pueda superar sus graves déficit en equipamientos e infraestructuras mediante una batería de "convenios" con las distintas consejerías competentes en cada materia, empezando por Obras Públicas. El presidente cree que la ciudad obtendrá una importante fuente de recursos cuando la Junta apruebe definitivamente el PGOU "muy superior a los ingresos que por un PGOU puede recibir otra ciudad de España". Según Chaves, ayudará a resolver "gran parte de los problemas", entre ellos las deudas con la Seguridad Social y Hacienda, organismos con los que Chaves negociará para que Marbella pueda obtener "un nuevo acuerdo y aplazar su pago", cifrado en 200 millones de euros. Manuel Chaves se cuidó mucho de matizar que un nuevo acuerdo con la Seguridad Social "no tiene porqué estar en relación con la plantilla actual del Ayuntamiento", muy sobredimensionada ya que ahora cuenta con 3.500 funcionarios, según el coordinador municipal de Economía, Carlos Rubio.
Convenios y acuerdos
Chaves aseguró que las inversiones pactadas ayer con la alcaldesa -que habrán de materializarse en acuerdos y convenios- superarán los 100 millones de euros que, según estimaron meses atrás cargos autonómicos, adeuda la Junta en infraestructuras a Marbella. Serán "más de cien millones de euros" dijo Chaves, "si sumamos los compromisos educativos, de obras publicas, salud, culturales, vivienda, espacios libres y zonas verdes". El presidente informó que sólo los seis parques que saldrán del PGOU supondrán 71 millones de euros, financiados entre el Gobierno y la Junta. "Lo importante es que la Junta está dispuesta a responder a las necesidades de equipamientos e infraestructuras que nos pueda proponer el ayuntamiento", dijo.
Publicado hoy en EL ECONOMISTA (Foto: Javier Amiguetti)
