La vista donde se tendrán que imponer medidas cautelares en torno a la militancia de los miembros de la Asamblea Local se verá el próximo 30 de enero en el Juzgado Mixto nº 2 de Chiclana. En la misma tanto José Pedro Butrón como José Antonio Blanco y el resto de sus compañeros deberían quedar de nuevo habilitados para volver a ser los titulares del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Chiclana. Ambos consideran la noticia como muy positiva para la defensa de la legalidad y el cumplimiento de los estatutos dentro de la propia organización y del Consistorio.Con “esperanza por que por fin se cumpla la ley y se respeten los derechos de todos los compañeros de Chiclana” ha acogido la Asamblea Local de Izquierda Unida de Chiclana la admisión por parte del Juzgado nº 2 de esta ciudad de la demanda que interpusieron el pasado 26 de noviembre contra la dirección provincial y andaluza de Izquierda Unida. Esta admisión a trámite de la demanda ha sido anunciada en el transcurso del tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación. En el auto que da lugar a dicha admisión a tramite de la demanda, con el número 1160/08, también se prevee la celebración ( como pieza separada del procedimiento principal) de una vista para la adopción de las medidas cautelares solicitadas en su escrito de demanda por parte de los denunciantes.
La misma se celebrará el próximo día 30 de enero, a las 10:30 horas. Para el coordinador local de Izquierda Unida y concejal en el Ayuntamiento, José Pedro Butrón, “la noticia es realmente positiva, puesto que vamos a poder defender nuestros derechos como militantes y aclarar de una vez por todas los infundados ataques recibidos desde diversos ámbitos. Esta demanda va a colocar a cada uno en su sitio y, sobre todo, va a dejar en mal lugar al actual alcalde de Chiclana, José María Román, puesto que él sabe que apartarnos del Grupo Municipal y declararnos como no inscritos, no tiene sustento legal ni estatutario”
Lamentan en la organización de izquierdas a nivel local el haber tenido que llegar a esta situación de enfrentamiento judicial con las direcciones provinciales y andaluza pero “era la única manera que nos quedaba para lograr tener un proceso estatutario y legal sobre la cuestión de la pertenencia a la organización. Pertenencia de los militantes de Chiclana que jamás hemos puesto en duda, pero que las últimas actuaciones de determinados miembros de la dirección habían puesto en una situación nada deseada para nadie. No hemos tenido más remedio, pero la defensa de nuestros derechos democráticos y constitucionales, era fundamental para Izquierda Unida en Chiclana. No nos han dejado otra vía de actuación”.
En la misma vista han solicitado, además, que se practique interrogatorio tanto al ya excoordinador provincial, Antonio Roldán, como al coordinador andaluza de la formación, Diego Valderas, por lo que quizás tengan que comparecer en Chiclana para que expliquen en que basan la baja de los más de 30 militantes de Chiclana sin haber prácticado ningún tipo de procedimiento de expulsión y sin respetar las garantías estatutarias y democráticas de los mismos. A partir de ahora esperan poder tener “algo de interlocución, puesto que hasta ahora se habían negado a mantenerla alegando que no eramos militantes.
"Situación que nos está creando graves perjuicios en el ejercicio de nuestros derechos políticos que nos asisten como militantes y como ciudadanos. Ahora es el momento de ser generosos y dialogantes para las direcciones andaluza y provincial. Nuestro ánimo está en encontrar una solución que cierre heridas y fortalezca a la verdadera organización en Chiclana. Dejemos de lado el Pacto Tapadera de Chiclana y a las personas interesadas que lo han propiciado”.
