Era de esperar. El Ayuntamiento de Jerez ha salido al paso de la noticia publicada hoy, según la cual la defensa de Pedro Pacheco Herrera solicita al juez determinada diligencia en relación a la investigación judicial que pesa sobre su persona, información que ha sido publicada por La Voz de Cádiz. Por lo demás, Pacheco está en su perfecto derecho al defenderse, es la Constitución. Ojalá, finalmente, nos enteremos de lo que nos resumen a veces (leer el comunicado) y de si hay o no responsabilidad, de sus consecuencias administrativas, políticas y penales llegado el caso. La historia de Jerez tiene que escribirse. Y no es cosa de malos o buenos.
El Ayuntamiento de Jerez manifiesta lo siguiente:
1. Como es público y notorio, los 19 trabajadores a los que alude la citada petición son funcionarios eventuales, nombrados por acuerdo del Pleno de la Corporación municipal de fecha 21 de junio de 2007, que se rige por la Ley de Bases de Régimen Local. Todos estos nombramientos fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, y expiran cuando finalice el presente mandato corporativo. Es decir, todo ello con arreglo a la ley y con luz y taquígrafos.
2. Por el contrario, el procedimiento judicial de referencia pretende, al parecer, determinar la legalidad de determinadas contrataciones de servicios de asesoramiento externo, que se rigen por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y sin que se conozca qué tipo de trabajo o asesoramiento realizaron para justificar el pago de importantes cantidades de dinero público.
3. Ningún miembro de la actual Corporación municipal está imputado en este caso, por lo que resulta sorprendente que quien sí está acusado por la Fiscalía Anticorrupción e imputado por un juez pretenda extender su propia y exclusiva responsabilidad a terceras personas ajenas al mencionado procedimiento.
4. Pretender mezclar ambas situaciones parece un intento de desviar la atención mediática que, en todo caso, no exime a nadie de sus propias responsabilidades, responsabilidades que más allá del ámbito judicial, se extienden a hechos tan llamativos como haber multiplicado por diez la plantilla del Ayuntamiento a lo largo de los años sin que mediara oposición, acuerdo de Pleno o ningún otro procedimiento legalmente establecido; haber llevado al Ayuntamiento al borde de la bancarrota como consecuencia de sus derroches económicos y del más absoluto desgobierno; y precipitar a decenas de pequeñas y medianas empresas a la ruina por el irresponsable y sistemático impago de las deudas municipales.
5. Por otra parte, el Ayuntamiento lamenta la publicación con nombres y apellidos de la relación de 19 honestos trabajadores municipales que desempeñan su labor profesional al servicio de la Administración municipal, cuyos nombramientos son perfectamente transparentes como queda dicho más arriba, poniéndolos en relación con un procedimiento judicial al que son completamente ajenos. Una práctica de dudosa ética que no se ha realizado ni cuando en el pasado se contrataba a decenas de personas sin cobertura legal alguna, lo que quizá se deba a que, de haberlo hecho entonces, hubiera sido necesaria una edición especial.
foto: Esteban Pérez Avión
