Mientras el gobierno socialista local decide si nos explica o no a todos los ciudadanos cómo entraron cientos y cientos en el Ayuntamiento de Jerez, hoy nos hemos enterado que la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado el recurso de apelación formulado por Pedro Pacheco Herrera, José López Benítez y Manuel Cobacho Márquez, interpuesto contra el auto que acordó la transformación en procedimiento abreviado de las diligencias que se siguen contra dichas personas “por su participación en un delito de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial y prevaricación”, según se especifica en el auto.
(Texto de la nota de prensa oficial):
Pacheco Herrera había solicitado en su recurso el sobreseimiento y archivo de las diligencias, después de que el auto recurrido de 27 de enero de 2.010, declarase expresamente que las diligencias hasta la fecha practicadas para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho que motiva la formación de esta causa y las personas que en él han participado, evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los imputados Pedro Pacheco Herrera, José López Benítez y Manuel Cobacho Márquez, pues existen indicios de participación en los mismos que derivan de modo principal de la documental que obra en la causa y testificales practicadas …”.
El Gobierno municipal resalta que “esta resolución judicial significa que en fechas inmediatas se dará traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que en un plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral con la formulación del escrito de acusación, trámite previo para que el juzgado pueda acordar la apertura del juicio, lo que sentará finalmente a los imputados en el banquillo para responder de los graves delitos que se les imputan”.
Por tanto y ante el caso de los asesores que Pacheco Herrera tiene abierto contra el Ayuntamiento, el Gobierno considera que “lo que pretende y lo único que la motiva es una estrategia de defensa ante las graves acusaciones de las que tendrán que responder, y que de forma explícita se pone en evidencia de este auto de la Audiencia Provincial”, fechada el pasado día 17.
Además, llama la atención sobre el hecho de que “tanto el Pacheco como López Benítez, habían defendido en sus respectivos recursos la plena legalidad de la contratación de personal de confianza. Así, al referirse a la contratación de José López Benítez, el ex alcalde sostiene en su recurso que se le contrata con base a la confianza que requiere un cargo de asesor, y añade que la confianza que resulta base en este tipo de contrataciones, resulta incompatible con el sistema de oferta pública, siendo suficiente la satisfacción plena de quien lo ha nombrado”.
En relación con este mismo asunto, el Gobierno resalta que “López Benítez, al referirse al personal de confianza, insiste en su recurso, en que el personal eventual es por tanto nombrado de forma discrecional o libre, sin necesidad de seguir procedimiento selectivo alguno. No está sujeto, por tanto, ni a los procedimientos ni a los principios que rigen el acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad …” . Esto lleva a concluir al Gobierno que “claramente los argumentos que esgrimen Pacheco Herrera y López Benítez en su defensa, son exactamente los contrarios que utilizan para acusar a la actual alcaldesa en el conocido como caso asesores, y demuestran que son plenamente conscientes de que están sustentando su querella sobre argumentos falsos, con el único objetivo de producir daño a las personas afectadas en general, y al gobierno de esta ciudad en particular, a través del efecto mediático que produce la tramitación judicial”.
El Gobierno reitera su “máximo respeto y colaboración con la justicia, desde la absoluta convicción de que los hechos que constituyen la acusación, tanto hacia la alcaldesa como hacia las demás personas que afectadas, son absolutamente insostenibles como integrantes de posibles tipos delictivos en su totalidad, y algunos incluso simplemente falsos. Esto significa que cuando la situación del proceso lo permita, y cuando las pruebas dejen definitivamente aclarados todos los hechos denunciados y las falsedades que de forma intencionada están introduciendo los querellantes en las actuaciones, se estudiará poner una denuncia contra estos por un posible delito de denuncias falsas”.
Finalmente el Gobierno subraya que “de una vez por todas quede claro que la condición de imputado en un procedimiento judicial, especialmente en la fase de instrucción que es en la que se encuentra el ‘caso asesores’ que se sigue contra la alcaldesa, no implica en modo alguno que las personas afectadas hayan incurrido en delito alguno, y sí exclusivamente es para que puedan prestar declaración sólo en relación con los hechos de los que se les acusa”.
