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| Pedro Pacheco y Pilar Sánchez. |
Ante la noticia conocida el día de hoy sobre la previsible imputación de la ex alcaldesa socialista Pilar Sánchez por el juzgado que encauza la vista por posibles delitos de prevaricación y falsedad, UPyD exije al PSOE el cese inmediato de Pilar Sánchez como diputada provincial y como concejala. No es de recibo que los viejos partidos sigan manteniendo en sus cargos o en sus listas a políticos imputados. Desde UPyD abogamos por una regeneración de la vida política que, en estos casos de corrupción, especialmente, concita una misma forma de abordar el tema por parte de PSOE y PP, que se tiran a la cara la cantidad de corrupciones que uno u otro comete pero no reforman ni la ley ni actúan en consecuencia, manteniendo en sus puestos a imputados o llevándolos en las listas. ¿Deberían Pedro Pacheco y Pilar Sánchez dimitir ante las graves imputaciones?
UPyD lleva en su programa electoral y lo cumplirá con propuestas concretas en el Congreso las siguientes medidas:Los imputados por delitos contra las Administraciones Públicas no podrán ser candidatos en procesos electorales. Se aprobará la suspensión cautelar de empleo o cargo público de la persona contra la que existan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito. También podrán ser suspendidos provisionalmente por decisión judicial los cargos públicos ya electos.
Medidas penales contra administradores, directivos o empleados de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización privada con participación pública, o que desempeñe funciones públicas, implicados en actos de corrupción.
Todos los responsables de órganos, entes y empresas públicas deberán rendir cuentas con carácter anual, públicamente y ante la correspondiente comisión del Parlamento, sobre los principales gastos incurridos, contratos que han superado su coste sobre el inicialmente previsto, deudas y facturas pendientes, etc.
Nueva Ley de exigencia de responsabilidad civil, y penal para los casos más graves, de aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se constate hayan ocultado deudas o impagos del órgano o administración de la que fueran responsables.
Modificación del Código Penal para eliminar la expresa exclusión de los partidos políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a fin de que tanto partidos políticos como sindicatos puedan ser penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de los mismos o en su provecho por sus miembros y cargos.
Medidas contra la corrupción en la contratación administrativa, limitando la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, exigiendo la publicidad de la contratación administrativa. Prohibición de contratar al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de empresas que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas. Modificación de la ley de contratos del sector público para garantizar la libre concurrencia.
