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Habrá que escribirla algún día, pronto, caiga quien caiga, sea quien sea ¿lo hará Osuna? Estaremos atentos. Dicen que la cuestión está muy clara. El 'sorprendente' giro de los acontecimientos de estos días tiene cifra: se habla de unos 13 millones de euros. Es lo que Zona Franca tendría que abonarle al empresario Manuel García Gallardo por los perjuicios de las acciones legales que Miguel Osuna impulsó contra él durante la etapa del segundo como delegado del Estado en la Zona Franca.
Habrá que escribirla algún día, pronto, caiga quien caiga, sea quien sea ¿lo hará Osuna? Estaremos atentos. Dicen que la cuestión está muy clara. El 'sorprendente' giro de los acontecimientos de estos días tiene cifra: se habla de unos 13 millones de euros. Es lo que Zona Franca tendría que abonarle al empresario Manuel García Gallardo por los perjuicios de las acciones legales que Miguel Osuna impulsó contra él durante la etapa del segundo como delegado del Estado en la Zona Franca.
Es el asunto Quality Food y la defensa de Osuna la lleva el abogado gaditano Felipe Meléndez. Dicen que algunos malpensantes, en el PP sobre todo, no hablan con Osuna, actualmente inspector de Hacienda en ejercicio- por miedo a los pinchajes telefónicos, y no solo los autorizados judicialmente (si los hubiere) sino a otros, porque hay canguelo. Osuna, que se sepa, actuó lo mejor que supo, pudo y ¿le dejaron? en el caso Quality Food y otros embrollos como Rilco, herencia de su antecesor.
García Gallardo es un potente empresario que actualmente ocupa con sus compañías, sobre todo Brassica Group (grupo español de alimentación
especializado en catering de colectividades y en servicios
especializados de alimentación), una posicion envidiable con numerosas empresas y ante instituciones oficiales de distintas administraciones. Y dicen que cree que Osuna es el centro de una suerte de persecución no solo contra él sino contra su familia (su esposa es la socialista Silvia López, hasta hace poco delegada provincial de Medio Ambiente).
Quality Food es una compañía con un importante valor y su propietario lleva esperando, desde 2008, que se cumpla una sentencia que, al parecer, obligaría a la Zona Franca a pagarle por sus acciones el precio fijado por el Juzgado en el pleito de valoración de la compañía. Asunto frenado, se comenta, por las acciones que impulsó Osuna en defensa de los intereses de Zona Franca, ahora sometidas a un intento de deslegitimación por un informe elaborado por los abogados del Estado en el consorcio, testigos directos del affaire. Seguiremos informando (por cierto, que Osuna está citado este lunes ante el juez. ¿Irá?).
