En resumen: 50 empresas solicitaban las ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y del Ministerio de Industria facilitaban presuntamente las concesiones y expertos desviaban los beneficios a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública. El principal investigado tenía fijado su domicilio en Luxemburgo, aunque residía realmente en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.
