.@Haciendagob no da respuesta a las necesidades del campo andaluz. La propuesta de minoración de la presión fiscal realizada por la Junta de Andalucía cae nuevamente en saco roto. pic.twitter.com/jOJRTPxaEO— Rodrigo Sánchez Haro (@rodrigosanhar) 3 de abril de 2018
El Gobierno central completa su “inadmisible e incomprensible castigo” al campo y el mar andaluces con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 “vacíos y ridículos” que denotan una “clara e injustificada animadversión” hacia la comunidad. El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha definido con estas palabras el “enésimo ataque” del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a Andalucía, a la que inflige un recorte de la inversión del 10,5% que, “engordado en exclusiva por el robo a nuestra región”, apenas es del 1,2% en el conjunto del país. La “ignominia” es mayor aún, a juicio del responsable autonómico, si se tiene en cuenta el “tijeretazo” ya dado a través de este capítulo en 2017, cuando se redujo la partida desde 155 hasta 97 millones de euros que se quedan ahora en 86, una caída, por tanto, del 55,5% en tan sólo sólo dos años. La previsión apunta, incluso, al “insulto” de una “raquítica” dotación de 20 millones de euros en 2019, ha aseverado.
Sánchez Haro ha incidido, en este sentido, en que este nivel de inversión denota una “flagrante falta de voluntad” del Ejecutivo de Mariano Rajoy con la ejecución de las infraestructuras hidráulicas que, declaradas de interés general del Estado, urgen en Andalucía. Pese a ello, los presupuestos no contemplan las conducciones de la “fundamental” presa de Siles (Jaén) ni el “esencial” recrecimiento del embalse de la Concepción (Málaga) y sólo aportan 600.000 euros para el proyecto de las conducciones del pantano de Rules (Granada). Junto a esto, ha continuado el consejero, prácticamente se limitan a incluir la habitual asignación que luego, en la práctica, no ejecuta” de cinco millones de euros para la desaladora del Bajo Almanzora y otros 4,5 millones para la desaladora de Carboneras, ambas en Almería; 2,2 millones de euros para colectores de saneamiento en Algeciras (Cádiz); y un millón de euros para la remodelación y puesta en servicio de la desaladora de Marbella (Málaga), cifras “claramente insuficientes”.
La práctica totalidad del “mínimo esfuerzo inversor” del departamento que dirige Isabel García Tejerina se concentra, según ha continuado Rodrigo Sánchez, en los 61,6 millones de euros recogidos para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, unos 5,3 millones de euros menos que en 2017 y con 4,7 millones para el plan Activa Jaén, sin especificar proyectos. Un montante al que suma “poco más que los insuficientes” 12,3 millones de euros dirigidos a la modernización de zonas regables del Guadalbullón (8 millones de euros), en Jaén; y al Plan Nacional de Calidad de las Aguas (4,2 millones de euros), dejando fuera muchos otros proyectos de competencia estatal, lo que para el consejero confirma que el Ministerio “sigue sin cumplir sus compromisos y sin asumir su responsabilidad”.
Seguros agrarios y competitividad
Rodrigo Sánchez Haro ha criticado, además, la congelación de la cantidad que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente destina al fomento del aseguramiento agrario (216 millones de euros para el conjunto de España), “un 23% menos que en 2011, con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y con un porcentaje de subvención diez puntos más bajo al haber crecido la contratación de pólizas”, ha apostillado. Para el consejero, esto contrasta con el creciente apoyo del Gobierno andaluz, que ha impulsado este instrumento “sólido y de seguridad” con una dotación que ha crecido un 28% con respecto al ejercicio pasado.
El titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha puesto el foco también en que las inversiones para la competitividad de la industria alimentaria han experimentado un retroceso del 21% desde que Mariano Rajoy llegara a La Moncloa. De igual modo, Rodrigo Sánchez ha recordado la liquidación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, sin partida alguna a pesar de que no ha sido derogada y que “ha derivado en que Andalucía pierda los más de 289 millones que la norma estipulaba para la comunidad”. En definitiva, según ha sentenciado, “aunque el PP alardea de crecimiento de los presupuestos, las políticas agrarias y pesqueras aún están un 10,4% por debajo de los niveles de 2011, cuando se elevaban hasta los 8.386 millones de euros”.
