La licitación de la concesión de obra en el Castillo de Santa Catalina, en Tarifa, de titularidad pública y uno de los lugares emblemáticos de esta localidad gaditana, está plagada de posibles irregularidades, según el informe jurídico que, sobre el proceso administrativo, ha encargado el Partido Popular de Cádiz. El documento y todos los detalles del trámite administrativo han sido hechos públicos hoy en su integridad por el presidente provincial de este partido, Antonio Sanz, quien ayer se negó a avanzar dato alguno sobre el asunto. En la publicidad exterior colocada en la obra del histórico castillo tarifeño se informa que "con una superficie de 340 metros cuadrados útiles albergará zonas de información ocio-cultural, zonas de venta y zonas de exposición e información sobre los Parques del Estrecho y Alcornocales".
Según la información municipal recabada en Tarifa por El Mundo de Andalucía, lo que inicialmente fue planteado como “un proyecto de reforma” para albergar una oficina de turismo será, al parecer, una zona de ocio, comercial y restaurante y todo ello promovido por la sociedad anónima Centro Tarifa Santa Catalina, constituida en Vejer de la Frontera el 1 de julio de 2005 y cuyos socios son el alemán Frank Georg Klapp, Antonio Santa María Piñero, Policarpo Ochoa Dabauza y Antonio Blázquez Marín.
Este último, es el conocido empresario turístico de la Dehesa de Monteenmedio, complejo de ocio envuelto en la polémica judicial y administrativa desde su constitución en 1992 y sobre el que Ecologistas en Acción recuerda que pesa aún una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le obliga a una demolición parcial “que no se ha ejecutado”. Además Monteenmedio aún tiene pendiente de aprobación oficial un hotel de cinco estrellas, otro hotel rural y bungalows, según los ecologistas.ACCIDENTE
Las obras del castillo fueron noticia el pasado 31 de marzo cuando, tras un accidente laboral, un trabajador resultó herido grave y tres leves. Fuentes municipales indicaron ese día que, al parecer, el forjado de una planta cedió en el momento de verter hormigón y cuatro de los trabajadores quedaron atrapados entre un amasijo de hierros, siendo necesaria la intervención de los bomberos para rescatar a los heridos. El inmueble objeto de reforma es un deteriorado castillo-palacio de evocación renacentista construido en 1929, que se eleva en el cerro del mismo nombre a orillas del mar y frente las instalaciones portuarias de Tarifa.
Todos los indicios, según el avance del informe, apuntan a que el pleno –y el alcalde, Miguel Manella (PSOE)- podrían haber cometido un presunto delito de prevaricación al adjudicar un contrato a Frank Georg Klapp y Antonio Blázquez Marín, quienes al parecer “pudieron solicitar un nombre que finalmente no acepta el Registro Mercantil Central”. “Por lo tanto, se presentan al concurso con una sociedad ficticia, sin personalidad jurídica, que finalmente constituyen una sociedad y adoptan un acuerdo sobre una falsedad (un supuesto cambio de denominación que no existe), por lo que aprueban el cambio de nombre a favor de otra sociedad distinta, constituida en escritura pública, pero sin inscribir en el registro aún”, se señala en el avance del informe del PP-A, al que ha tenido acceso este medio.
Añade el estudio jurídico del PP-A, que “además, esta empresa no puede resultar adjudicataria toda vez que es un concurso en el que debe exigirse al concursante capacidad y solvencia económica y técnica, y una empresa recien constituida no puede tener solvencia económica ni técnica para concursar y menos con un capital social de 60.000 euros”. El informe resalta que se ha adjudicado “sin que concurran los requisitos mínimos de este tipo de contrato: ni memoria justificativa, ni estudio de viabilidad, ni informe de intervención, ni depuración de la realidad física del bien concesionado, asi como que urbanísticamente no cabe realizar local comercial en dicha zona”.
UN ENCLAVE HISTÓRICO
Hasta hace poco el Castillo de Santa Catalina era un observatorio Meteorológico dependiente del Instituto Nacional de Meteorología (INM), considerado como la estación meteorológica más meridional de la Península Ibérica y de Europa, a 24 metros sobre el nivel del mar. Pero su valor va más allá ya que el enclave ha albergado construcciones defensivas militares a lo largo de distintas épocas. En el siglo XIX se ubicó un fortín de artillería del que todavía quedan restos y durante la segunda guerra mundial fue muy protegido con diversos nidos de ametralladoras y bunkers, que se rehabilitarán.
IZQUIERDA UNIDA PIDE UNA FISCALÍA ANTIMAFIA
El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por la provincia de Cádiz, Ignacio García, ha registrado una Proposición No de Ley en el Parlamento Andaluz instando al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que reclame al Gobierno central la creación de una Fiscalía Antimafia en la provincia de Cádiz en la que se traten delitos económicos relacionados con la corrupción.
El diputado andaluz argumenta que las continuas detenciones y apresamientos por narcotráfico, la proliferación de promociones inmobiliarias financiadas con capital de procedencia no muy clara o los recientes casos de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda a través del caso de las facturas falsas (operaciones Karlos y Halcón), están generando una creciente alarma social en la provincia de Cádiz que ha llevado a amplios sectores de la provincia a reclamar la creación de una Fiscalía para delitos de esta índole.
García recuerda además, que a esta petición se ha mostrado favorable la Fiscal Antidroga de la provincia, Ana Villagómez.
Según el parlamentario andaluz, el objetivo fundamental de esta Fiscalía sería la investigación y persecución de operaciones de blanqueo de dinero, detrás de las cuales hay siempre tramas delictivas de importancia que ponen en peligro la seguridad y la convivencia social.
