Quién así piensa es el senador José Blas Fernández, del Partido Popular, el único político gaditano que ha interpelado, en dos ocasiones, al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Caldera, sobre el alcance del caso ‘Karlos’, en el que un juez y la Guardia Civil investigan una presunta trama para mediar en la consecución de certificados de incapacidad laboral. Este reportaje fue publicado este pasado domingo en la edición andaluza del diario EL MUNDOEl senador espera que, nada más reanudarse el curso político en septiembre, comparezca en la Cámara Alta el ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, “para que ofrezca explicaciones y el alcance de la Operación ‘Halcón’, conforme a la reglamentación parlamentaria”. Pocos políticos más se han pronunciado sobre este tema. Repasando las hemerotecas, el primero fue Sebastián Saucedo, subdelegado del Gobierno, quien prometió a diestro y siniestro que ofrecería información sobre este “grave” caso. No solo no lo hizo sino que su anunciada rueda de prensa fue sustituida por una exhaustiva y cuidada nota de prensa de la Guardia Civil, cuyo máximo responsable en la provincia fue ascendido días atrás de teniente coronel a general y trasladado de destino. El senador recuerda que el subdelegado “ofreció una rueda de prensa, sobre otra presunta trama de cursos de formación, donde hasta aseguró que había una inspectora de Trabajo en prisión, lo que era absolutamente falso. Yo he pedido la grabación al Gobierno, pero respondió que no habían guardado cinta alguna, pese a que todos los medios recogieron la noticia. Es curioso que no haya ofrecido la rueda de prensa que prometió sobre ‘Karlos’”.
Tímidamente se han pronunciado el delegado provincial del SAS, Hipólito García, y el delegado del Gobierno andaluz, José Antonio Gómez Periñán. Al principio, en abril, el ex alcalde jerezano y delegado de Urbanismo, Pedro Pacheco, denunció ser objeto de una campaña política en su contra aprovechando la detención e implicación de su secretaria, Mari Paz Cañero. Apuntó directamente a los socialistas, sus socios de Gobierno.
José Blas Fernández se encuentra personado en la Operación Quercus, otro caso similar, de facturas falsas y un fraude multimillonario, donde aparecieron inicialmente los hermanos del actual presidente de la Diputación, secretario provincial del PSOE y alcalde de Benalup, Francisco González Cabañas. ‘Quercus’, ‘Halcón’ y ‘Karlos’ tienen su origen en la Sierra de Cádiz, territorio ‘caliente’ donde se están dando grandes negocios inmobiliarios (viviendas y campos de golf), obras de infraestructura y lugar de paso de las mafias del narcotráfico. “Ingredientes de un caldo de cultivo magnífico”, ironiza el senador, convertido desde hace años en azote parlamentario del PSOE. “¿Me pregunta si existe un factor político no divulgado aún en los tres casos? La realidad es que estos asuntos son del interés general, porque afectan a las arcas del Estado, por lo que es necesario que, una vez levantado el secreto sumarial, conozcamos todos los detalles, las respuestas a algunas preguntas que nos comenzamos a hacer. Hace falta luz y depurar responsabilidades”, afirma José Blas Fernández.
PENSIONES
De momento, ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el SAS o el Gobierno han facilitado datos –ni siquiera las iniciales, como ha venido sucediendo hasta ahora en las dos operaciones- de la veintena de beneficiarios de pensiones investigados hasta ahora. “¿Hay alguna razón para no haber divulgado hasta ahora sus datos? Probablemente alguien aluda a los derechos constitucionales, la protección de la intimidad, la imagen, pero la pregunta es obvia, ¿por qué, aparentemente, se oculta esa información y, sin embargo, se ha dado amplia publicidad oficial a otras personas supuestamente relacionadas con la trama? El ministro Caldera prometió al Senado que se ofrecería información sobre el resultado del análisis de esos expedientes, un trámite ya superado hace bastantes días. “Si tenemos que volver al preguntar al ministro, lo haremos, pero creo que el Gobierno tiene recursos suficientes para ofrecer esa información a los ciudadanos sin tener que acudir a la vía parlamentaria”, dice el senador.
LAS DILIGENCIAS¿Hay en ellas un factor político? Solo es posible saberlo teniendo acceso a las diligencias previas de ambas operaciones, en especial a las de la Operación ‘Karlos’, inicialmente instruidas por el juez Juan José Parra Calderón y luego por el juez Jorge Bartolomé Moriano. ¿Hay confesiones, intervenciones y escuchas telefónicas en las que se alude a políticos o a personas de confianza de relevantes cargos provinciales? Esta duda ha acompañado a los dos casos desde su inicio, en el que Pedro Pacheco acusó a los socialistas de haberse aprovechado de la detención de su secretaria, Mari Paz Cañero, para intentar erosionar su imagen política. El débil pacto de gobierno entre PSOE y PSA está sustentado por tres pilares, porque el cuarto, Pilar Sánchez, lo que desea es romper el acuerdo con un personaje, Pacheco, que no duda en descalificarla a diario, sea el tema que sea. Los otros tres pilares son la Diputación Provincial (donde el PSA apoya a González Cabañas), el PSOE andaluz (donde Luis Pizarro es quien negocia con Pacheco) y un tercero, más delicado: los supuestos intereses extrapolíticos que sospecha el senador José Blas Fernández.
Curiosamente, sólo ha trascendido parte de las diligencias de la Operación ‘Halcón’, pero no las de ‘Karlos’ que, a juzgar por las imágenes de Canal Sur, si obran en poder del canal autonómico en Cádiz, que ha gozado de una línea de información privilegiada que le ha hecho adelantarse a muchos acontecimientos de la instrucción. Poco se sabe del contenido de los doce tomos de dichas diligencias, de las transcripciones de las escuchas telefónicas en la Operación ‘Karlos’. Los abogados y los medios de comunicación, pese al levantamiento del secreto sumarial, fueron advertidos por el juez que se reunió con letrados, algunos periodistas y envió a la Policía a las redacciones de los medios gaditanos. El resultado fue que, justo cuando se iban a publicar datos de la segunda operación, ‘Karlos’, el flujo informativo cesó, en seco.
‘EL TURRONERO’José Álvarez, conocido letrado sanluqueño, especialista en casos de salud pública, es defensor de José Luis López “El Turronero”, importante intermediario urbanístico y propietario o mediador de una gran parte del suelo urbanizable en Jerez, además de colaborador de la firma Mercadona en la búsqueda de locales para los supermercados. ¿Qué admitió el empresario al ser interrogado por el juez en relación a la secretaria de Pacheco? ¿En que consistió su participación? ¿Por qué el juez no le impuso fianza alguna y lo dejó en libertad? ¿Son tan importantes los amigos de ‘El Turronero’? ¿Se exagera su influencia en la clase política? Su abogado cree que, en esencia, “José Luis López es una buena persona, un buen empresario, que ayuda a sus amigos”, y lo dice con vehemencia, pero a la vez recomienda a su cliente que no hable con la prensa, de momento.
‘El Turronero’ no lo necesita, porque su mayor defensor en los medios de comunicación viene siendo el andalucista Pedro Pacheco, por ejemplo en la discutida operación de los terrenos de Ikea donde, finalmente, por exigencias de la firma sueca, José Luis López renunció a su jugosa opción de compra a favor de los propietarios, la familia Terry. Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez y actual delegado de Urbanismo, también defendió con uñas y dientes la honorabilidad de su secretaria y persona de confianza en los últimos años, Mari Paz Cañero. Pero las declaraciones de empresario y secretaria ante el juez, las conversaciones telefónicas, nunca se han difundido en los medios de comunicación.
DUDAS
Las cifras de los dos casos son alarmantes. En ‘Halcón’, los inspectores y los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), han descubierto hasta ahora un fraude de 60 millones de euros y hay 240 empresas implicadas, de las que casi un tercio han ‘regularizado’ ya su situación fiscal ante el Ministerio de Hacienda, lo que ha determinado el ingreso de más de tres millones de euros. En el caso ‘Karlos’ parece raro que nadie en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tuviera noticias de posibles irregularidades en la Unidad de Valoraciones Médicas de Incapacidades Laborales (UVMI), que pasa por ser un departamento muy riguroso según todas las fuentes sanitarias, médicas y sindicales, consultadas por este periódico. Las conversaciones intervenidas entre Carlos Carretero y Francisco Casto –que han compartido celda en la prisión de Puerto II durante los últimos cuatro meses- dibujan una gran amistad entre ambos y que Carretero hacía múltiples gestiones para llevarle personas de la sierra. Todos, ahora, están pendientes de la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz.
