Ni estaba en junio, ni en diciembre de 1987, primero porque no asistió a la última comisión de gobierno del mandato 1983/1987 y segundo porque en diciembre de 1987 ya no formaba parte de la Corporación. El aparato mediático habitual ataca a Teófila. Y la alcaldesa se defiende ... Menos mal que en Cádiz, al contrario que en El Puerto, no se responsabiliza de nada, y menos patrimonialmente, al PSOE y al primer alcalde democrático, Carlos Díaz.
Hoy, al leer EL PUERTO INFORMACIÓN y DIARIO DE CÁDIZ se diría que algo raro pasa...
La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, dio ayer instrucciones a su abogado -al igual que el PP gaditano a sus servicios jurídicos- para que esta semana se interponga una querella criminal por injurias y calumnias contra el edil de Urbanismo de El Puerto de Santa María, Juan Carlos Rodríguez (de Independientes Portuenses, IP) que responsabilizó a la alcaldesa de acuerdo urbanístico adoptado en diciembre de 1987 sobre una promoción inmobiliaria en la playa de Valdelagrana, considerado ilegal por el Tribunal Supremo, que condena al ayuntamiento a pagar un millón de euros como indemnización a los vecinos afectados, de la urbanización Valdemar. El concejal portuense atribuyó la responsabilidad política a la alcaldesa sin verificar antes que Martínez ya no era concejala el 10 diciembre de 1987, ya que no se presentó a las elecciones locales celebradas en junio de ése año. Teófila Martínez está convencida que todo ha sido "un montaje" pero antes concederá a Juan Carlos Rodríguez, tal como establece la ley, la oportunidad de admitir su error en el acto de conciliación previo a la interposición de la querella, según publica hoy EL MUNDO DE ANDALUCÍA.
El presidente del Partido Popular de Cádiz, el letrado José Loaiza, está "absolutamente seguro" de que las acusaciones del concejal de Urbanismo de El Puerto contra la alcaldesa Teófila Martínez "son fruto de un montaje" por lo que el abogado defensor de la alcaldesa y la propia organización política destinarán los recursos que sean necesarios "para desmontar esta burda operación, que tiene autores ideológicos, ejecutores y colaboradores". Para ello, un notario ha solicitado a Radio Cádiz de la SER y a la Delegación de Canal Sur Radio y Televisión que "conserven o entreguen" copias de todas las informaciones en las que se mencionó a la alcaldesa, en relación al caso de Valdelagrana, y que se emitieron el pasado viernes hasta que ambos medios rectificaron indicando que cuando se adoptó la decisión urbanística por parte de la Comisión de Gobierno portuense (integrada por PSOE y AP) "Teófila Martínez ya no formaba parte de la Corporación". Al mismo tiempo, la asesoría jurídica del PP ha solicitado el teletipo ofrecido por la agencia Efe, que propició la publicación de la noticia en numerosos medios de comunicación de toda España.
PATRIMONIO
Un prestigioso letrado gaditano, especialista en Corporaciones Locales, consultado ayer por EL MUNDO explicó que "de aplicarse el criterio de responder patrimonialmente ante decisiones colegiadas de una comisión de gobierno, tal como pretende el gobierno de Independientes Portuenses (el actual alcalde apoya hasta ahora a su edil de Urbanismo), la realidad es que no se tomarían la mayor parte de las decisiones en un municipio. Las cosas no son así. Por ejemplo, en Cádiz a nadie se le ha ocurrido pedir que responda patrimonialmente al anterior alcalde, Carlos Díaz, del PSOE, por decisiones que han costado muchos millones a las arcas municipales". Entre ellas, el letrado recuerda asuntos como el pleito por las tarifas del Puente Carranza (600 millones de pesetas), la expropiación anulada de la Plaza Reina Sofía (400), el Club Alcázar (90) o la Verja del Muelle (20).
La alcaldesa fue preguntada por una redactora de la SER en su habitual rueda de prensa tras la junta local de gobierno del pasado viernes. Casi a esa misma hora de la mañana, el edil de Urbanismo de El Puerto también fue interrogado por el mismo tema mientras visitaba unas obras. A partir de ése instante, tanto la SER como Canal Sur TV comenzaron a informar repetidamente en sus informativos y boletines sobre el asunto dando crédito a las palabras del concejal portuense. Todo ello hasta que, desde el entorno de Teófila Martínez, se hizo ver a los responsables informativos de ambos medios el error en que incurrían ya que la alcaldesa no era concejala cuando la Comisión de Gobierno aprobó conceder la licencia urbanística, conforme a un proyecto reformado. La decisión fue ratificada por todos los integrantes del equipo de gobierno (PSOE-AP) y por el entonces alcalde, el socialista Juan Manuel Torres en la comisión referida.
IZQUIERDA UNIDA CREE QUE IP "HA HECHO EL RIDÍCULO"
El concejal portuense y parlamentario autonómico de Izquierda Unida, Ignacio García, animó ayer a Independientes Portuenses a que emprenda las acciones jurídicas que considere oportunas contra los miembros del gobierno de PSOE-AP que en 1987 otorgaron la licencia ilegal en Valdelagrana. García, sin embargo, les pidió que, "antes de hacerlo, se asesoren bien para evitar el ridículo que hicieron con Teófila Martínez y que recuerden que, entonces, en el gobierno estaban también sus recientes socios y amigos de siempre miembros del Partido Socialista, el cual ostentaba la Alcaldía".
García pidió asimismo a Juan Carlos Rodríguez, teniente alcalde de Urbanismo, que "comience por aplicarse el cuento personalmente y responda con su patrimonio personal de las sanciones a las que tiene que hacer frente el Ayuntamiento como consecuencia de su mala gestión." Entre estas sanciones García citó las impuestas por la Consejería de Cultura por varios expedientes en el Casco Histórico, entre los que citó el correspondiente al derribo ilegal de la Casa de Las Cadenas, que le supuso al Ayuntamiento una sanción de 25 millones de pesetas.
El concejal de IU recordó también los casi 20 millones de euros no justificados, perdidos o gastados inadecuadamente detectados por el Tribunal de Cuentas en la Auditoría conocida recientemente, correspondiente a los ejercicios 1.995 - 2.000, que abarcan también parcialmente (desde 1999) un período en que Juan Carlos Rodríguez participó en el Gobierno Municipal. "¿Es que nadie va a responder por este expolio?", se preguntó García. El Grupo Municipal de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno una iniciativa relacionada con la petición de responsabilidades por los resultados de la fiscalización del Tribunal de Cuentas y una pregunta sobre la sentencia de la licencia de Valdelagrana.
IP NO PERDONA AL PP QUE LE ARREBATARA A UN ALCALDABLE
Independientes Portuenses (IP), partido que preside el ex alcalde Hernán Díaz -inhabilitado por siete años para ejercer cargo público- no va a perdonar al PP que le haya arrebatado a uno de sus alcaldables, Enrique Moresco para encabezar su cartel. Las acusaciones del concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, contra Teófila Martínez se han producido en un contexto político muy delicado para IP, con un contundente informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona hasta extremos sonrojantes la gestión del ayuntamiento y sus empresas en el período 1995-2000. IP y PP se llevan como el perro y el gato, si bien tanto el actual alcalde, Fernando Gago, como el portavoz municipal del PP, Aurelio Sánchez, mantienen una relación correcta. El segundo, no obstante, ha solicitado por registro al primero el expediente "completo" del caso Valdelagrana y le ha advertido que en este tema su compañero Rodríguez "se ha pasado de la raya".
El misil de Rodríguez se ha vuelto contra él mismo -ahora tendrá que responder en los tribunales- y, lo que resulta más comprometido, contra el PSOE, ya que el alcalde en 1987 era el socialista Juan Manuel Torres. Socialistas y populares, como en Sanlúcar de Barrameda, se aliaron a finales de 1987 para desbancar a los alcaldes comunistas José Luis Medina Lapieza y Rafael Gómez Ojeda. La hoy alcaldesa de Cádiz fue concejal de Urbanismo de 1983 a 1987, pero los cambios en su partido (con la crisis de Hernández Mancha) no hicieron posible su continuidad, siendo sustituida por otro compañero, Indalecio Rábago. Si bien el expediente básico fue iniciado por los técnicos de Urbanismo en junio de 1987 (fue la última comisión de gobierno de Martínez), la decisión del tribunal se produce por un acuerdo adoptado el 10 de diciembre de 1987 y produjo ante un "proyecto reformado del básico". Pero la realidad incontestable es que Martínez no estaba ya entre quienes tomaron la decisión urbanística anulada.
fin
