El pasado mes de marzo la Junta de Andalucía puso en marcha un concurso público de medicamentos. El objetivo era lograr una bajada de precios a cambio de garantizar a los laboratorios un volumen determinado de ventas. Así el Sistema Sanitario Andaluz ahorraría 200 millones de euros. De las empresas que se presentaron, 11 fueron seleccionadas pero siete de ellas dieron finalmente plantón a la Junta, que denunció públicamente que los laboratorios habían recibido “presiones y amenazas” de altos cargos del PP y del Gobierno central para que no firmaran. Todo esto ocurrió el 23 de marzo, justo dos días antes de unas elecciones andaluzas que parecían ganadas por los populares. Así que finalmente sólo cuatro laboratorios resistieron el envite y firmaron con la Junta. Se trata de las cuatro farmacéuticas 'castigadas' ahora por el Gobierno de Rajoy. Nos esperan cuatro años duros, pero si el PP cree que dando leña ocupará espacio político se volverá a equivocar, tal como le ha pasado en las últimas autonómicas...