El aumento de las solicitudes de aplazamiento de los pagos fiscales por parte de los contribuyentes, unido a la desaceleración de la actividad económica propias de la coyuntura de crisis actual, motivó que los ingresos tributarios cayeran 188 millones de euros en Cádiz en el primer cuatrimestre de 2009, lo que representa un retroceso del 30,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos de recaudación recogidos por los Técnicos de Hacienda (GESTHA). En los cuatro primeros meses del año, la recaudación tributaria se situó en 430 millones de euros, frente a los 618,4 registrados en idéntico periodo del año anterior, lo que supone una caída de 188 millones de euros.
La recaudación por IVA, que representa un indicador fiel del dinamismo del consumo de las economías domésticas y de la actividad de la empresas, registró un retroceso del 40% en Cádiz este periodo, hasta situarse en 205,6 millones de euros, lo cual es sintomático de la fuerte desaceleración de la demanda de bienes y servicios por parte de particulares y corporaciones. Asimismo, los ingresos derivados del IRPF, que recogen los pagos fraccionados ingresados por los autónomos y las cantidades retenidas por las empresas a sus empleados, experimentaron también una bajada del 22,8% en Cádiz, situándose en 154,6 millones de euros al cierre del primer cuatrimestre debido, en gran medida, al fuerte aumento de la tasa de desempleo que afecta ya a más de cuatro millones de personas.
Murcia y Cataluña protagonizan los mayores descensos
Por comunidades autónomas, la Región de Murcia protagonizó el mayor descenso en su cifra de recaudación, con una caída de 26,3%, seguida de Cataluña y Andalucía, con unas bajadas del 22,3% y 22,16%, respectivamente. La Comunidad Valenciana registró un retroceso en su volumen de ingresos tributarios del 22,1%, seguida de la Ciudad Autónoma de Ceuta (-21,25%) y Galicia (-20,6%). Por el contrario, las regiones donde la recaudación tributaria experimentó descensos menos acusados fueron, por este orden, Extremadura, con un descenso del 9,7% y Cantabria, con una bajada del 9,6%, seguidas de la Comunidad de Madrid (-11,32%), la Ciudad Autónoma de Melilla (-11,34%) y Asturias (-12,5%).
Con estos datos sobre la mesa, los Técnicos de Hacienda solicitaron hoy al Ejecutivo que ponga en marcha con carácter de urgencia las reformas estructurales necesarias para garantizar un “mantenimiento sostenible” de las prestaciones sociales actuales y del gasto público. Asimismo, recordaron la importancia de reforzar la lucha contra el fraude para que afloren las bolsas de dinero negro existentes en España, con el fin de evitar que la situación del déficit público, represente un riesgo para la estabilidad presupuestaria o fuertes recortes en el gasto social. La economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone que existen actividades económicas por importe de más de 240.000 millones de euros que no pagan impuestos, por lo que se dejan de ingresar casi 90.000 millones de euros anuales.
A pesar de la menor recaudación tributaria motivada por la desaceleración económica, los Técnicos de Hacienda estiman que el “colchón” de superávit alcanzado en 2007 -23.368 millones de euros- podría haberse “salvado” con un plan eficaz de prevención del fraude capaz de reducir la economía sumergida en España en diez puntos porcentuales, hasta el 13% del PIB, en línea con nuestros homólogos europeos. De esta forma, se podrían recaudar, vía impuestos, un total de 25.000 millones adicionales al año.
Según Gestha, esta cifra adicional permitiría despejar las dudas sobre la estabilidad presupuestaria del Estado o posibles recortes del gasto social o de financiación de las Comunidades Autónomas y Entes Locales, además de contribuir a equiparar este capítulo con otros países de nuestro entorno europeo donde el promedio de gasto social se sitúa en el 26,7% del PIB, más de seis puntos por encima de la media española (20,3%).
Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda consideran “prioritario” que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales. Para ello, consideran “imprescindible” autorizar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación. En este sentido, recordaron que el Congreso de los Diputados aprobó el 19 de mayo dos Resoluciones del Debate del estado de la Nación sobre la necesidad de realizar esta autorización.
El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA), antecedente de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, se creó en el año 1976, diez años antes de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), con el fin de solventar determinados problemas de personal en el Ministerio de Economía y Hacienda. Solucionados aquellos problemas, en la actualidad Gestha trabaja por conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz con una estructura administrativa y de personal que garantice las necesidades del servicio público de un modo eficiente y racional.
