22 sept 2006

El caso del nuevo Alcalá: los promotores (2)

Diego Narbona, abogado y portavoz de la familia Quesada, promotores del complejo turístico y residencial que se pretende construir en Alcalá de los Gazules -que girará sobre un campo de golf, un hotel de cuatro estrellas y un máximo de 1.500 viviendas sobre 1.593.000 metros cuadrados- dijo ayer que se trata de un proyecto “respetuoso” con el medio ambiente, de muy “baja” edificabilidad y que se está tramitando con “claridad” y el “apoyo”, al menos verbal, de PSOE, PP, y los independientes de Vida, aunque no de IU-CA. El convenio suscrito entre los Quesada y el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules –donde el PSOE gobierna en minoría- fue publicado en el Boletín de la Provincia de Cádiz (BOP) el pasado 30 de agosto y su plazo de presentación de alegaciones es de veinte días. El asunto fue publicado ayer en la edición andaluza de EL MUNDO.

Ecologistas en Acción presentará mañana viernes el contenido de las suyas y las razones por las que se oponen al actual diseño del proyecto inmobiliario. El abogado de los Quesada cree que Izquierda Unida no presentará alegaciones ya que la propuesta de actuación de Alcalá de los Gazules está en la línea de proyectos similares que la coalición desarrolla actualmente en municipios gaditanos en los que gobierna, “como Trebujena o Puerto Real”. Narbona cree que, coherentemente, IU-CA no se debería oponer, pero fuentes de la coalición indicaron ayer que sí se presentarán alegaciones, al igual que ha ocurrido con el proyecto de la finca El Imperio, de El Bosque.

CONVENIO
Según el anuncio del BOP, el borrador de convenio urbanístico de planeamiento que el alcalde de Alcalá de los Gazules, Arsenio Cordero (PSOE), pretende suscribir con Fernando y Gregorio Quesada Mejías persigue impulsar la “reclasificación de unos terrenos que constan en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Alcalá de los Gazules como suelo no urbanizable común y de especial protección por su valor paisajístico”, en orden a que en el futuro Plan General de Ordenación Urbana “se incorpore la propuesta de que éstos pasen a ser urbanizables acogiendo usos como el residencial, hostelero, deportivo y recreativo”. El portavoz de la familia Quesada dijo que el proyecto aún debe completar muchos pasos y que su desarrollo es “a diez años” a no ser que tenga un enorme éxito de ventas. En cuanto a los 1,7 millones de euros que recibirá el municipio en virtud del convenio, el abogado dijo, que según la ley, “debe quedar en una caja de depósitos” y destinarse al patrimonio del suelo. Los promotores comprometerán dicha cantidad mediante avales bancarios, según explicó.

PLAZOS
Concluido el plazo de alegaciones al convenio, las mismas serán llevadas para su debate a la correspondiente comisión municipal informativa de Urbanismo, previo informe del secretario general del Ayuntamiento, y luego a pleno para su aprobación. Narbona resaltó ayer que el proyecto, sobre terrenos propiedad de los Quesada “desde hace cincuenta años” ha intentado buscar la “unanimidad” y el apoyo político, “al menos así me lo han dicho a la cara en nuestras conversaciones” por lo que no tiene dudas de que saldrá adelante, si bien matizó que es “mejorable” y mostró su disposición a aceptar sugerencias en el plano “medioambiental”.

El portavoz de los conocidos empresarios andaluces, explicó que el proyecto de Alcalá es fruto del proceso de “diversificación empresarial” emprendido por la familia Quesada y puso como otro ejemplo, en este caso en Málaga, “La Ciudad del Automóvil”, que con una superficie de 29.900 metros cuadrados, constará de espacios comerciales, parking para clientes, una gran zona recreativa, y un edificio de uso común. Narbona dijo que la familia Quesada “es conocida y muy respetada” en toda Andalucía y que en modo alguno puede considerarse su proyecto inmobiliario de Cádiz como “especulativo”, sino como un verdadero refuerzo de la frágil y reducida economía de Alcalá de los Gazules. El portavoz de los promotores aseguró que el convenio se elaboró asumiendo “lo mejor” de otros convenios urbanísticos similares. No obstante, advirtió que “si hay algo que mejorar, se mejorará, lo haremos sin duda”, por lo que esperará a conocer las alegaciones que, finalmente, se hayan presentado.

UNA FINCA ‘MUY NECESARIA’

Se da la circunstancia de que, para el desarrollo del proyecto, se necesitará de una junta de compensación ya que el ámbito de la propuesta de convenio no solo afecta a dos fincas de los Quesada –Cortijo y Pago de Fraja, de 87 hectáreas y La Sacristana, de 77- sino también a otra, de unas 4,7 hectáreas “que no son de titularidad de las partes firmantes de este convenio”, se dice en el anuncio del BOP, sin mencionar la titularidad de la finca, situada justo en medio de las dos anteriores, lo cual obliga a crear una junta de compensación. En un futuro, el propietario de esta finca se verá abocado a vender a los promotores. Le habrá tocado casi “la bonoloto”, en palabras del abogado de los promotores, porque el valor de sus terrenos habrá subido para entonces como la espuma si el proyecto se pone en marcha. Narbona, letrado de los Quesada, admite haberle intentado comprar la finca a esta persona –conocida popularmente como “El lechero”- pero sin éxito. Todo es cuestión de tiempo.