.-“Es el dinero, se mueve mucho dinero que lo compra todo, lo corrompe todo, es el puto dinero. La especulación urbanística avanza hacia el interior de la provincia, está claro”. Juan Clavero, biólogo, uno de los líderes de Ecologistas en Acción, e Ignacio García>, parlamentario andaluz de IU-CA, tienen varias cosas en común. Los dos viven en El Puerto de Santa María y ambos mantienen, en la política y los tribunales de justicia, una lucha sin cuartel contra la corrupción inmobiliaria. La imagen que ilustra esta noticia es de Álvaro y aparece en la revista digital de humor ácido http://www.lakodorniz.com/ En esta semana han coincidido en sus denuncias públicas contra la subasta de la finca pública El Imperio, una explotación agroganadera de 170 hectáreas, estratégicamente ubicada en los alrededores de El Bosque, población de dos mil habitantes, enclavada en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y gobernada desde hace décadas por la familia Ramírez. Los cálculos hechos por IU-CA sitúan el posible “pelotazo inmobiliario” en 105 millones de euros. “La venta del planeamiento, del futuro de los pueblos, es un peligro”, dice Ignacio García, que prepara otras importantes acciones de denuncia para los próximos días que no revela. “Espectaculares”, adelanta. (BASE DEL REPORTAJE PUBLICADO POR EL MUNDO DE ANDALUCIA EL PASADO DOMINGO)
El actual alcalde de El Bosque, Antonio Ramírez, del PSOE, dejó hablar el viernes a Clavero en su pleno, convocado por la mañana “cuando la asistencia de público siempre es menor”, sugiere el ecologista, sorprendido de que le dejaran defenderse “aunque no sirviera de nada”. Pero Clavero desconoce que los detalles, de momento ocultos, de la enajenación de El Imperio, están causando un verdadero terremoto en el PSOE de Cádiz. La simple mención de Alfonso Blanco ha causado inquietud, de momento. Y nadie ha acusado de nada ilegal a este corredor de fincas, ex apoderado de Cepsa, cuyo nombre, eso sí, suena mucho en el sector inmobiliario serrano. Ecologistas en Acción e Izquierda Unida siguen todos sus pasos por la Sierra de Cádiz.
DOBLE DISCURSO
Clavero y García admiten estar muy preocupados porque todavía, “tras lo sucedido en Marbella, las administraciones públicas siguen viendo con condescendencia, cuando no manifiesta complicidad, estos procesos de especulación urbanística”. El veterano ecopacifista cree que la Junta de Andalucía “tiene un doble discurso. Aprueba normativas, como el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que postula claramente un modelo de ciudad compacta, el modelo mediterráneo, y se declara en contra de desarrollos urbanísticos al margen de las actuales ciudades”. Una incongruencia diaria del PSOE, opina Clavero, “porque sus líderes postulan que los campos de golf no deben estar unidos a desarrollos urbanísticos, pero esa misma Junta de Andalucía acaba de aprobar los planes de Trebujena y Prado del Rey que son la antítesis del modelo que dicen propugnar. Es de locos”.
Tanto Clavero como García tienen una esperanza: confían en la Justicia. “Esperemos que las acciones, hasta ahora limitadas, contra la corrupción y la especulación urbanística sean un aviso para navegantes, pues la corrupción urbanística, digan lo que digan los partidos políticos de uno u otro signo, está incrustada en el funcionamiento de los ayuntamientos, que han visto una forma de obtener dinero fácil en las grandes recalificaciones urbanísticas y en las licencias de obras”. Un dinero fácil que está terminando por “envenenar a la estructura administrativa y política de esos mismos Ayuntamientos”, dice el dirigente ecologista. No obstante, manifiesta que “un elemento positivo a destacar es que la Justicia, por fin, empieza a tomarse en serio los delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.” Según Clavero, “la impunidad de los políticos, técnicos y empresarios que han tomado los ayuntamientos para sus intereses particulares, empieza a desvanecerse”.
El caso más delicado es de El Puerto de Santa María, “que en esto se lleva la palma con 24 convenios firmados, y Jimena, que ha firmado 30. Si desmesurados son los crecimientos de suelo urbanizable, de demencial se puede calificar el número de viviendas que se pretenden construir. En el litoral, Chiclana prevé construir 40.000 nuevas viviendas, y El Puerto 33.000. En los municipios del interior destaca Jimena con 19.000, y Medina con 11.200. En los dos casos se pretende construir más viviendas que habitantes tiene el municipio, esto es una locura, un despropósito.
GRAZALEMA
La detención por parte de la Guardia Civil del arquitecto de Grazalema Juan Prieto ha terminado de disparar todas las alarmas. “Ni la actual regidora, María José Lara, ni su antecesor y tío carnal, Antonio Mateos Salguero, han atendido convenientemente las denuncias que venimos formulando desde hace siete años”, comenta Clavero, mientras saca el expediente del caso y lo muestra a la cámara, en su modesto despacho del local de Ecologistas en Acción, situado en uno de los bajos de la Plaza de Toros de El Puerto. Clavero sabe que hay secreto del sumario, “pero da igual, lo que se tenga que saber, se sabrá, más tarde o más temprano, nos personaremos en el caso”, y se muestra convencido de que “habrá más novedades”. El viernes se dio “una vueltecita” por Grazalema “y la gente está acojonada, no sabe qué va a pasar, a quién más van a detener, saben que esto no se queda aquí”.
En la dirección provincial del PSOE hay mucha inquietud. ¿La razón? En las transacciones inmobiliarias de los terrenos próximos a la finca El Imperio ha aparecido Alfonso Blanco Romero, que actúa en representación de la firma Ubrial SL. Alfonso es hermano del ex consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco Romero, actual coordinador del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, pero también de Francisco Blanco Romero, Jefe de la Sección de Fomento, Gestión y Ejecución del Planeamiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas. Hace unos meses, desde el PSOE se informó que José Luis Blanco formaba parte de un grupo de técnicos creado para investigar la corrupción…en municipios del PP.
LA FAMILIA
Nada que objetar, la familia es la familia, y si no que se lo pregunten al secretario general provincial del PSOE, Francisco González Cabañas, pendiente de la calificación fiscal de un caso que podría afectar a su hermano Pedro. “Un disgusto que casi me cuesta la vida, con una subida de tensión brutal”, confiesa a El Mundo, escuchando al periodista, con gesto muy serio. “Es como si yo digo que tú tienes la culpa de lo que haga tu hermano”, le dice. La diferencia estriba en que el periodista no es presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, secretario general del PSOE de Cádiz ni pertenece a uno de los clanes de poder existentes en la familia socialista gaditana, y tampoco gobierna un municipio donde, según la Justicia y la Agencia Tributaria, el dinero y las facturas falsas corrían a raudales en torno a una conocida venta del pueblo. Las sospechas oficiales es que el dinero fácil, las facturas falsas, surgieron al socaire del enorme movimiento del sector de la construcción en la autovía de Jerez a Los Barrios, cofinanciada por la Junta de Andalucía y el Estado.
El pope de los socialistas gaditanos amenaza con querellas a todo el que diga algo que no sea verdad, pero la realidad es que hay más que dudas, problemas de planeamiento urbanístico en Grazalema, Jimena, en El Bosque, en Medina Sidonia, en Benaocaz, Alcalá de los Gazules, Prado del Rey, El Puerto de Santa María, en Jerez de la Frontera (el retraso en la aprobación del PGOU es la clave del desencuentro entre el andalucista Pedro Pacheco y la socialista Sánchez). Juan Clavero lo tiene claro: “En estos últimos años la mayoría de los Ayuntamientos de Cádiz se han lanzado a una vorágine recalificadora que puede tener consecuencias brutales e irreversibles sobre el medio ambiente, el territorio y el patrimonio monumental y paisajístico de los municipios gaditanos”. El ecopacifista se horroriza de que “los políticos ven ya normal proponer propuestas de recalificaciones de suelos rústicos, algunos de ellos actualmente protegidos, que duplican o triplican el actual casco urbano”. Su equipo jurídico –“me alegro de que, cada vez más, haya profesionales que se brinden a colaborar con nosotros, porque los medios son escasos”, dice Clavero- está trabajando en el caso de El Puerto de Santa María, analizando “el caos” de la etapa de mayoría absoluta de Hernán Díaz y el posterior, fruto del pacto con el PSOE.
CONVENIOS URBANÍSTICOS, NEGOCIO SEGURO
Para Clavero, en el primer puesto de “los despropósitos urbanísticos” está Medina Sidonia, gobernado por el PSOE, un pueblo con un imponente patrimonio histórico y monumental que pretende multiplicar ahora por siete su actual suelo urbano y se plantea como atractivo turístico tres campos de golf. “La moda de los campos de golf encubre de forma sistemática operaciones de recalificaciones de millones de metros cuadrados que, indefectiblemente, conllevan modificaciones de los planeamientos urbanísticos a la medida de los promotores inmobiliarios. Es el urbanismo a la carta”. Para Ecologistas en Acción, los convenios urbanísticos, en toda la provincia, parecen ser “el subterfugio” que posibilita a los “especuladores urbanísticos” decidir sobre el planeamiento, el futuro de los municipios, vulnerando el principio legal que adscribe las competencias de ordenación del territorio a los Ayuntamientos y a la Junta de Andalucía, y que estipula que todo planeamiento debe responder al interés general de los ciudadanos. “Eso lo tengo asumido claramente, así son las cosas”, dice Clavero.
EL ‘DIAGNÓSTICO’ DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Clavero afirma que “el dinero fácil (muchas veces de color más que oscuro), y las consecuentes pedreas, ha uniformado el modelo de nuestras ciudades y de nuestros partidos políticos. Da igual que sea del PSOE –con Chiclana a la cabeza de la locura especulativa-, el PP, que ha sumido a Sanlúcar y Barbate en el caos urbanístico; IU, que defiende grandes recalificaciones con campos de golf en Trebujena o Espera; o los acólitos del PA y PSA, que aunque con poco poder, vienen apoyando la mayoría de estos macroproyectos especulativos. De los llamados “Independientes” ¡qué decir! No se libran ni los parques naturales: en Villaluenga, Prado del Rey, Alcalá de los Gazules o El Bosque existen ya proyectos que pueden provocar impactos irreversibles sobre algunos de los pueblos y paisajes mas valiosos de nuestra provincia”.
