(viñeta del blog Canalsu)El presidente provincial del PP de Cádiz y parlamentario andaluz, José Loaiza, ha invitado a Juan Bouza a dimitir de su cargo al frente de la Delegación Provincial de Empleo por responsabilidad política, después de que el Defensor del Pueblo haya dictaminado que la Junta vulneró preceptos legales con el Plemca, y si no lo hace emplaza al consejero de Empleo a que lo cese. Según el dirigente popular, el silencio administrativo durante estos años y ahora, después de hacerse público el informe de José Chamizo, es intolerable, máxime cuando Cádiz es la única provincia que no ha resuelto el timo de los incentivos de empleo, que asciende a 16 millones de euros. Loaiza señala que el delegado provincial de Empleo debe cesar de su cargo, ya que su la incompetencia mostrada afecta gravemente a la confianza empresarial. En este sentido, el presidente de los populares gaditanos subraya que se han quedado sin cubrir más de 2.000 empleos y una gran cantidad de empresarios tuvieron que asumir los costes derivados de las subvenciones de 6.000 euros prometidos por la Junta de Andalucía. El Defensor del Pueblo entiende "vulnerados" varios preceptos: el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; y los artículos 3 y 42 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Concretamente el artículo 42 de esta última Ley señala: "La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación". El escrito de Chamizo dirigido a Empleo manifiesta que "uno de los deberes irrenunciables de la Administración es resolver expresamente cuantas reclamaciones se presenten ante ella". Loaiza recuerda que las ayudas fueron suspendidas en julio de 2004, con el compromiso de retomarlas en enero de 2005, pero finalmente todo quedó en aguas de borrajas. Han pasado más de tres años desde el anuncio de Empleo para solucionar el problema y la Junta ha vuelto a engañar a los gaditanos, añade, al tiempo que se pregunta cuál es la función que desempeña Bouza en el entramado administrativo del Gobierno autonómico, aparte de ordenar el cierre de la oficina del Plemca en Cádiz y mantener la boca cerrada ante los graves problemas laborales de la provincia.Además, subraya que la Consejería de Empleo también mantiene una deuda importante con las academias de formación de la provincia, a la que tampoco se le ha dado solución en los últimos años. Por todo ello, Loaiza insiste en que, por responsabilidad política, el delegado provincial de Empleo debería dejar de serlo. (Más en Diario de Cádiz)
