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La comarca donde se asienta este municipio es objeto actualmente de dos investigaciones judiciales cuyo origen está en una completa actuación de la Agencia Tributaria, en el mayor caso de facturas falsas que se recuerda en la historia de la administración tributaria: la Operación Quercus. Pero el silencio impuesto desde la órbita socialista es tremendo. Buena tierra para investigar y levantar pufos. Pa jartarse. Curiosamente, la nota oficial que estaba colgada en la web del Ministerio de Economía y Hacienda (teclear Operación Quercus en Google y buscar) ya no está accesible.
Hace un año siete personas fueron detenidas en la provincia de Cádiz y otras 21 fueron imputadas en una trama de facturas falsas en la que están implicadas 50 empresas, muchas de ellas "fantasmas", y en la que se ha descubierto un fraude fiscal superior a los 35 millones de euros.
La presencia en el listado de las más grandes empresas de la construcción y la posible imputación de familiares directos de dirigentes del socialismo gaditano son los detalles más atractivos del caso, del que poco más se sabe porque el silencio mediático es total a excepción de las investigaciones realizadas en su momento por El Mundo.
28/10/2004.-La delegada especial de la Agencia Tributaria, Pilar Fernández Marín, explicó hoy en conferencia de prensa en Sevilla que la llamada operación "Quercus" comenzó en abril y culminó ayer con la detención de las siete personas, cuya identidad no ha sido facilitada porque el juzgado número 2 de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha decretado el secreto de sumario sobre el caso.
Los detenidos han sido arrestados en los municipios gaditanos de Benalup de Sidonia, Jerez de la Frontera y Barbate y dos de ellos han ingresado ya en prisión, mientras que los otros cinco están pendientes de la decisión judicial.
La treintena de implicados en esta operación se dedicaban a sectores como la construcción, los transportes o la hostelería y en numerosos casos les unían relaciones personales o familiares.
Una veintena de las empresas implicadas, que eran "fantasmas", se dedicaban a emitir facturas falsas, cobrando por ello comisiones, para la otra treintena de empresas, que al recibir esas facturas conseguían deducciones fiscales del 16 por ciento en el IVA y del 35 por ciento en el impuesto de sociedades.
Hasta el momento, la Agencia Tributaria ha intervenido cientos de facturas correspondientes a cuatro de las empresas "fantasma", que suponen un fraude fiscal de más de 35 millones de euros.
Las empresas que emitían las facturas estaban domiciliadas en la provincia de Cádiz, mientras que algunas de las receptoras se encontraban en Sevilla y entre ellas "hay varias grandes empresas" cuyos nombres la delegada especial de la Agencia Tributaria no quiso desvelar por el secreto sumarial.
Para lograr una "apariencia de realidad" en los negocios facturados, el importe total de la factura se pagaba por parte de la empresa receptora a la "fantasma", que posteriormente negociaba el documento de pago en una empresa financiera radicada en Madrid para, finalmente, devolver el importe de la factura a la empresa una vez descontada la comisión.
Las empresas emisoras equilibraban sus cuentas adquiriendo a través de otras sociedades propiedades inmobiliarias para "blanquear el dinero" de las ganancias que obtenían, para lo que contaban con un asesor fiscal que se encargaba de crear y captar empresas para utilizarlas en la emisión y recepción de facturas falsas y con un abogado que ha colaborado, según la Agencia Tributaria, en la ocultación a Hacienda de las propiedades del máximo responsable de la trama y de su cónyuge.
De esta forma, los responsables del fraude cada vez creaban más empresas "fantasma", ya que algunas de las veinte sociedades que se han descubierto se habían constituido en fechas muy recientes.
El fraude se venía desarrollando desde 1999 y los importes de las facturas eran muy distintos según los casos, y los costes solían atribuirse a operaciones mercantiles de venta y prestaciones de servicios en el sector de la construcción, que eran posteriormente facturados a terceras empresas.
A los detenidos se les acusa de delito fiscal y de falsedad documental, mientras que los imputados están acusados de delitos fiscales.
