La Sección española de Amnistía Internacional presentó el pasado día 30 el Informe de Política Exterior y Derechos Humanos del Gobierno español: ¿Una política de gestos? que analiza el período comprendido entre enero de 2004 y septiembre de 2005. No he visto grandes repercusiones informativas de ese informe (no sé por qué soy tan iluso, coño). La clave de la escasa atención informativa es ésta:La organización critica que el compromiso con la defensa de los derechos humanos expresado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, tanto en su programa electoral como en múltiples foros internacionales, no se ha concretado en medidas efectivas en la práctica.En este nuevo Informe de Política Exterior y Derechos Humanos del Gobierno español, Amnistía Internacional analiza el lugar que han ocupado los derechos humanos en la política exterior desarrollada por el Gobierno español durante el periodo comprendido entre enero de 2004 y septiembre de 2005. El análisis se centra en la acción exterior del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, surgido de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, aunque también dedica un epígrafe a evaluar el último periodo del anterior Gobierno. (Noviembre 2005) Descargar (Formato PDF comprimido ZIP, 1,82 Mb, 123 págs)
“Es muy negativo que la defensa de los derechos humanos no sea un aspecto visible, relevante y con impacto concreto en la agenda política de las relaciones bilaterales de España con países de su entorno o de su área de influencia como Marruecos, Colombia, Cuba o Guinea Ecuatorial; y que estos mismos derechos se obvien en las relaciones con Estados Unidos, China o Rusia”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Como un aspecto positivo, en el discurso sobre política exterior del Gobierno español han ocupado un lugar destacado los derechos humanos. Este discurso se ha acompañado de una política de apoyo al marco de Naciones Unidas: apuesta por la legalidad internacional, y un discurso contra el terrorismo vinculado al respeto por los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como a la lucha contra la pobreza.
Pero esa tendencia de compromiso con el derecho internacional en el exterior no ha encontrado reflejo en algunos ámbitos de la política interior, como la educación o la política de inmigración y asilo, poniendo de manifiesto una grave contradicción. Así, España ha firmado el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, pero no ha puesto en práctica las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura.
“Estamos muy preocupados porque el mayor ataque al sistema universal de derechos humanos, la llamada “guerra contra el terror”, que supone un recorte de libertades y ha puesto de actualidad la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, liderado por Estados Unidos y sus aliados en el Reino Unido, no ha merecido ni una condena firme por parte del gobierno español”, afirma Esteban Beltrán. “Tampoco las violaciones de derechos humanos perpetradas por países como Rusia, en el contexto de esta guerra han merecido la atención de nuestro Gobierno. El Gobierno puede y debe jugar un papel mucho más relevante en la defensa de los derechos humanos en el contexto de la guerra contra el terror”.
“La política de gestos no es suficiente: la reciente visita del presidente chino Hu Jintao a nuestro país ha sido un buen ejemplo de cómo el Gobierno español elude su compromiso con los derechos humanos en las relaciones bilaterales con este país, obviando las gravísimas violaciones de derechos humanos que allí se dan.” añade Esteban Beltrán.
Además, continúa sin implantarse en España un Plan Nacional de Derechos Humanos, a pesar del compromiso en este sentido que recoge el programa electoral del partido en el gobierno.
Igualmente, para Amnistía Internacional, las fuerzas políticas con representación parlamentaria deben priorizar la defensa y la promoción de los derechos humanos a la hora de realizar las funciones de control y orientación política del gobierno en materia de política exterior. El Parlamento debe exigir que se respeten los acuerdos e iniciativas parlamentarias y los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos, así como una mayor rendición de cuentas por parte del gobierno.
También se han producido cambios positivos con respecto de la política exterior que se venía desarrollando en los últimos años, como el apoyo renovado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, o el compromiso público del gobierno español de apoyar la iniciativa a favor de un tratado internacional que regule el comercio de armas, así como los avances en materia de transparencia e información de las exportaciones españoles de material de defensa, aunque este hecho contrasta con que a nivel nacional no haya una ley que regule este mismo comercio.
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