Teófila Martínez no estaba, ni en junio ni en diciembre de 1987

Ni estaba en junio, ni en diciembre de 1987, primero porque no asistió a la última comisión de gobierno del mandato 1983/1987 y segundo porque en diciembre de 1987 ya no formaba parte de la Corporación. El aparato mediático habitual ataca a Teófila. Y la alcaldesa se defiende ... Menos mal que en Cádiz, al contrario que en El Puerto, no se responsabiliza de nada, y menos patrimonialmente, al PSOE y al primer alcalde democrático, Carlos Díaz.

Hoy, al leer EL PUERTO INFORMACIÓN y DIARIO DE CÁDIZ se diría que algo raro pasa...

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, dio ayer instrucciones a su abogado -al igual que el PP gaditano a sus servicios jurídicos- para que esta semana se interponga una querella criminal por injurias y calumnias contra el edil de Urbanismo de El Puerto de Santa María, Juan Carlos Rodríguez (de Independientes Portuenses, IP) que responsabilizó a la alcaldesa de acuerdo urbanístico adoptado en diciembre de 1987 sobre una promoción inmobiliaria en la playa de Valdelagrana, considerado ilegal por el Tribunal Supremo, que condena al ayuntamiento a pagar un millón de euros como indemnización a los vecinos afectados, de la urbanización Valdemar. El concejal portuense atribuyó la responsabilidad política a la alcaldesa sin verificar antes que Martínez ya no era concejala el 10 diciembre de 1987, ya que no se presentó a las elecciones locales celebradas en junio de ése año. Teófila Martínez está convencida que todo ha sido "un montaje" pero antes concederá a Juan Carlos Rodríguez, tal como establece la ley, la oportunidad de admitir su error en el acto de conciliación previo a la interposición de la querella, según publica hoy EL MUNDO DE ANDALUCÍA.

El presidente del Partido Popular de Cádiz, el letrado José Loaiza, está "absolutamente seguro" de que las acusaciones del concejal de Urbanismo de El Puerto contra la alcaldesa Teófila Martínez "son fruto de un montaje" por lo que el abogado defensor de la alcaldesa y la propia organización política destinarán los recursos que sean necesarios "para desmontar esta burda operación, que tiene autores ideológicos, ejecutores y colaboradores". Para ello, un notario ha solicitado a Radio Cádiz de la SER y a la Delegación de Canal Sur Radio y Televisión que "conserven o entreguen" copias de todas las informaciones en las que se mencionó a la alcaldesa, en relación al caso de Valdelagrana, y que se emitieron el pasado viernes hasta que ambos medios rectificaron indicando que cuando se adoptó la decisión urbanística por parte de la Comisión de Gobierno portuense (integrada por PSOE y AP) "Teófila Martínez ya no formaba parte de la Corporación". Al mismo tiempo, la asesoría jurídica del PP ha solicitado el teletipo ofrecido por la agencia Efe, que propició la publicación de la noticia en numerosos medios de comunicación de toda España.

PATRIMONIO

Un prestigioso letrado gaditano, especialista en Corporaciones Locales, consultado ayer por EL MUNDO explicó que "de aplicarse el criterio de responder patrimonialmente ante decisiones colegiadas de una comisión de gobierno, tal como pretende el gobierno de Independientes Portuenses (el actual alcalde apoya hasta ahora a su edil de Urbanismo), la realidad es que no se tomarían la mayor parte de las decisiones en un municipio. Las cosas no son así. Por ejemplo, en Cádiz a nadie se le ha ocurrido pedir que responda patrimonialmente al anterior alcalde, Carlos Díaz, del PSOE, por decisiones que han costado muchos millones a las arcas municipales". Entre ellas, el letrado recuerda asuntos como el pleito por las tarifas del Puente Carranza (600 millones de pesetas), la expropiación anulada de la Plaza Reina Sofía (400), el Club Alcázar (90) o la Verja del Muelle (20).

La alcaldesa fue preguntada por una redactora de la SER en su habitual rueda de prensa tras la junta local de gobierno del pasado viernes. Casi a esa misma hora de la mañana, el edil de Urbanismo de El Puerto también fue interrogado por el mismo tema mientras visitaba unas obras. A partir de ése instante, tanto la SER como Canal Sur TV comenzaron a informar repetidamente en sus informativos y boletines sobre el asunto dando crédito a las palabras del concejal portuense. Todo ello hasta que, desde el entorno de Teófila Martínez, se hizo ver a los responsables informativos de ambos medios el error en que incurrían ya que la alcaldesa no era concejala cuando la Comisión de Gobierno aprobó conceder la licencia urbanística, conforme a un proyecto reformado. La decisión fue ratificada por todos los integrantes del equipo de gobierno (PSOE-AP) y por el entonces alcalde, el socialista Juan Manuel Torres en la comisión referida.


IZQUIERDA UNIDA CREE QUE IP "HA HECHO EL RIDÍCULO"

El concejal portuense y parlamentario autonómico de Izquierda Unida, Ignacio García, animó ayer a Independientes Portuenses a que emprenda las acciones jurídicas que considere oportunas contra los miembros del gobierno de PSOE-AP que en 1987 otorgaron la licencia ilegal en Valdelagrana. García, sin embargo, les pidió que, "antes de hacerlo, se asesoren bien para evitar el ridículo que hicieron con Teófila Martínez y que recuerden que, entonces, en el gobierno estaban también sus recientes socios y amigos de siempre miembros del Partido Socialista, el cual ostentaba la Alcaldía".

García pidió asimismo a Juan Carlos Rodríguez, teniente alcalde de Urbanismo, que "comience por aplicarse el cuento personalmente y responda con su patrimonio personal de las sanciones a las que tiene que hacer frente el Ayuntamiento como consecuencia de su mala gestión." Entre estas sanciones García citó las impuestas por la Consejería de Cultura por varios expedientes en el Casco Histórico, entre los que citó el correspondiente al derribo ilegal de la Casa de Las Cadenas, que le supuso al Ayuntamiento una sanción de 25 millones de pesetas.

El concejal de IU recordó también los casi 20 millones de euros no justificados, perdidos o gastados inadecuadamente detectados por el Tribunal de Cuentas en la Auditoría conocida recientemente, correspondiente a los ejercicios 1.995 - 2.000, que abarcan también parcialmente (desde 1999) un período en que Juan Carlos Rodríguez participó en el Gobierno Municipal. "¿Es que nadie va a responder por este expolio?", se preguntó García. El Grupo Municipal de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno una iniciativa relacionada con la petición de responsabilidades por los resultados de la fiscalización del Tribunal de Cuentas y una pregunta sobre la sentencia de la licencia de Valdelagrana.


IP NO PERDONA AL PP QUE LE ARREBATARA A UN ALCALDABLE

Independientes Portuenses (IP), partido que preside el ex alcalde Hernán Díaz -inhabilitado por siete años para ejercer cargo público- no va a perdonar al PP que le haya arrebatado a uno de sus alcaldables, Enrique Moresco para encabezar su cartel. Las acusaciones del concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, contra Teófila Martínez se han producido en un contexto político muy delicado para IP, con un contundente informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona hasta extremos sonrojantes la gestión del ayuntamiento y sus empresas en el período 1995-2000. IP y PP se llevan como el perro y el gato, si bien tanto el actual alcalde, Fernando Gago, como el portavoz municipal del PP, Aurelio Sánchez, mantienen una relación correcta. El segundo, no obstante, ha solicitado por registro al primero el expediente "completo" del caso Valdelagrana y le ha advertido que en este tema su compañero Rodríguez "se ha pasado de la raya".

El misil de Rodríguez se ha vuelto contra él mismo -ahora tendrá que responder en los tribunales- y, lo que resulta más comprometido, contra el PSOE, ya que el alcalde en 1987 era el socialista Juan Manuel Torres. Socialistas y populares, como en Sanlúcar de Barrameda, se aliaron a finales de 1987 para desbancar a los alcaldes comunistas José Luis Medina Lapieza y Rafael Gómez Ojeda. La hoy alcaldesa de Cádiz fue concejal de Urbanismo de 1983 a 1987, pero los cambios en su partido (con la crisis de Hernández Mancha) no hicieron posible su continuidad, siendo sustituida por otro compañero, Indalecio Rábago. Si bien el expediente básico fue iniciado por los técnicos de Urbanismo en junio de 1987 (fue la última comisión de gobierno de Martínez), la decisión del tribunal se produce por un acuerdo adoptado el 10 de diciembre de 1987 y produjo ante un "proyecto reformado del básico". Pero la realidad incontestable es que Martínez no estaba ya entre quienes tomaron la decisión urbanística anulada.
fin

El factor político de las Operaciones Karlos y Halcón

“Todo esto es muy raro, en plenas vacaciones de verano, después de un escándalo monumental en los juzgados y en todos los medios de comunicación de España, dos casos de enorme importancia e impacto social parece que se disuelven como un azucarillo. No puede ser así, la Audiencia Provincial tendrá que encauzar todo esto porque, tal como denuncian la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, parece que nos encontramos ante supuestos delitos que, por su gravedad, no pueden quedar impunes y menos por un posible fallo judicial. Estas personas, supuestamente, cometían delitos contra la Hacienda Pública y eso incluye a la Seguridad Social. Yo confío en que la instrucción siga y lleguemos a juicio, pero sabiendo lo que realmente pasó y si hay implicaciones políticas en ambos casos”. Quién así piensa es el senador José Blas Fernández, del Partido Popular, el único político gaditano que ha interpelado, en dos ocasiones, al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Caldera, sobre el alcance del caso ‘Karlos’, en el que un juez y la Guardia Civil investigan una presunta trama para mediar en la consecución de certificados de incapacidad laboral. Este reportaje fue publicado este pasado domingo en la edición andaluza del diario EL MUNDO

La Iglesia vende parte de su patrimonio en Jerez para pagar el nuevo palacio del Obispado

Nunca, en la historia de la Diócesis de Jerez, se había visto tal interés por parte del Ayuntamiento y Pedro Pacheco -hoy delegado de Urbanismo y coordinador de Política Territorial, pero alcalde de 1979 a 2003- por el patrimonio de la Iglesia en la ciudad. En pocos meses, la excelente sintonía existente entre Pacheco y el obispo, Juan del Río Martín, o la proximidad de las elecciones locales de 2007 (el movimiento cofrade es muy importante en la ciudad), han obrado 'milagros', es decir acuerdos urbanísticos, ventas de edificios y transacciones. El primero, de carácter económico y urbanístico, propiciará el traslado de la Casa del Obispado, actualmente en un céntrico edificio, al rehabilitado Palacio de Bertematí, muy cerca de la Catedral de Jerez. Las mejoras han costado 4,2 millones de euros y la venta de la antigua sede del obispado -donde ha permanecido 28 años- se ha cerrado en 6 millones de euros, acuerdo 'bendecido' administrativamente desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) -auténtico "ayuntamiento" paralelo- y el propio Obispado, que destinará parte del sobrante a obras necesarias en la extensa diócesis de Asidonia-Jerez, donde hay parroquias como Santiago, cerradas al culto por graves deficiencias estructurales, según publicó ayer EL MUNDO DE ANDALUCÍA

Pocos datos han trascendido sobre la sociedad inmobiliaria gaditana que ha adquirido el edificio del Obispado, que debe ser desalojado totalmente antes del 31 de diciembre, por lo que la mudanza es un hecho en estos meses estivales. En la financiación de la nueva sede del Obispado también participan la obra social de Cajasur y la Junta de Andalucía. El nuevo palacio obispal de Bertematí se incorpora así al paisaje urbano rehabilitado en el centro, muy cerca no solo de la catedral sino del futuro centro de congresos del flamenco que se levanta en la Plaza Belén. Bertematí es uno de los palacios emblemáticos de la ciudad, como lo son el ahora ocupado por la Fundación Andaluza del Flamenco, el Palacio de Carrizosa (en San Mateo) o el palacio de la Fundación Teresa Rivero. La Iglesia ha logrado financiar la rehabilitación de su nueva sede también con aportaciones como la venta de la antigua sede de la orden de las religiosas de las Siervas de María, en la plaza de las Angustias, recientemente transformada en un hotel de cuatro estrellas de la cadena Barceló. La gestión fue iniciada por el anterior obispo, ya fallecido, Rafael Bellido Caro. El nuevo Palacio del Obispado contará archivo y biblioteca, infraestructuras para consulta por parte de investigadores.

Pacheco nunca ha obviado la importancia de un movimiento, el cofrade, de gran importancia en la ciudad. Lo ha hecho en todos estos años incorporando o 'fichando' algunas piezas esenciales de las hermandades y no olvidando destinar en el presupuesto anual partidas para las parroquias. Pero lo de los últimos meses es de una mayor envergadura. Obsesionado con mantener un voto de centro izquierda y populista, Pacheco no olvida que parte de la derecha económica, social y religiosa siempre le ha votado. No en balde, accedió al cargo de alcalde en 1979 por el apoyo que le brindaron movimientos obreros cristianos de base, algunos de cuyos dirigentes militaban en la entonces influyente Unión Sindical Obrera (USO).

SAN JUAN

Lo que más ha llamado la atención en estos días es la posible venta de la iglesia de San Juan de los Caballeros a la GMU. La enajenación del histórico templo del siglo XV, en realidad una cesión institucional -que habría que cuantificarse y plasmarse en un acuerdo urbanístico- debe contar aún con el visto bueno del Vaticano y superar el escollo de la actividad que desarrolla en dependencias anexas la Hermandad de la Vera-Cruz. Se adoptaría una fórmula similar a la seguida con el palacio de San Telmo de Sevilla, hoy sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía y antes seminario mayor hispalense. San Juan de los Caballeros es un templo lleno de misterio e historia, ya que, según las leyendas, fue en esta iglesia donde los caballeros que defendían la ciudad escribieron con su propia sangre una carta a Sancho IV, solicitando ayuda ante el sitio que padecía Jerez. El templo conserva su primitiva planta mudéjar y una impresionante fachada y ábside almenado. En la bóveda de la sacristía aparecen esculpidas las cruces de las órdenes militares a las que pertenecieron los caballeros jerezanos.

Roma quiere saber antes lo que se quiere hacer la GMU, cuál sería el futuro uso de la iglesia y el destino de los beneficios que se obtuvieran con la cesión, algo de lo que se ha de encargar el obispo, Juan del Río. La GMU, en realidad Pedro Pacheco, consumará así su viejo deseo de liberar de edificaciones los alrededores del majestuoso pero deteriorado templo -que debe rehabilitar a conciencia- y crear un boulevard amplio que abrirá al uso una parte muy importante del caso histórico, todo ello dentro del barrio de San Mateo, que está sufriendo una profunda transformación urbanística y comercial. La idea de Pacheco es destinar esta iglesia a equipamiento cultural, para ofrecer exposiciones, conciertos selectos, conferencias o actividades multimedia. De momento, lo único que se sabe del precio contemplado en la permuta es que será "justo", según Pacheco, y que si permitirá a la Iglesia financiar parte de su desarrollo en la ciudad.