(*) Nota de prensa emitida por el Ayuntamiento de Jerez, en su integridad:
El PSA dejó como herencia 84 altos cargos con sueldos blindados superiores a los 60.000 euros anuales. 52 empleados siguen cobrando hoy día más de 70.000 euros, de los que 19 cobran por encima de los 90.000 euros al año. La alcaldesa anunció a principios del presente mandato un Plan Municipal de Reformas que incluía, entre otras muchas acciones, la reducción salarial de los altos cargos del Ayuntamiento de Jerez, incluidas las empresas y organismos autónomos.
La herencia de los sucesivos gobiernos del PSA de Pedro Pacheco, fruto de una política de contratación y retribución guiada por intereses ajenos al interés general de la ciudadanía o al buen funcionamiento de la Administración, no podía ser más desoladora: un ejército de 128 altos cargos esquilmaba –y aún lo hace- las arcas municipales con un coste anual de 8.772.557 euros.
Para comprender la magnitud de la generosidad del PSA con los empleados afines, y el expolio del dinero de los contribuyentes jerezanos, basta añadir algunos datos más:
10 altos cargos cobran más de 100.000 euros anuales;
9 altos cargos cobran más de 90.000 euros anuales;
otros 9 cobran por encima de los 80.000 euros al año;
24 ingresan más de 70.000 euros anuales,
y otros 31 tienen sueldos superiores a los 60.000 euros al año.
Esta auténtica guardia de corps del PSA, integrada en su mayoría por personal de confianza y contratados por designación directa, sigue cobrando exactamente lo mismo hoy día a pesar del cambio de Gobierno tras el 27 de mayo de 2007, y a pesar de la decisión de los nuevos responsables municipales de rebajar estos elevados sueldos. La razón hay que encontrarla en la segunda –pero no menos importante- regalía del PSA a sus acólitos: el blindaje de muchos de sus contratos.
Meses después de recibir el mandato del Gobierno local, el Gabinete Jurídico del Ayuntamiento sigue buscando una fórmula legalmente viable que permita rebajar esos sueldos impropios de una Administración municipal. Hasta ahora, ni siquiera el apoyo técnico de expertos externos al Consistorio ha permitido por el momento romper el blindaje de estos sustanciosos contratos cuyos beneficiarios, por cierto, son en muchos casos auténticas sagas familiares.
Y todo ello a pesar de que muchos de estos empleados ha dejado ya de ocupar los cargos de responsabilidad que ejercieron bajo los gobiernos del PSA. Su blindaje es tan férreo que sus emolumentos no están vinculados a una determinada función, sino que están redactados de tal manera que siguen cobrando 100.000, 90.000, 80.000 o 70.000 euros anuales aunque ahora trabajen en funciones meramente administrativas sin responsabilidad alguna.
Eso sin contar con los cientos de trabajadores contratados durante años por el PSA en fraude de ley, tal como han demostrado los propios tribunales de Justicia, la mayoría de ellos sin cualificación. Baste recordar los más de cien trabajadores contratados por el PSA en la extinta GMU durante el anterior mandato. La locura de este derroche de personal obligó al PSA a vender el patrimonio público de los jerezanos para pagar sus salarios, lo que contraviene la legalidad tal como denunció la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe correspondiente al año 2004.
Pero el actual Gobierno local no ceja en su empeño de poner orden y cordura en las nóminas municipales, con escrupuloso respeto, eso sí, a todos aquellos trabajadores cuyos emolumentos, altos o bajos, respondan a causas objetivas o a las características de la plaza que ocupan por procedimientos legales. Y lo primero que ha hecho ha sido predicar con el ejemplo. En una decisión que quizá no ha sido lo suficientemente valorada por la opinión pública (es cierto que es lo que había que hacer, pero no lo es menos que nunca se había hecho), en junio de 2007 el Gobierno local sometió a consideración del Pleno de la Corporación la contratación de los funcionarios de empleo (personal de confianza propio de todo Gobierno), tanto el número de contratos como los sueldos que percibirían.
Es decir: por primera vez en la historia democrática del Ayuntamiento, la oposición, los medios de comunicación y la ciudadanía en general conocían, con luz y taquígrafos, cuántas personas de confianza necesitaba el Gobierno para cumplir sus objetivos en el presente mandato y qué salarios percibirían. Más aún, todos estos trabajadores finalizan sus contratos el mismo día que se constituya la Corporación que se elija en las próximas elecciones municipales, es decir, ya no hay blindajes de por vida como hacía el PSA.
Este cambio radical en la política municipal de contratación y remuneración de los trabajadores municipales y el personal de confianza, responde a los mismos principios democráticos que la decisión de elaborar una Relación de Puestos de Trabajo (RTP), y una Valoración de los Puestos de Mando (altos cargos) del Ayuntamiento. Se trata de dos documentos que, para sorpresa general, el PSA siempre se negó a realizar durante los 24 años que gobernó el Ayuntamiento de Jerez, lo que le convierte en una excepción en el conjunto de la Administración pública española.
Ambos procesos se encuentran en fase muy avanzada, y persiguen establecer criterios objetivos, transparentes y democráticos a la hora de emplear el dinero público en algo tan sensible como la contratación de personal, el establecimiento de sus responsabilidades laborales, y la fijación de sus salarios. Es decir, de esta forma se impide la arbitrariedad del gobernante de turno a la hora de fijar y aplicar dichos parámetros.
La pregunta es: ¿Qué ha dicho el PSA de todo esto? Nada.
O, para ser exactos, lo único que ha dicho es que el director de Gabinete de Alcaldía ha empezado a cobrar como tal, después de varios meses en los que su salario era inferior a lo que le correspondía por decisión democrática y transparente del Pleno del Ayuntamiento de Jerez. Un sueldo que, por cierto, sigue muy por debajo de los más de 80.000 euros anuales que sigue cobrando 28 altos cargos del PSA.
Y para colmo, el mismo PSA que expolió el Ayuntamiento (y por tanto el bolsillo de los jerezanos) se permite ahora rasgarse las vestiduras y exigir explicaciones. El Gobierno local se ha explicado suficientemente donde debe: en el Pleno municipal de 21 de junio de 2007, en el que se aprobaron el número y los sueldos del personal de confianza, incluido el director de Gabinete de Alcaldía. Las explicaciones del PSA, más allá de su derrota electoral, aún no se han producido.
La herencia de los sucesivos gobiernos del PSA de Pedro Pacheco, fruto de una política de contratación y retribución guiada por intereses ajenos al interés general de la ciudadanía o al buen funcionamiento de la Administración, no podía ser más desoladora: un ejército de 128 altos cargos esquilmaba –y aún lo hace- las arcas municipales con un coste anual de 8.772.557 euros.
Para comprender la magnitud de la generosidad del PSA con los empleados afines, y el expolio del dinero de los contribuyentes jerezanos, basta añadir algunos datos más:
10 altos cargos cobran más de 100.000 euros anuales;
9 altos cargos cobran más de 90.000 euros anuales;
otros 9 cobran por encima de los 80.000 euros al año;
24 ingresan más de 70.000 euros anuales,
y otros 31 tienen sueldos superiores a los 60.000 euros al año.
Esta auténtica guardia de corps del PSA, integrada en su mayoría por personal de confianza y contratados por designación directa, sigue cobrando exactamente lo mismo hoy día a pesar del cambio de Gobierno tras el 27 de mayo de 2007, y a pesar de la decisión de los nuevos responsables municipales de rebajar estos elevados sueldos. La razón hay que encontrarla en la segunda –pero no menos importante- regalía del PSA a sus acólitos: el blindaje de muchos de sus contratos.
Meses después de recibir el mandato del Gobierno local, el Gabinete Jurídico del Ayuntamiento sigue buscando una fórmula legalmente viable que permita rebajar esos sueldos impropios de una Administración municipal. Hasta ahora, ni siquiera el apoyo técnico de expertos externos al Consistorio ha permitido por el momento romper el blindaje de estos sustanciosos contratos cuyos beneficiarios, por cierto, son en muchos casos auténticas sagas familiares.
Y todo ello a pesar de que muchos de estos empleados ha dejado ya de ocupar los cargos de responsabilidad que ejercieron bajo los gobiernos del PSA. Su blindaje es tan férreo que sus emolumentos no están vinculados a una determinada función, sino que están redactados de tal manera que siguen cobrando 100.000, 90.000, 80.000 o 70.000 euros anuales aunque ahora trabajen en funciones meramente administrativas sin responsabilidad alguna.
Eso sin contar con los cientos de trabajadores contratados durante años por el PSA en fraude de ley, tal como han demostrado los propios tribunales de Justicia, la mayoría de ellos sin cualificación. Baste recordar los más de cien trabajadores contratados por el PSA en la extinta GMU durante el anterior mandato. La locura de este derroche de personal obligó al PSA a vender el patrimonio público de los jerezanos para pagar sus salarios, lo que contraviene la legalidad tal como denunció la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe correspondiente al año 2004.
Pero el actual Gobierno local no ceja en su empeño de poner orden y cordura en las nóminas municipales, con escrupuloso respeto, eso sí, a todos aquellos trabajadores cuyos emolumentos, altos o bajos, respondan a causas objetivas o a las características de la plaza que ocupan por procedimientos legales. Y lo primero que ha hecho ha sido predicar con el ejemplo. En una decisión que quizá no ha sido lo suficientemente valorada por la opinión pública (es cierto que es lo que había que hacer, pero no lo es menos que nunca se había hecho), en junio de 2007 el Gobierno local sometió a consideración del Pleno de la Corporación la contratación de los funcionarios de empleo (personal de confianza propio de todo Gobierno), tanto el número de contratos como los sueldos que percibirían.
Es decir: por primera vez en la historia democrática del Ayuntamiento, la oposición, los medios de comunicación y la ciudadanía en general conocían, con luz y taquígrafos, cuántas personas de confianza necesitaba el Gobierno para cumplir sus objetivos en el presente mandato y qué salarios percibirían. Más aún, todos estos trabajadores finalizan sus contratos el mismo día que se constituya la Corporación que se elija en las próximas elecciones municipales, es decir, ya no hay blindajes de por vida como hacía el PSA.
Este cambio radical en la política municipal de contratación y remuneración de los trabajadores municipales y el personal de confianza, responde a los mismos principios democráticos que la decisión de elaborar una Relación de Puestos de Trabajo (RTP), y una Valoración de los Puestos de Mando (altos cargos) del Ayuntamiento. Se trata de dos documentos que, para sorpresa general, el PSA siempre se negó a realizar durante los 24 años que gobernó el Ayuntamiento de Jerez, lo que le convierte en una excepción en el conjunto de la Administración pública española.
Ambos procesos se encuentran en fase muy avanzada, y persiguen establecer criterios objetivos, transparentes y democráticos a la hora de emplear el dinero público en algo tan sensible como la contratación de personal, el establecimiento de sus responsabilidades laborales, y la fijación de sus salarios. Es decir, de esta forma se impide la arbitrariedad del gobernante de turno a la hora de fijar y aplicar dichos parámetros.
La pregunta es: ¿Qué ha dicho el PSA de todo esto? Nada.
O, para ser exactos, lo único que ha dicho es que el director de Gabinete de Alcaldía ha empezado a cobrar como tal, después de varios meses en los que su salario era inferior a lo que le correspondía por decisión democrática y transparente del Pleno del Ayuntamiento de Jerez. Un sueldo que, por cierto, sigue muy por debajo de los más de 80.000 euros anuales que sigue cobrando 28 altos cargos del PSA.
Y para colmo, el mismo PSA que expolió el Ayuntamiento (y por tanto el bolsillo de los jerezanos) se permite ahora rasgarse las vestiduras y exigir explicaciones. El Gobierno local se ha explicado suficientemente donde debe: en el Pleno municipal de 21 de junio de 2007, en el que se aprobaron el número y los sueldos del personal de confianza, incluido el director de Gabinete de Alcaldía. Las explicaciones del PSA, más allá de su derrota electoral, aún no se han producido.
