Reproducimos el artículo que Javier Arenas, presidente del Partido Popular de Andalucía, publica hoy en El Mundo: "Defender la libertad de expresión cuando los medios de comunicación nos son favorables, resulta fácil. Moralmente, es plausible avalar esta libertad cuando los periodistas no nos alaban o, sencillamente, no comparten nuestros postulados o decisiones. Los que llevamos algún tiempo en la actividad pública sabemos por experiencia que el ejercicio de la libertad de información conlieva errores o inexactitudes, pero sabemos igualmente que sin esa libertad no seria posible la democracia. Sin esta libertad, fundamentada necesariamente en la pluralidad correspondiente a la diversidad social y política, no sería posible la reflexión democrática de los ciudadanos.
Tras más de veinticinco años de análisis de la política, he visto muchas cosas relacionadas con el mundo de la información y mi conclusión es que la inmensa mayoría de los jeriodistas y comunicadores sienten respeto por la veracidad de la información que aportan y que los medios de comunicación, incluso los que hacen confesión expresa de opción partidista, pueden expresar más o menos certeramente lo que piensan creen y defienden pero no utilizan la mentira, la falsedad o la truculencia en lo que aportan como información.
Esta semana se ha abierto en Andalucía un juicio trascendental sobre la libertad de expresión y el derecho a la información veraz, juicio que puede condicionar el futuro de nuestras libertades. Algunos han confundido este juicio y creen qué se refiere a la defensa del derecho a una buena reputación política supuestamente dañada por unas informaciones aparecidas en el diario EL MUNDO. No. Es un juicio donde se juega, con sus defectos y virtudes, el futuro de la libertad de expresión e información para los ciudadanos.
Quienes creen que se defiende la buena reputación de una persona pública limitando, restringiendo, intentando atemorizar a quienes ejercen la profesión periodística de modo que las malas intenciones sean prevenidas o combatidas judicialmente, están en un error. No defenderán así ni el honor ni la reputación de las personas, sino que ampararán en el futuro el abuso de poder y el temor en el seno de la sociedad civil ante las denuncias de las irregularidades los gobernantes.
Es lamentable que quienes ostentan las más altas responsabilidades de la comunidad andaluza confundan fuentes de la información con transmisores de dicha información con el fin, cada vez más claro, de amedrentar a quienes se atreven a denunciar las posibles arbitrariedades del poder, sea cual sea este poder. Es tremendo que a estas alturas algunos sigan prefiriendo matar al mensajero que estudiar el mensaje o comprobar si el mensaje es real o no lo es. Es más extraño aún que el supuesto autor del mensaje esté, en este caso, a extramuros de este procedimiento judicial, mientras los que narraron el contenido del mensaje sean los que se sienten en el banquillo de los acusados.
Distinguía Ortega entre gobernantes magnánimos y gobernantes pusilánimes. El gobernante magnánimo es quien tiene una gran visión de lo que debe ser creado y una gran voluntad y generosidad para con esa creación. El gobernante pusilánime es el que caréce de misión política, el que persiste pero no existe, el que anda entre las cosas ya hechas por otros, pero que es incapaz de construir algo nuevo, de disponer de proyectos, de inyectar ilusión. El pusilánime no piensa en una gran creación sino en sí mismo: en su placer, en su dolor o, añado humildemente, en su reputación.
La nueva Andalutía, la Andalucía del cambio, la Andalucía liberada de la presión monopartidista ejercida sobre ella desde hace 25 años, debe preferir la libertad al miedo, la prensa libre a la coacción del poder, la responsabilidad ética de los periodistas a su responsabilidad penal. En casos como el que comentamos, harían falta gobernantes magnánimos que, más allá de su figura y sus emociones personales, tuvieran clara la visión de una Andalucía de la libertad antes que continuar el camino trillado desde 1982 de una Andalucía sobrecogida por el poder de un partido, poder que pretende tener estas semanas una nueva oportunidad para hacerse temer, que no respetar, en ésta tierra.
No olvidamos que a diario en Andalucía se intenta condicionar la libertad de los medios de comunicación. La información oficial es patrimonio de algunos, no de todos; la publicidad institucional es un mecanismo permanente al servicio de líneas editoriales adictas. Se desvía a la comunicación dinero que sería imprescindible para la educación o la sanidad. Con toda claridad: hay medios de comunicación en Andalucía que, sin los favores del gobierno andaluz, ni sus lectores, ni sus oyentes, ni la publicidad comercial garantizarían su viabilidad.
Siempre es preferible la libertad al silencio. Como dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
*Javier Arenas es presidente del PP de Andalucía.
