Del ajuste de cuentas al patinazo

El concejal de Urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, culpó este pasado viernes a la actual alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, de ser corresponsable en 1987 de que ahora el Ayuntamiento, tras una sentencia emitida por el Tribunal Supremo, tenga que abonar 1.009.700 euros (167.999.944 pesetas) en concepto de indemnización a la comunidad de vecinos de los bloques 8, 9 y 10 de la urbanización Valdemar, en el paseo marítimo de la playa de Valdelagrana. Los vecinos denunciaron al Ayuntamiento, entonces presidido por el socialista Juan Manuel Torres, tras el pacto de gobierno suscrito entre el PSOE y Alianza Popular (AP), que el 10 de diciembre de 1987, aprobó la reforma de un proyecto urbanístico de la cuarta fase del Complejo Residencial Valdemar. Los vecinos de tres edificios situados detrás de la promoción perdieron sus vistas al mar, sufrieron problemas de estacionamiento y padecieron problemas derivados de la falta de equipamiento del nuevo bloque de viviendas, de once plantas, según publicó ayer EL MUNDO DE ANDALUCIA.

NO ERA CONCEJAL
Sin embargo, la denuncia de Rodríguez fue descalificada ayer de plano por el diputado y actual portavoz municipal del PP en El Puerto, Aurelio Sánchez, quien informó que tanto él como Teófila Martínez fueron concejales en el mandato municipal comprendido entre 1983 y 1987, con responsabilidades en Medio Ambiente y Urbanismo respectivamente, “por lo que difícilmente Teófila Martínez pudo adoptar decisión alguna o aprobar la licencia y menos aún responder patrimonialmente. A IP le advierto que la técnica del ventilador a veces se vuelve contra quien la usa, eso sin contar con las acciones legales a las que se arriesgan. Por medio está el honor y la reputación de un político, que constituyen su principal patrimonio”.

El Tribunal Supremo basa su sentencia en que la licencia de obras para la construcción del edificio se concedió “a pesar de los informes negativos de los técnicos municipales”, por lo que el portavoz municipal del PP anunció ayer que el próximo lunes exigirá por registro al actual alcalde, Fernando Gago (de IP), que aporte el expediente completo del caso y aporte, públicamente, las explicaciones correspondientes sobre lo realmente sucedido. “No entiendo, realmente, como se pueden decir estas cosas”.

El concejal de Urbanismo del Consistorio portuense, Juan Carlos Rodríguez, informó de esta sentencia a varios medios de comunicación y expresó a la agencia Efe su “sorpresa” e “indignación” ante “el importante desembolso” que puede suponer para las arcas municipales una decisión “arbitraria y en contra de informe técnico” que tomó la Comisión de Gobierno hace 19 años “a instancias de la que por entonces era teniente de alcalde de Urbanismo, Teófila Martínez”. El edil de Urbanismo de El Puerto dijo a varios periodistas que han recuperado el expediente y lo han remitido a la asesoría jurídica del Ayuntamiento, que estudiará la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial a la comisión que concedió la licencia en 1987 y, dijo que, de salir adelante, Teófila Martínez podría hacer frente a la indemnización con su patrimonio personal.

ESTUPOR
La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, advirtió de acciones legales en defensa de si honorabilidad y recordó que, en cualquier caso, “las decisiones en una Comisión de Gobierno son colegiadas y el máximo responsable es el alcalde, que tiene en cuenta los informes técnicos previos y los que aportan tanto el secretario general como el interventor. No entiendo a qué viene todo esto”, dijo la regidora gaditana. Por su parte, el portavoz municipal del PP, Aurelio Sánchez, afirmó que “se condena al Ayuntamiento, que es responsable civil de los actos, y erosionar la imagen de una persona con importantes responsabilidades políticas y administrativas como Teófila Martínez me parece de una gran bajeza moral y ética”.

Según los datos aportados por el edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez (IP) el arquitecto municipal presentó un informe en contra de la construcción del edificio que la Comisión de Gobierno de 1987 “desoyó” y “encargó un nuevo informe a un arquitecto externo” en el que se basó para conceder la licencia declarada “ilegal” por el Supremo. Según fuentes municipales, el 7 de abril de 1993, gobernado por Independientes Portuenses, la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló declarando la nulidad del acuerdo de comisión de gobierno, pero la demolición era ya imposible por la plena ocupación del edificio. Los denunciantes cuantificaron en 2001 los daños causados por la edificación y en 2004 el TSJA dio la razón a los vecinos y fijó la indemnización en 1.009.000 euros. El Tribunal Supremo estableció en 2005 que correspondía al Ayuntamiento y no a la promotora inmobiliaria el pago de dicha cantidad. El Ayuntamiento portuense presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, pidiendo “la anulación de los autos”, pero fue rechazado y la sentencia pasó a ser firme sin “recurso ordinario alguno".

Adivinanza estival

Los Hijos de Némesis
por JC

Hola. Menuda semana, amiguitos y amiguitas. Comienzo este post con una interrogante urbanística: “Adivina, adivinanza, ¿a quién corresponde una obra cercana al parque de Bomberos? ¿Por qué hoy es imposible encontrar, en lugar visible, el correspondiente cartel informativo de la rigurosa Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez, tan celosa de sus funciones y bien retribuida en los presupuestos municipales apoyados por el PSOE? ¿Por qué la oposición pasa por este lugar pero luego no se atreve a preguntar nada a la alcaldesa y al vicealcalde? ¿Será un supermercado de una conocida firma? ¿Quién medió para la consecución de la estratégica parcela? Hay más preguntas, pero como ya sabemos como es Jerez –donde nada cambia para que siga el mismo- se quedarán sin respuesta alguna.
La verdad es que no sé a que espera la alcaldesa de Jerez para cantar las verdades del barquero. Ganas y argumentos no le faltan. ¿Será que algún dirigente regional del PSOE es miope porque hace tiempo que se no se gradúa la vista y ha perdido el olfato? No me lo creo, con lo bien que se le ve en las fotos negociando como padre de la patria.

La puesta en libertad del médico Francisco Casto y del ex policía local Carlos Carretero, la posible nulidad de las escuchas telefónicas, las cagaleras de más de uno ante el ‘factor político’ y el buen trabajo desarrollado (para cabreo de algún colega) por los abogados Felipe Meléndez y Alfredo Velloso, nos han dejado casi sin respiración. Así tuvimos que estar los periodistas ante el hedor y las moscas en torno al complejo penitenciario Puerto I y Puerto II. El aparcamiento llenito de excrementos, jeringuillas, pañales putefractos, en fin todo un panorama al que sumamos el monumental enfado (cuatro meses en la cárcel) de Carretero. Bien haría en enfadarse con quien le metió en prisión, que no fue un periodista, precisamente. Ahora, lo que son las cosas, se comenta que las cadenas del corazón le ofrecen pasta gansa por sus declaraciones. Su abogado le ha advertido que cuidadín, que la cosa todavía no está muy clara con lo de las escuchas.

El que las pasó canutas fue el portavoz del PA en El Puerto, zarandeado por el ex alcalde portuense, Hernán Díaz, pillado in fraganti en un coloquial encuentro con el dos ediles del PSOE, entre ellos García de Quirós. Las fotos las hizo el veterano Fito Carreto, del Diario de Cádiz. El informe del Tribunal de Cuentas dibuja un panorama sospechoso de cómo se han hecho las cosas y la denuncia ante la Fiscalía que elevará IU-CA va a calentar el ambiente mucho, muchísimo. Hay gente que ya está cantando por bulerías entre los funcionarios y los documentos corren de mano en mano.

Y luego está el posible patinazo (jode que algo queda) del edil portuense de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, con la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, al adjudicarle la paternidad de un error cometido en diciembre de 1987 (cuando ya no era concejala de Urbanismo de El Puerto) en una promoción de Valdelagrana. Aún estoy esperando que el jefe de prensa de El Puerto me ponga al teléfono al citado edil para que me aclare todo esto…Un fallito que me extraña, máxime teniendo en cuenta la nueva política de comunicación del nuevo alcalde, Fernando Gago, que no ha dicho esta boca es mía del patinazo de su edil con la alcaldesa de Cádiz, profundamente indignada con la acción. Menos mal que el mismo día vino Ignacio García, parlamentario de IU-CA y edil de El Puerto a hacer un análisis sobre el informe del Tribunal de Cuentas que está teniendo peores efectos que el virus cabrón ése de las diarreas, que tiene a todo el mundo cagadito por las urgencias hospitalarias.

Luego está lo de las barbacoas. Verán, yo solo estuve, hace años, en una y con mis amigos. Salí de la arena como una bala al ver el gamberreo guarrindongo a mi alrededor. Las vomitonas, la falta de higiene y el desmadre. Raras veces comparto algo con Fernando Santiago (más por él que por mí, todo sea verdad) pero creo que me uno su frente antibarbacoa, del que también habla hoy el periodista José Antonio Hildalgo en las páginas del papiro de Cai. El año que viene, con un nuevo gobierno municipal, a ver si tenemos suerte y le damos carpetazo a esta movida o, por ejemplo, la organizamos como Dios manda, porque el espectáculo es lamentable, una guarrada. Otra cosa es que el Ayuntamiento y el resto de las Administraciones se hayan enfrentado al evento en condiciones, logrando que la playa luzca limpia a buenas horas, un esfuerzo que cuesta dinero y recursos. Pero la movida me parece un megabotellón playero. Y si organizamos todo en condiciones, con sonido, carpas, grandes asadores y prohibiendo que el personal monte la cocina de casa donde luego pondremos la cabeza y los pies para tomar el sol. Algo habrá que hacer, coño, pero no seguir así. Y si se tercia, pues se prohíbe y adiós muy buenas porque, negocio hacen los hípermercados y las carnicerías. La hostelería local echó el cerrojazo en cuando pudo…

¿El balance?, pues que los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Cádiz recogieron hoy, con motivo de la celebración de las barbacoas del trofeo Carranza en las costas gaditanas, un total de 140 toneladas de basuras, un 15 por ciento menos que en 2005, cuando se recogieron 160 toneladas. La recogida de residuos finalizó a las 14.00 horas, tres horas antes que en 2005, cuando acabaron a las 17.00 horas, y siete horas antes que en 2004. En un comunicado oficial, el Ayuntamiento gaditano indicó que, según los datos de la Policía Local y Fuerzas de Seguridad del Estado, se concentraron en las playas de Cádiz y en los aledaños al Paseo Marítimo un total aproximado de entre 160.000 y 175.000 personas, menos que las 250.000 y 300.000 personas que acudieron a las barbacoas en 2005. En 2004 se concentraron unas 220.000 personas.

El informe que García pidió al TDC estremece El Puerto

Izquierda Unida presentó este pasado viernes en Cadiz un análisis del informe emitido por el Tribunal de Cuentas (TDC) sobre los ejercicios 1995 a 2000 del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en el que denuncia en esos cinco años “se han perdido, malgastado o no justificado, casi veinte millones de euros”. El parlamentario andaluz Ignacio García y la concejala y candidata a la alcaldía, Josefa Conde, analizaron “las pérdidas para el patrimonio público en la gestión de sociedades y empresas municipales como Suvipuerto, que cifra en 690.000 euros, Impulsa (más de 11 millones de euros), y la creación y gestión de Serecop (la empresa de recaudación) “que ha costado a los portuenses más de 7,6 millones de euros, pero cuyos niveles de eficacia son los mismos que cuando llevaba la recaudación la Diputación Provincial de Cádiz”. La noticia fue publicada ayer por EL MUNDO DE ANDALUCÍA en su edición de papel.

Según el informe del TDC, el coste que ha supuesto para el Ayuntamiento la constitución de la empresa municipal de recaudación Serecop, “junto con las amortizaciones y facturas supuso la cifra de 7.664.036,25 € (1.272.860.616 pts), sin que la constitución de la Sociedad haya supuesto una mejora sustancial en la gestión recaudatoria respecto a los resultados obtenidos por el Servicio Provincial, quien tenía encomendado con anterioridad (hasta 1995) este servicio (que volvió a asumir en 2.004)”. Izquierda Unida comenzó ayer la distribución por todo El Puerto de fotocopias de su análisis sobre el informe del TDC en el que se preguntan: “¿por qué calla el PSOE?”, en relación al apoyo tácito expresado por los socialistas hacia el nuevo alcalde Fernando Gago, de Independientes Portuenses (IP).

Ignacio García dijo que Hernán Díaz y su “partido clónico Independientes Portuenses” con su “mal gobierno y cargos de confianza han volatilizado, malgastado o no justificado, casi veinte millones de euros, un auténtico expolio de la riqueza pública, del patrimonio de todos los portuenses”. El parlamentario andaluz dijo que “además”, empresas municipales como Impulsa y Suvipuerto “han olvidado su carácter público y su gestión se ha caracterizado por la falta de transparencia e igualdad de oportunidades, es decir, por el favoritismo hacia unos pocos con una gestión incompetente, absolutamente ineficaz”. Por ello, Izquierda Unida solicitó ayer “la dimisión o el cese fulminante” de “los concejales, consejeros delegados y gerentes de las empresas Impulsa, Serecop y Suvipuerto. Ignacio García abogó por exigir también “explicaciones” a las empresas auditoras que han dado su visto bueno en los informes a la gestión de dichas sociedades públicas.


BENEFICIADOS
Ignacio García afirmó que “a la vista del informe del TDC, es lógico pensar que algunos se han beneficiado personalmente, o a través de personas, empresas o entidades interpuestas, de este mal gobierno”. En las acciones judiciales que la coalición de izquierdas planteará en los próximos días, tras analizar el informe del TDC, plantearán la exigencia de “una investigación a fondo del funcionamiento de las empresas privadas más directamente beneficiadas, el patrimonio de las personas directamente responsables y las cuentas, en general, y las cuentas electorales, en particular, del partido Independientes Portuenses”. El TDC denuncia que dos sociedades anónimas (empresas muy conocidas en el sector constructor de El Puerto) se llevaron casi la mitad de las obras contratadas por el Ayuntamiento de El Puerto, (8.640.308,11 € , o sea, 1.437.626.302 pts). La mitad de estos contratos, fueron adjudicados sin publicidad y mediante procedimientos negociados. En el 80 % (según un muestreo) de los contratos realizados por procedimiento negociado no está justificado por qué se acude a ese procedimiento. En los pliegos de condiciones de todos los concursos analizados, salvo en 4, los criterios de selección incluyen improcedentemente elementos de valoración subjetiva.


EL INCIDENTE DE HERNÁN DÍAZ CON EL PORTAVOZ DEL PA

El portavoz del PA en El Puerto de Santa María (Cádiz), Antonio Jesús Ruiz, confió ayer en que la Justicia "actúe" tras denunciar en el juzgado de instrucción número cuatro de este municipio al ex alcalde portuense y presidente de Independientes Portuenses (IP) -en el poder-, Hernán Díaz, de "ataque desorbitado", en concreto, unas supuestas amenazas de muerte. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles cuando, según la denuncia a la que tuvo acceso Europa Press, Ruiz entró, acompañado de un amigo, en un bar de El Puerto en cuya terraza se encontraba Díaz junto a los ediles socialistas -ex socios de gobierno- Ignacio García de Quirós y Joaquín Corredera y su compañera de partido, la concejal Silvia Gómez (IP).

Cuando el andalucista llevaba media hora en el local, durante la cual no se había dirigido a los antes mencionados, Díaz, según su denuncia, entró en el interior del local, se le acercó, le cogió por el cuello del polo y le dijo "la próxima vez que vuelvas a llamar a la prensa cuando esté tomando copas con mis amigos te mato". Según la versión del denunciante, Ruiz le preguntó a su presunto agresor qué ocurría, a lo que el ex alcalde volvió a repetir "te mato". El incidente terminó con la intervención de Silvia Gómez, quien "tranquilizó y retiró de su lado a Díaz", al tiempo que le explicó al andalucista que había llegado un fotógrafo de prensa y que su compañero de partido "había creído que rea él quien lo había llamado". Ante todo ello, el denunciante aseguró que en todos los años que lleva ejerciendo la actividad política, desde los 18 años, "me han sucedido incidentes muy variados, pero en ningún caso había sufrido un ataque tan desorbitado y fuera de toda lógica", sobre todo viniendo de alguien "que ostentó la representación de nuestra ciudad". A su juicio, estas circunstancias "alejan cada vez más" a los ciudadanos de la política y hace que "pierdan la confianza" en las personas que los representan "al dar una imagen lamentable y que en nada favorece a los que desarrollamos una labor política". Por ello y ante el "deseo" de tener una precampaña y campaña electoral "tranquila y sin incidentes" y porque el resultado de las próximas elecciones municipales de 2007 "serán muy importantes para el futuro" de El Puerto, Ruiz dijo que no hará más declaraciones "salvo que aparezca cualquier tipo de información en la que se falte a la verdad".