7 jun. 2017

¿Y lo de las cláusulas suelo del Popular?

Pablo Rabanal, CEO de Reclamador
El Santander tendrá que hacer frente a más de 400 millones de euros que están pendientes de reclamar aún por los afectados por la cláusula suelo del Banco Popular. El banco que preside Ana Botín acaba de anunciar que adquirirá al Popular, al borde de la quiebra, por lo tanto será ésta la entidad que afronte el pago del dinero cobrado de más a los usuarios por esta cláusula abusiva, según reclamador.es. La compañía online líder en reclamaciones en España destaca que el Banco Santander tendrá que asumir este coste, a pesar de no tener en cartera hipotecas propias con estas cláusulas, pues nunca las comercializó.

Hasta la fecha, el Banco Popular ha recibido unas 65.000 reclamaciones por parte de sus clientes por la comercialización de las cláusula suelo, según lo confirmó recientemente en declaraciones a los medios el consejero delegado de Banco Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín. Esta cifra supone algo más de la mitad de los 120.000 clientes del Popular con una hipoteca cuyo tipo de interés está limitado por una cláusula suelo, estimación facilitada por el propio Popular.

Teniendo en cuenta que la media que pueden recuperar los afectados es de 8.000 euros, según las estimaciones de reclamador.es, y que están pendientes unas 55.000 reclamaciones, la cifra resultante que debería devolver el Santander superaría los 400 millones de euros si todos estos afectados ejercieran su derecho a reclamar la devolución de lo pagado de más, tal y como los tribunales están amparando. Cabe recordar que el Popular ya provisinó 534 millones de euros para cubrir la devolución de las cláusulas suelo.

Carmen Sánchez y Mercedes Colombo no prevaricaron en el caso de las viviendas sociales de Matadero

Carmen Sánchez
La Audiencia de Cádiz (sección cuarta) resuelve que "no se aprecia conducta imputable a Carmen Sánchez y Mercedes Colombo que resulte incardinable en el delito de prevaricación en su actuación en el proceso de adjudicación de viviendas de la denominada Promoción Matadero. 
 
"La Concejala y la Teniente Alcalde tienen una intervención muy limitada que se reduce a pedir que se hagan nuevas valoraciones de determinados usuarios, ningún Trabajador Social declara haber recibido instrucciones de que esas nuevas valoraciones se realizaran en un concreto sentido y la razón de pedir esos nuevas valoraciones se funda en que se entiende que los Informes no están actualizados".
 
Según se señala en el auto, "por el concepto de “riesgo de exclusión social” se constata que, de las 102 viviendas que integraban la promoción de viviendas de “Matadero “ hubo un número final de 34 usuarios adjudicatarios por exclusión social, de los cuales, 23 adjudicaciones lo fueron a unidades familiares en riesgos de exclusión social y 11 adjudicaciones a unidades familiares incluidas en programas de ayudas sociales , por encontrarse en riesgo de exclusión social". 
 
El auto desestima así el recurso de apelación interpuesto por Grupo Izquierda Unida, los Verdes contra el Auto de 19 de Enero de 2017 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Cádiz, desestimando el recurso de reforma interpuesto contra el Auto de 31 de Octubre de 2016, confirmando íntegramente ambas resoluciones .