Asuntos Exteriores considera que las medidas acordadas en este foro representan "la superación de una política de aislamiento de los habitantes de Gibraltar y el establecimiento de una política de cooperación con su entorno".Pero esta nueva política, aclara, "no supone que la cuestión de fondo esté resuelta", en alusión a la de la soberanía, "o que se abandonen las reivindicaciones históricas de España con respecto a la colonia".
El Gobierno, que define el contencioso como "un vestigio de los conflictos dinásticos del antiguo régimen", subraya que la soberanía de Gibraltar debe discutirse "bilateralmente" con el Reino Unido en el llamado proceso de Bruselas, paralelo al Foro de Diálogo. "El proceso de Bruselas está plenamente vigente", señala Asuntos Exteriores, que recuerda que el contencioso sobre la única colonia existente en Europa debe resolverse en el marco de la doctrina establecida por Naciones Unidas desde hace cuarenta años.
Exteriores expresa la voluntad de España de seguir dialogando en el foro tripartito tras los acuerdos negociados hace un año sobre el uso conjunto del aeropuerto, el pago de pensiones, el tránsito por la verja o la apertura de una sede del Instituto Cervantes, prevista para antes de final del presente año.
Uso del español
Para el Gobierno socialista, la apertura de este centro cobra una especial relevancia debido a que el uso del español "está decayendo entre los gibraltareños, en especial entre los jóvenes", hecho que -añade- no favorece su integración con los habitantes del Campo de Gibraltar. El libro incluye una colección de documentos básicos, comenzando por un extracto del Tratado de Utrecht (1713), por el que España cedió el Peñón a la Corona británica a partir del pacto entre el Rey de Francia Luis XIV y la Reina Ana de Inglaterra tras la guerra de sucesión española.
En el libro editado por el Ejecutivo español, se destaca que hubo una "imposición" de dicho tratado a España, puesto que Luis XIV lo negoció directamente con la Reina inglesa tras impedir "el paso por territorio francés de los plenipotenciarios españoles que deseaban acudir a Utrecht". Exteriores reseña que esta cesión incluía la ciudad y castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensas y fortalezas, pero no así las aguas territoriales, el espacio aéreo suprayacente y el istmo, cuya ocupación por parte británica considera "ilegal y contraria a los principios del Derecho Internacional". También puntualiza que la cesión se efectuó "sin jurisdicción territorial alguna" para el Reino Unido y que España goza de un derecho preferente para recuperar este territorio en caso de que la Corona británica decida "darlo, venderlo o enajenarlo".