26 jul. 2013

Con un cabreo de mil cojones...



Lo siento si el título de este comentario no les gusta, pero así estamos la mayoría de los ciudadanitos de este país, y más en Andalucía. Unos hasta los cojones y otras hasta los ovarios, porque lo de ser políticamente correcto me va importando cada vez menos, visto el nivelazo de nuestra clase política dominante y de nuestros banqueros (hoy he dado con un pedazo de cabrón niñato director de sucursal de banco vasco que he mandado a cazar güanchos, si vieran su careto pera...).
Por cierto, si saben dónde hacen jueces como Ruz y Alaya, vayan encargando unos cuantos más, por favor, que esto no hay quien lo aguante. Decididamente somos idiotas, no cabe otra explicación. Esta tarde no te cruces conmigo, saboreo el mejor espíritu de Tarantino, por lo menos. Joder. La vida son dos días, ya ven la tragedia de Santiago. Vivan la vida y manden al carajo a quien les joda. ¿Por quién empezamos? Yo tengo una lista cortita, pero selecta, tela de cachonda. ZZ Top de fondo mientras pienso qué hacer con esa panda basura. ¿Más? Escucha a Steve Vai o a Rory Gallagher

Cara y cruz del caso Rilco: absuelto Miguel Osuna, condenado Manuel Rodriguez de Castro

El socialista José de Mier.Foto JC

Un banquillo en el que solo Rodríguez de Castro ha sido condenado. Foto JC
Tras siete años de instrucción, un sumario con 16.000 folios y un enfrentamiento radical entre PSOE y PP, la Audiencia Provincial de Cádiz emite un fallo de un caso de gran complejidad. El tribunal considera un hecho probado que el proyecto se hizo, se entregó y funcionó, en contra de lo que sostenía el socialista José de Mier, que lo tachó como “un bluff”.  La sentencia absuelve al resto de los acusados: el ex delegado de Zona Franca, Miguel Osuna (PP), los empresarios norteamericanos Germán y Camila Leiva, el abogado Rafael Ortiz y el ejecutivo José David Sánchez de Medina.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a Manuel Rodríguez de Castro (PP), ex delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, como “autor material directo” de un delito continuado de fraude para la obtención de ayudas de las administraciones públicas –(a 2 años y un día de prisión y 8 de inhabilitación especial para empleo o cargo público)- de prevaricación administrativa cometida por autoridad pública –(siete años de inhabilitación)- y de un delito continuado de malversación agravada de caudales públicos –(seis años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años y 1 día).

(Análisis en la edición en papel y Orbyt de EL MUNDO)