17 nov 2007
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¿El PSOE se trae a Rubalcaba de cunero a Cádiz? queremos saber la verdad
Pérez Rubalcaba, si todo cuaja, será el cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz. Pérez Rubalcaba, que actualmente es diputado nacional por Cantabria, sustituirá como número uno en la candidatura al Congreso por Cádiz a Alfonso Perales, quien falleció en diciembre de 2006 y era el que ocupaba tradicionalmente ese puesto. Sería la primera vez que Pérez Rubalcaba encabezará la lista por una provincia andaluza al Congreso de los Diputados. Fuentes socialistas manifestaron además que, con toda probabilidad, la número dos en la candidatura al Congreso por Cádiz será la actual diputada nacional Mamen Sánchez.En este momento, el PSOE tiene resuelto quiénes serán sus números uno por la provincia de Cádiz tanto al Congreso de los Diputados como al Parlamento de Andalucía, comunidad donde también se celebran las elecciones autonómicas en marzo de 2008. El presidente de la Junta y presidente del PSOE, Manuel Chaves, volverá a repetir como cabeza de lista por Cádiz a la Cámara autonómica.
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Así pues, 'El Mundo' publicó en primera página el siguiente titular: "Chaves mandó espiar durante meses a los presidentes de las Cajas de Sevilla"; y en la entradilla: "uno de los implicados, sorprendido 'in fraganti' al seguir a López Benjumea, asegura en un vídeo que trabajaba para Pino, Pizarro y Chaves".
Para la acusación, que expone que "la falsa noticia publicada tuvo enorme eco y fue múltiplemente redifundida en toda España e inevitablemente se ha causado un enorme daño personal y político", los hechos relatados son constitutivos de un delito de injurias graves con publicidad. Por ello, el letrado de Chaves solicita para los procesados la pena de 14 meses de multa con una cuota diaria de 300 euros para López Benjumea -126.000 euros-, 200 euros diarios para los dos periodistas -84.000 euros- y 150 euros diarios para el detective --63.000 euros-. Asimismo, solicita a Unidad Editorial S.A., como editora de 'El Mundo, 250.000 euros para Chaves y 200.000 euros para Pizarro, quienes aseguran que el importe íntegro de tales indemnizaciones "será donado a entidades o asociaciones sin ánimo de lucro". (La viñeta es de La Kodorniz)
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Una arma arrojadiza contra la Iglesia Católica
"Diversos medios de comunicación han reflejado la noticia de que un arzobispo se sienta en el banquillo de los acusados, acusado de vejaciones, injurias y acoso laboral por un sacerdote de su diócesis, que ha sido suspendido a divinis, el fiscal solicita la libre absolución. Este hecho (la solicitud del fiscal de libre absolución) parece confirmar la postura del Arzobispado de Granada, que considera falsas todas las acusaciones. Asimismo, el arzobispo Francisco Javier Martinez se apoya en el derecho y el deber de guardar silencio profesional sobre su relación con los sacerdotes a su cargo y los creyentes a los que sirve.
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ve, por una parte, una clara ausencia de pruebas de la existencia del hecho penal. Por otra, hay que recordar que la relación entre los ministros de culto y sus fieles y otros ministros, están amparados por la normativa vigente, como una relación protegida por el sigilo profesional, que a su vez está fundamentada, y forma parte indispensable, de la libertad religiosa. Este derecho, y deber, se recogen en los Acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado, pero también, y con la misma fuerza, forman parte de los acuerdos que vinculan al Estado con las religiones judía, evangélica y musulmana. No es un privilegio exclusivo de los católicos.
El hecho, tan sencillo de entender para el caso de un médico o un abogado en su ejercicio profesional, encuentra en este caso en el tratamiento de la noticia en determinados medios, (dada la ausencia de pruebas alegada por el arzobispo y apreciada por el fiscal), una actitud sectaria y excluyente.
Se cita como justificación, los problemas en torno a Cajasur, un ya antiguo caballo de batalla utilizado por la Junta de Andalucía contra la Iglesia Católica y añade, además, elementos de juicio sin relevancia penal, recogiendo declaraciones de ciudadanos que informan que el arzobispo les resulta poco simpático. Pareciera que ante la ausencia de fundamentación jurídica, estos medios de comunicación, que suman ya varios ataques al obispo Martínez, quieren darle relevancia penal a su supuesta y subjetiva falta de "mano izquierda" en el trato con sus sacerdotes. Quizá debiera titularse a todo este escándalo: Arzobispo en el banquillo de los acusados y la picota mediática por antipático. El Observatorio denuncia está campaña de acoso mediático al arzobispo de Granada que transforma un grave desencuentro entre un obispo y un sacerdote, en un arma arrojadiza más, pero de muy escaso recorrido, contra la Iglesia Católica.
* Pablo Molinero es el portavoz del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.
Para más información:
http://www.libertadreligiosa.es/