Noticia 573.- El caso de la trama de las facturas falsas de
Benalup, que afecta de lleno a los intereses y reputación de grandes empresas españolas de construcción y que se instruye en tres juzgados gaditanos (
dos de Chiclana y uno de Cádiz), está ya pendiente de calificación fiscal.
El PP se personará en las tres actuaciones judiciales (dos en Chiclana y una en Cádiz) ya que las actividades supuestamente ilícitas afectan a grandes infraestructuras públicas. Según fuentes judiciales,
el volumen final de lo defraudado podría pasar de los 35 millones iniciales a más de 50 millones de euros.La edición andaluza de
EL MUNDO publica hoy una
amplia información al respecto. Por medio, no solo grandes empresas constructoras sino también otras, pequeñas y medianas con múltiples intereses en los municipios gaditanos, en especial por aquellos del
Parque de los Alcornocales por donde discurre la autovia a 381.
En 2004, la Agencia Tributaria, fijó el fraude en 35 millones de euros, pero sólo correspondía al análisis de las facturas de 4 de las 50 empresas sospechosas. El fraude se produjo, según todos los indicios, en torno al gran volumen de negocio generado por la construcción del
gasoducto del Magreb y de la autovía de Jerez a Los Barrios, prácticamente terminada.
Empresas “fantasmas” –sin ninguna actividad ni recursos- emitieron facturas falsas, por las que, además, cobraban comisiones y otras conseguían deducciones fiscales del 16 por ciento en el Impuesto de Valor Añadido y del 35 por ciento en el de Sociedades.
El
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Cádiz ha remitido ya al
Ministerio Fiscal el expediente de la primera fase de la instrucción del Procedimiento Abreviado 34/2004, en el que se han visto inmersos
Manuela y Pedro González Cabaña, hermanos del presidente de la Diputación de Cádiz, secretario general del PSOE,
Francisco González Cabañas, que es también alcalde de Benalup-Casas Viejas, municipio en el que se asienta la venta desde donde, al parecer, la organización había centralizado sus actividades “mercantiles”.
La empresa
Transportes y Canteras NST SL -creada por los familiares del alcalde, pero administrada luego por
Gabriel y Sonia Orellana- según consta en el informe elaborado por la
Agencia Tributaria e incorporado a las diligencias, pudo realizar facturas falsas por importe superior a los dos millones de euros, aunque la cantidad podría ser mayor. El informe sobre presunto delito de falsedad documental analiza los ejercicios 2000 y 2001 y va dirigido contra los Orellana.
