Cuando las barbas de tu vecino veas cortar...

El Juzgado de lo Social 1 de Granada ha declarado nulo el despido de la que fuese jefa del servicio de seguridad de la Diputación, del que es adjudicatario Segurisa, al considerar que fue improcedente y que sufrió acoso laboral por parte de su empresa y del coordinador de seguridad de la institución. La "actitud de acoso" comenzó, según el juez, cuando el coordinador de seguridad de la Diputación, Juan Carlos Adarve, pidió a la demandante que le dijese a qué trabajadores podía despedir para sustituirlos por "militantes del PSOE o familiares o amigos" de afiliados del partido y ella se negó. Según la sentencia, ha quedado probado que era "habitual" que cuando se debía cubrir algún puesto entre los vigilantes de seguridad "se acudiera a personas cercanas al PSOE, siendo Juan Carlos Adarve quien indicaba el nombre de quien podría ser contratado". Tras la negativa de la demandante a colaborar, fue trasladada de un despacho privado a una sala con el resto de personal de seguridad, donde el coordinador instaló una cámara de seguridad que grababa el espacio ocupado por la trabajadora, lo que el juez relaciona con "los problemas previos" existentes entre ambos. Después se la responsabilizó de la no elaboración de un plan integral de seguridad que "no era de su competencia" y de varios informes sobre el resto de empleados, y se le dejó de abonar el plus de 900 euros que recibía como jefa de servicios, aunque más tarde se le ofreció mantener íntegro el suelo aunque desempeñando sólo funciones de vigilante de seguridad, a lo que la trabajadora se negó por considerarlo una "degradación pactada". Aunque Segurisa la despidió alegando motivos disciplinarios, reconoció la improcedencia del despido y la indemnizó judicialmente, lo que el juez ha considerado elemento probatorio para decretar su nulidad. Además, la empresa deberá indemnizar a la trabajadora con 98,90 euros al día desde el pasado mayo, cuando fue despedida, hasta que sea readmitida.